FMI impulsa reformas; oposición exige primero indexación salarial

El llamado del Fondo Monetario Internacional para que el Gobierno retome con urgencia las reformas estructurales, incluido el Pacto Fiscal, reactivó el debate político. También abrió una disputa en el Congreso sobre la indexación salarial.

La Fuerza del Pueblo sostiene que, antes de discutir nuevos ajustes fiscales, el Ejecutivo debe cumplir con la indexación salarial pendiente desde hace más de una década. Según el partido, esta medida es necesaria para evitar que los trabajadores sigan perdiendo poder adquisitivo.

Ninguna reforma puede avanzar mientras los trabajadores sigan pagando más impuestos por el congelamiento del impuesto sobre la renta”, expresó el vocero de la bancada, Rafael Castillo.

Castillo recordó que la falta de indexación afecta a más de 765 mil empleados. Explicó que estos trabajadores han visto reducirse su ingreso real por efecto de la inflación, sin recibir el ajuste que ordena la ley.

El vocero del PRD añadió que el país no tiene condiciones para una reforma fiscal. Afirmó que el Gobierno debe “ordenar primero la casa”, revisando la calidad del gasto y la eficiencia del Estado antes de impulsar medidas que aumentarían la presión sobre la población.

Ramón Raposo, diputado del PRM, coincidió en que es necesario revisar el gasto público y mejorar la eficiencia estatal antes de aprobar reformas que puedan afectar a los ciudadanos.

Incluso algunos legisladores oficialistas recibieron con reservas la recomendación del FMI. Reconocieron la necesidad de fortalecer las finanzas públicas, pero advirtieron que este no es el momento para imponer nuevas cargas económicas sobre una población ya golpeada por la inflación.

Implicaciones en el Congreso

Para el bloque opositor, cumplir con la indexación salarial daría mayor legitimidad al debate sobre las reformas sugeridas por el FMI. Además, protegería el poder adquisitivo de los trabajadores afectados.

La disputa legislativa se centra en decidir si debe priorizarse la restitución del ajuste salarial establecido por la ley o la aplicación inmediata de los cambios fiscales propuestos por organismos internacionales.

El tema sigue abierto y continuará en la agenda del Congreso. Mientras tanto, las fuerzas políticas mantienen posiciones opuestas sobre el orden y la prioridad de estas medidas.