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Senado escoge a «la carta» consejo de Procompetencia

La posible escogencia por parte del Senado de las personas recomendadas por el Poder Ejecutivo para ser parte del consejo de Procompetencia, estaría violando artículos de la ley, promoviendo la desigualdad, y seleccionado a la carta los que velaran por la libre competencia en el mercado dominicano, y esta no sería la primera vez.

En su Reporte Especial, la periodista Julissa Céspedes, deja evidenciada la falta de integridad en el método de escogencia y la lucha desigual entre simples mortales y familiares de legisladores y funcionarios.

La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, fue creada mediante la ley 42-08 que la define en su artículo 16 como “un organismo descentralizado del Estado con personalidad jurídica, plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones y patrimonio propio e inembargable. Tendrá plena independencia administrativa, técnica y financiera y estará vinculado orgánicamente a la Secretaría de Estado de Industria y Comercio, hoy Ministerio de Industria y Comercio. Ejercerá sus funciones con plena independencia y sometimiento al ordenamiento jurídico establecido por la presente ley y sus reglamentos y será fiscalizado por la Contraloría General de la República”.

El objetivo de Procompetencia según el artículo 17, “es promover y garantizar la existencia de la competencia efectiva para incrementar la eficiencia económica en los mercados de productos y servicios, mediante la ejecución y aplicación de las políticas y legislación de competencia y el ejercicio de sus facultades investigativas, de informe, reglamentarias, dirimentes, resolutivas y sancionadoras”. Así que podríamos decir que esta institución es una especie de tribunal para los agentes económicos de los mercados.

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Escándalos

Ya son varios los escándalos se han dado alrededor del órgano llamado a promover y defender la competencia de los mercados, el más reciente inició el 28 de septiembre del 2020 cuando el Poder Ejecutivo presentó una terna para sustituir a Marino Hilario Castillo miembro del Consejo de Procompetencia.

El 30 de diciembre del 2020, un mes después de la solicitud, la Camara de Diputados con 106 votos a favor de los 106 presentes para esa votación eligió a unanimidad para miembro del Consejo de Procompetencia a Gianna Franjul Rivera, hija del senador por la provincia Peravia, Milciades Franjul, seis días después, la funcionario fue juramentada por Ito Bisonó, Ministro de Industria y Comercio, en esta designación hay varios aspectos a destacar.

La primera, es que la ley 47-08 sobre la Defensa de la Competencia, establece en el punto C en su artículo 28, que no podrán ser designados como Presidente o miembro del Consejo Directivo: “Los que desempeñaren cargos o empleos remunerados en cualesquiera de los organismos del Estado o de las municipalidades, ya sea por elección popular o mediante nombramiento, salvo los cargos de carácter docente

Al momento de ser propuesta por el Poder Ejecutivo, y ser seleccionada por la Camara de Diputado, Gianna Franjul era directora ejecutiva de la Comisión Reguladora de Prácticas Desleales en el Comercio y sobre Medidas de Salvaguardias, una subdependencia del Ministerio de Industria y Comercio en donde devengaba un salario de 25 mil pesos mensuales.

El segundo aspecto a destacar es que, en enero del 2021 Franjul Rivera figuró en dos nóminas del Estado, específicamente en dos dependencia del Ministerio de Industria y Comercio, en la Comisión Reguladora de Prácticas Desleales, y en Procompetencia con 347 mil 222 pesos. Esa fue la primera sustitución de los miembros del consejo directivo de Procompetencia, y no fue la única que resulto llamativa.

El 31 de agosto del 2021 se reaviva el debate cuando el Poder Ejecutivo recomendó en una terna para ser seleccionada como miembros de Procompetencia, a varias personas, entre ellas: María Elena Vásquez, hija del Ministro de Interior y Policía, Chu Vásquez.

A pesar de lo que establece la ley, al momento de ser propuesta y electa en la Camara de Diputados, María Elena Vásquez ocupaba el cargo de directora del centro de estudios del Tribunal Constitucional devengando un salario de 186 mil 154 pesos mensuales, ahora como presidenta del Consejo de Procompetencia devenga un salario de medio millón de pesos.

Procompetencia es una institución de gran relevancia con un rol cardinal en la economía del país, debido a que son el guardián, de la libre competencia en el mercado, que busca garantizar la equidad entre los actores económicos cuenta con facultades investigativas, de informe, reglamentarias, resolutivas, dirimentes y sancionadoras.

Debido a esto los agentes del mercado se ven obligados a tener mejores ofertas, mejores precios, más inversión de capitales, estabilidad y calidad del crecimiento económico, lo que al fin de cuentas se traduce en  la elevación de la calidad de vida.

El Consejo Directivo de Procompetencia, es el órgano supremo de decisión y de gobierno de esa institución y está compuesto por cinco miembros. Los integrantes son nombrados por el Congreso Nacional, de una propuesta presentados por el Poder Ejecutivo, estos serían como el tribunal, trabajan  conjuntamente con la Dirección Ejecutiva, funcionario que representa el nivel instructor, quien sería como una especie de fiscal.

Tomando eso en cuenta, es digno de mencionar que el Poder Ejecutivo en cumplimiento de lo establecido en el artículo 26 de la Ley 42-08, en dos ocasiones sometió ante la Cámara de Diputados un listado con varios profesionales para cubrir la plaza vacante a miembro del Consejo de Procompetencia, uno en el 2020 y otro en el 2021 en ambos fue propuesta Fior D’Aliza Alduey Mercedes quien no fue escogida, pero en marzo del 2022 mediante decreto fue nombrada como la directora ejecutiva de Procompetencia.

Alduey Mercedes fue nombrada tras ser seleccionada por el presidente de una terna aprobada en una reunión del Consejo Directivo de Procompetencia celebrada el 4 de febrero del 2022, compuesta por ella, Aída Mabel Merette Jerez y Melissa Ingrid Silié Ruíz.

Un dato llamativo es que conforme los curriculum de Alduey Mercedes y Maria Elena Vásquez Taveras, presidenta del Consejo, ambas trabajaron en el Tribunal Constitucional, coincidiendo en tiempo y espacio, por ejemplo, mientras María Elena Vasquez era letrada adscrita a Presidencia cargo que ocupó entre marzo del 2012 y mayo del 2020; Fiordaliza Alduey era asistente ejecutiva de letrada entre marzo del 2012 y febrero del 2019.

Otra cosa que las une es que ambas trabajaron en la misma oficina de abogado en diferentes periodos, también hicieron una especialidad en Derecho y Política de Competencia en Lead University con un año de diferencia.

Entonces, esto no crea un escenario como el siguiente: Gianna Franjul Rivera, hija del senador por la provincia Peravia, Milciades Franjul y María Elena Vasquez, hija de Chu Vasquez, Ministro de Interior y Policia, miembro y presidenta del Consejo de Procompetencia, Fiordaliza Alduey, directora ejecutiva.

Ese es el pasado, pero en la actualidad, el Poder Ejecutivo, en la persona del presidente Luis Abinader envió una terna el 27 de diciembre del 2022 para sustituir a los tres miembros restantes del Consejo de Procompetencia que se les venció el periodo.

La propuesta recibida por el Senado de la Republica establece que las personas recomendadas son: María Elisa Holguín López, Cesar Ariel Gómez, Francisco Pimentel Vásquez, Dangela Ramirez Vásquez y Alejandro Porcello, algunos de estos también ligados a los hilos del poder.

Los artículos 27 y 28 de la ley 42-08 establecen cuales son las calificaciones y las incompatibilidades para los propuestos ser elegidos por el Congreso.

El artículo 27 establece que para ser miembro es necesario: Ser dominicano en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos; tener más de 25 años; ser profesional del derecho, la economía, las ciencias administrativas o finanzas, con estudios especializados en: derecho de la competencia, regulación económica, análisis económico de la ley, finanzas corporativas, resolución alternativa de conflictos o arbitraje internacional;

Además es necesario para optar por el puesto de consejero de Procompetencia: tener experiencia creíble por más 5 años en alguna de las áreas anteriormente señaladas o en el ejercicio empresarial; y, no desempeñar ningún cargo o empleo de cualquier naturaleza con excepción de la actividad docente.

De su lado, el artículo 28 establece que no podrán ser designados como Presidente o miembro del Consejo Directivo: Miembros del Congreso Nacional, miembros del Poder Judicial, los que desempeñaren cargos o empleos remunerados en cualesquiera de los organismos del Estado o de las municipalidades, ya sea por elección popular o mediante nombramiento, salvo los cargos de carácter docente.

Tampoco puede ser designado quienes tengan vínculo de consanguinidad hasta el 4to. grado, inclusive; o vínculo de afinidad hasta 2do. grado; con el Presidente o Vicepresidente de la República, los Magistrados Miembros de la Suprema Corte de Justicia o con los miembros directivos de los entes reguladores del mercado.

Quienes tengan militancia política activa, quienes hayan sido declaradas en cesación de pago o en quiebra; aquellas personas declaradas legal o judicialmente incapaces; o, quienes se encuentren en situación de conflicto de interés en razón del ejercicio de sus actividades profesionales o económicas.

Tomando en cuenta la ley, veamos cual es el perfil de los propuestos: María Elisa Holguín López, fue designada anteriormente como directora de la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda mediante el decreto 620-20, es hija del Viceministerio de Seguimiento y Coordinación Gubernamental de la presidencia José Ramón Holguín Brito.

En el caso de Cesar Ariel Gómez, en la actualidad figura en la nómina de Procompetencia desde el 1 de septiembre del 2022 con un contrato que debería terminar en febrero del 2023 como encargado del departamento de jurídica con un salario de 208 mil pesos mensuales.

Gómez tiene una conexión con FiorDaliza Alduey, actual directora ejecutiva de Procompetencia, ya que en la actualidad son colegas, pero también lo fueron en el periodo 2006-2010 en la Junta Central Electoral. De su lado, también trabajó con la actual presidente del Consejo de Procompetencia, María Elena Vásquez en el Tribunal Constitucional en donde ambos fueron letrados desde el 2012 hasta hace unos pocos meses.

Asimismo forma parte de la terna, Dangela Ramírez Guzmán, quien desde julio del 2020 es la directora Jurídica del INABIE devengando un salario de 170 mil pesos mensuales, su contrato estaba previsto terminar en enero del 2023.

Cabe destacar que Ramirez Guzmán desde agosto del 2020 a junio del 2021 ocupó la posición de Directora de Asuntos Internos del Ministerio de Interior y Policía, donde está designado como Ministro el padre de la actual presidente del consejo de Procompetencia.

Otro de los datos, que relación a la presidenta de ese órgano con Ramirez Guzmán, es que ambas fueron abogadas asociadas en un bufete durante un mismo periodo de tiempo, de igual manera, ambas fueron letradas en el Tribunal Constitucional, mientras Dangela Ramirez los fue entre el 2014-2019 y María Elena Vásquez estuvo desde el 2012 al 2021.

De igual manera, fue propuesto, Alejandro Jose Porcella Dumas, hermano de Héctor Porcella, Director Interino del Instituto de Aviación Civil, por sus siglas, IDAC, recordemos que esta institución está a cargo de la supervisión y control de la aviación civil en el país mediante la regulación, fiscalización, el fomento de actividad aeronáutica, así como la provisión de servicios de navegación aérea, por lo que pudiera entrar en conflicto con la ley.

También fue propuesto en la terna, Francisco Manuel Pimentel Vásquez, de quien se tiene muy escasa información, pero en el documento enviado por el Poder Ejecutivo, no indica que este posea estudios especializados, en el caso de los demás profesionales si, por lo que se pudiera entender que este no cumple con los requisitos que establece la ley.

En el peor de los escenarios imaginemos que el Congreso seleccione a los propuestos por el Poder Ejecutivo, y que el Consejo llamado a ser independiente e imparcial sea el siguiente:

Presidenta del Consejo: María Elena Vásquez, hija del Ministro de interior y Policía, y que los miembros sean: Gianna Franjul, hija del senador por Peravia, Milciades Franjul; María Elisa Holguín López, hija del Viceministro de la Presidencia, José Ramón Holguín Brito; Alejandro Porcella, hermano del director “interino” del IDAC, Héctor Porcella, y Francisco Manuel Pimentel Vásquez, quien es un desconocido.

¿Se puede ser imparcial cuando se está tan ligado a funcionarios de alto nivel?

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