En enero de este año, el ingeniero Manuel Estrella declaró que la actividad de construcción privada podría reactivarse si se agilizaba el proceso de otorgamiento de los permisos. No se limitó a diagnosticar el problema, sino que presentó un conjunto de recomendaciones concretas para hacer más eficiente el sistema de autorizaciones.
El Ministerio de Vivienda y Edificaciones, encabezado por Ito Bisonó, asumió el reto y aceleró los procedimientos internos. La respuesta institucional ha sido contundente. En los primeros cinco meses de 2026 se emitieron 765 licencias, un aumento de un 85.6% respecto al mismo período del año anterior. Esos permisos abarcan proyectos residenciales, comerciales, turísticos e industriales, y representan 273 mil millones de pesos en inversión autorizada, un incremento de un 153% frente a enero-mayo de 2025.
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El impacto en la actividad sectorial es evidente. Según el indicador mensual de actividad económica (IMAE) del Banco Central, el valor agregado de la construcción creció un 5.1% en los primeros cinco meses del año. Ese dinamismo contrasta con el 0.7% que alcanzó de crecimiento promedio entre 2022 y 2025, en particular es un resultado muy distinto al retroceso de 1.8% registrado en 2025.
Como suele ocurrir en la economía dominicana —donde “si trabaja el albañil, trabaja todo el país”— el repunte de la construcción ha tenido un efecto multiplicador sobre el resto de la actividad productiva. Acumulado a mayo, el PIB crece un 4.2%, variación explicada en un 15.2% por la recuperación de la construcción. Se trata de un desempeño notable, especialmente en un contexto marcado por el choque de oferta negativo derivado de la guerra en Medio Oriente, que ha afectado los costos y la logística a nivel global.
La evidencia sugiere que, cuando los procesos se ordenan, la economía responde. El desafío es mantener ese impulso para que la expansión económica alcance el potencial en 2027.
