Santo Domingo, RD.- A pesar de que la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas anunció que envió al Ministerio Público de las alegadas irregularidades del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), dicha medida no es suficiente para algunos legisladores de la oposición quienes entienden que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) no da el mismo tratamiento que a los exfuncionarios del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Entre estos legisladores figuran los diputados Juan Julio Campos y Gilberto Aracena, del PLD y la Fuerza del Pueblo, respectivamente. Indicaron que han tratado con privilegios a involucrados en el caso.
Además, coincidieron al expresar que los imputados del partido oficialista que se ven envueltos en casos de justicia son enviados a sus casas. Sin embargo, a los de oposición les instrumentan un expediente que los mantiene en prisión.
Caso Intrant
El director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, informó el lunes que envió al Ministerio Público las supuestas irregularidades encontradas en licitación para la mejora del centro de control de tráfico y la red semafórica del Gran Santo Domingo por irregularidades en el proceso de licitación del Intrant.
El pasado 31 de octubre Contrataciones Públicas suspendió el contrato entre el Intrant y Transcore LATAM, S.R.L por irregularidades en el proceso.
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Los cuestionamientos ya habían provocado que el político y comunicador Hugo Beras solicitara al presidente Luis Abinader una licencia sin disfrute de sueldo de su cargo como director del Intrant para “facilitar todo el proceso de investigación”.
El presidente Abinader le otorgó la licencia y designó de forma interina y a título honorífico, a Coronel Randolfo Rijo Gómez. Lo hizo a través del Decreto 578-23.
