Santo Domingo, R.D.- La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) expresó su respaldo al Proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales, al considerar que constituye “un paso significativo hacia una regulación justa, equilibrada y moderna” del ejercicio de la libertad de expresión en la República Dominicana.
En una carta dirigida a la senadora Aracelis Villanueva Figueroa, presidenta de la comisión especial que estudia la iniciativa, FINJUS valoró positivamente la propuesta legislativa por su coherencia técnica, respeto a los derechos fundamentales. Y se adecua a los desafíos de la era digital.
El análisis destaca que el proyecto “reconoce el carácter no absoluto del derecho a la libre expresión”, al tiempo que protege el honor, la intimidad y la dignidad de las personas. Y con especial atención a niños, niñas y adolescentes.
Precisa que uno de los puntos más innovadores del proyecto es la inclusión de un marco regulatorio para plataformas digitales como X (antes Twitter), Instagram y Facebook.
FINJUS enfatiza que la regulación no busca censurar, sino garantizar transparencia, rendición de cuentas y derechos de defensa para los usuarios.
Detalla que el texto introduce artículos que establecen obligaciones de las plataformas, como notificar cambios en sus normas, permitir la apelación de decisiones. Y designar representantes legales en el país.
“Regular el rol de estas plataformas permite delimitar responsabilidades sin comprometer su naturaleza como espacios abiertos”, señala el documento.
Dice INACOM es un nuevo modelo institucional
El proyecto propone sustituir la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía (CNEPR) por el Instituto Nacional de Comunicación (INACOM). Esta será una entidad descentralizada y técnica adscrita al Ministerio de Cultura.
Según FINJUS, esta transformación responde a la necesidad de modernizar la institucionalidad reguladora y eliminar un modelo “obsoleto y punitivo”. Todo en favor de una supervisión imparcial y eficiente del ecosistema mediático.
El análisis resalta la inclusión de recursos administrativos y judiciales ante decisiones del INACOM, lo que asegura el control legal de sus actuaciones. Al tiempo que evita cualquier ejercicio arbitrario del poder.
Entre las novedades, se introduce la figura de la desindexación digital, que solo puede aplicarse mediante orden judicial cuando exista un daño comprobado a la vida privada o la dignidad humana.
Libertad con responsabilidad
FINJUS considera que el marco sancionador propuesto mantiene el equilibrio entre la autoridad reguladora y la tutela judicial efectiva. Además, limita toda sanción al principio de legalidad y proporcionalidad.
El organismo subraya que las restricciones a la libertad de expresión solo podrán aplicarse bajo supervisión judicial, reforzando la confianza en las instituciones.
“La libertad de expresión merece una legislación a su altura: moderna, garantista y construida sobre el consenso social e institucional”, concluye el documento firmado por Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de FINJUS.
