Por Miguel Ángel Encarnación
Santo Domingo. La violencia de género se ha convertido en una de las mayores crisis de salud pública en la República Dominicana. Los feminicidios y la violencia intrafamiliar continúan dejando una estela de muerte, orfandad y dolor que impacta de manera profunda el tejido social y emocional del país.
Desde la psiquiatría forense, este fenómeno no se entiende solo como un delito, sino como la expresión de disfunciones psíquicas, familiares e institucionales que se alimentan de la desigualdad, la impunidad y la falta de educación emocional.
Según la Fundación Vida Sin Violencia, en lo que va de año, 50 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Dejaron 64 menores en la orfandad. Cuatro de estos casos corresponden a feminicidios múltiples o violencia vicaria, donde el agresor mata también a familiares cercanos de la víctima.
El caso más reciente estremeció al sector El Milloncito, en el Distrito Nacional, cuando el 12 de octubre un hombre asesinó a su pareja y a su suegra antes de quitarse la vida.
Cifras alarmantes
El programa Reporte Especial con Julissa Céspedes reveló que entre 2020 y 2024, la República Dominicana registró 708 muertes de mujeres en circunstancias de violencia, siendo 2022 el año más letal, con 163 feminicidios. La CEPAL sitúa al país entre los de mayor tasa de feminicidios en América Latina: 2.4 por cada 100,000 mujeres.
Además, entre 2020 y 2025 se han documentado 341,896 casos de violencia intrafamiliar, de género y delitos sexuales, según datos del Ministerio Público, reflejando una violencia estructural que penetra hogares, comunidades e instituciones.
Historias que repiten el horror
Entre los casos más impactantes figura el del exteniente de la Policía Nacional Nelson Félix Miranda Hermida, quien, tras un pasado homicida, volvió a asesinar a su esposa y a su suegra en El Milloncito antes de suicidarse.
Otros episodios recientes incluyen el de Catherine Rodríguez, secuestrada y agredida por su expareja en Montecristi; y el del teniente Juan Luis Jiménez Adames, quien mató a su pareja y suegra en La Vega.
También se han registrado feminicidios múltiples, como el del exoficial Fabio Montero Berigüete, quien asesinó a su familia en Santo Domingo Este, y el de Samuel Mora Alcántara, capitán del Ejército, que acabó con la vida de su expareja y su suegra en Sabana Perdida.
El fenómeno está alimentado por la desigualdad socioeconómica, la exclusión, la impunidad, el déficit educativo y cultural, y el consumo de alcohol y drogas. Estas condiciones, sumadas al deterioro de la salud mental, sostienen una espiral de violencia que atraviesa generaciones.
Planes, leyes y desafíos
El Ministerio de Interior y Policía y la Procuraduría General anunciaron en agosto un plan para combatir los feminicidios. Mientras, que el Ministerio de Defensa creó el Centro Integral de Salud Mental de las Fuerzas Armadas, tras revelarse que ocho agresores eran uniformados.
En el Congreso Nacional se presentó la reforma integral “Déjala ir”, una iniciativa de las legisladoras dominicanas lideradas por Kimberly Taveras. Esta busca erradicar la violencia de género para 2035 y declarar el fenómeno como emergencia nacional. Entre sus propuestas destacan brazaletes electrónicos, centros de reacción inmediata y una Ley de monitoreo telemático para proteger a las víctimas.
La ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, alertó que el país mantiene niveles similares a los de 2024, con 39 feminicidios hasta agosto de 2025.
Hacia una respuesta integral
La ola de violencia refleja una fractura psicosocial profunda donde la frustración, la desigualdad y la carencia afectiva se transforman en agresión. La prevención sostiene el autor, no comienza en los tribunales, sino en la salud mental comunitaria, la educación emocional y la justicia social.
Solo una respuesta integral, jurídica, educativa, psiquiátrica y económica, podrá romper la herencia del trauma y proteger a las generaciones futuras.