Recesan audiencia para el viernes 4 de octubre
Santo Domingo, República Dominicana.- El Ministerio Público culminó la lectura de la acusación contra los imputados en la red criminal que borró y alteró, a cambio de sobornos, registros de antecedentes penales en la base de datos de la Procuraduría General de la República, denominada operación Gavilán.
Posteriormente, el Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional recesó la audiencia para este viernes 4 de octubre, a las 9:00 de la mañana, día en que la barra de la defensa estará respondiendo a la acusación.
Durante el inicio de la etapa preliminar los fiscales adscritos a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Andrés Mena y Eduardo Velázquez, presentaron las imputaciones contra los acusados: Alfredo Mirambeaux Villalona, Mártires Rosario Reyes, Rubén Darío Monbán Santana, Ashley Darleni Morbán Reyes, Laudelina Esther Reyes Silva, Pilar Yrenes Medina Trinidad de Dotel, Romanqui Alexander Dotel Medina, Yokaira Elizabeth Carmona y José Ramón Quezada Carmona.
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Así como, Antony Vicente Ferrer Monegro, Víctor Gilberto Mercedes Gómez, Dilcia Argentina Núñez Santos, Luis Alfredo Astacio Polanco, Katherine Franchesca Astacio Polanco, Jancely Estala Arias López, Domingo Julio Santana Sánchez, Luis Peña Cedeño y la empresa Nexcom Technology.
¿Cómo operaba la desmantelada red Gavilán?
A través de la operación Gavilán, el Ministerio Público desmanteló una red criminal a nivel nacional que eliminó casi 17,000 antecedentes penales. Esta red benefició a sicarios, narcotraficantes, violadores sexuales, imputados de violencia de género, así como a personas involucradas en la adulteración de bebidas alcohólicas y secuestros.
De acuerdo a la acusación, la organización delictiva llegó a eliminar antecedentes de individuos condenados a penas de hasta 30 años de prisión. El Ministerio Público establece que los imputados adulteraron registros penales e integraban a familiares, amigos y allegados para facilitar movimientos económicos. Además, adquirieron bienes y servicios con los fondos obtenidos de estas actividades ilícitas.