Legisladores de la oposición y del oficialismo reaccionaron a la anulación del proceso de licitación montado por el Instituto Nacional del Tránsito y el Trasporte Terrestre (Intrant) con el propósito de reemplazar los semáforos del Gran Santo Domingo.
Diputados coinciden en la necesidad de que se indague a fondo si hubo malas intenciones durante la licitación de adjudicación del Intrant a la empresa Transcore Latam.
Por el caso se mantiene bajo licencia y con sustituto interino el director del Intrant, Hugo Beras. Según algunos diputados, es difícil que este regrese a la institución.
Se trata de la tercera decisión emanada por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) sobre caso en el que aún queda por decidir una solicitud de investigación.
Se recuerda que en las dos primeras resoluciones RIC-164-2023 y RIC-165-2023 se comprobó la existencia de un entramado societario difuso y la presentación de documentación falsa. Y se utilizó para acreditar experiencia por parte de la empresa adjudicataria que fue desconocida por las empresas supuestamente emisoras.
En la nueva resolución RIC-168-2023, que se emitió en respuesta al recurso jerárquico interpuesto por la razón social ESC Group, S.R.L. También se evidenciaron irregularidades graves en la adjudicación del contrato.
Anula licitación
El órgano rector anuló el pliego de condiciones, y por consiguiente el procedimiento de licitación pública nacional INTRANT CCC-LPN-2023-0001. Según un comunicado, ocurrió por violación a los artículos 21 y 25 de la Ley 340-06 de Contrataciones Públicas. También del 88, 91 y 94 de su Reglamento de aplicación.
Las irregularidades se constituyen en violaciones a los principios de participación, proporcionalidad, igualdad y libre competencia de la normativa de compras. Así también, como de los principios de racionalidad y debido proceso de la Ley 107-13.
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En ese sentido, según el documento, se comprobó que, al establecer requisitos excesivos y desproporcionados, exigiendo a los potenciales oferentes acreditar experiencia de haber instalado 15 mil controladores y 40 mil intersecciones a nivel mundial. Este pliego resultó restrictivo, lo que influyó en la baja participación e impidió a los peritos realizar una evaluación objetiva.
