Una denuncia anónima señala retrasos en autorizaciones médicas, rechazos de prestaciones y uso de materiales quirúrgicos de dudosa calidad en el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (Idoppril).
Los documentos aportados incluyen testimonios, imágenes médicas e informes clínicos. Según la denuncia, esto evidencia presuntas irregularidades en la atención a trabajadores con accidentes laborales o enfermedades profesionales.
«Nosotros tenemos, bajo las normas de nuestro regulador, que es la Sisalril, 48 horas para calificar un caso», dijo Agustín Burgos, director ejecutivo del Idoppril. Además, reconoció que ese plazo provoca retrasos en muchos casos.
El 21 de febrero de 2025 el Idoppril autorizó a la prestadora Osteosíntesis del Atlántico SRL la facturación de varios materiales quirúrgicos para un paciente con fractura de la diáfisis del cúbito y del radio.
En un caso descrito, la cirugía inicial fue exitosa. Sin embargo, días después las grapas para fijar la lesión se rompieron durante rehabilitación. Eso ocasionó una segunda lesión que afectó la movilidad del antebrazo.
«Ese material que se le puso no fue el de calidad. Hay un responsable. Tiene que indemnizarlo», afirmó Nélida Marmolejos, exdirectora de la DIDA, sobre casos de daño derivado de materiales o tratamientos deficientes.
El afectado, que prefirió mantener su identidad, aseguró que Idoppril le informó que recibiría una indemnización por discapacidad. Aunque cuestiona si la compensación resarce una lesión permanente atribuida, según su denuncia, al uso de materiales de mala calidad.
Según Burgos, las autorizaciones se sustentan en el diagnóstico del médico tratante. Si la lesión se relaciona con el trauma, «el 100% está cubierto por el Idoppril».
La indemnización del instituto se otorga cuando la pérdida de capacidad laborativa es igual o superior al 15% e inferior o igual al 50%, según las normas publicadas por la entidad.
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Rechazos, apelaciones y volumen de casos
Entre noviembre de 2025 y febrero de 2026 se notificaron más de 15,000 accidentes laborales y 129,000 enfermedades profesionales al Idoppril. Este es un promedio diario que la denuncia destaca como significativo.
Del periodo enero 2020-diciembre 2025, el instituto calificó 52,012 accidentes laborales; 10,295 en instituciones públicas y 41,717 en empresas privadas. En 2026, más de 7,000 empleados sufrieron lesiones en jornada laboral.
La denuncia incluye casos en que el instituto rechazó solicitudes que luego resultaron acogidas por la Sisalril. Por ejemplo, el de Yoerky Del Rosario Beltré, cuya inconformidad finalizó revocada por la entidad reguladora.
Otro ejemplo es Ruddy Barias, lesionado desde 2022, que ha gestionado sin éxito la autorización de un segundo procedimiento. Además, denuncia demoras y derivaciones a centros que informan no realizar el estudio requerido.
Según registros citados, entre enero de 2020 y diciembre de 2025 el Idoppril procesó 22,207 reportes de enfermedades profesionales; 8,902 solicitudes fueron rechazadas. En lo que va de 2026, 54 casos terminaron evaluados y 39 rechazados.
Burgos señaló que entre 2022 y 2025 el instituto recibió 2.9 millones de requisiciones por accidentes ligados al trayecto. También señaló que el 50.9% de esos casos estuvieron relacionados con motocicletas. Esto tuvo un costo superior a RD$2,000 millones para el Idoppril.
La denuncia documenta anulación de autorizaciones médicas antes de que el trabajador reciba consultas, estudios o materiales. Esto provoca demoras y obliga a reiniciar trámites o apelar decisiones administrativas.
Gran presupuesto, pero escasa cobertura y pensiones
Para 2026 el presupuesto del Idoppril supera los RD$18,650 millones destinados a atención médica e indemnizaciones. Sin embargo, esta cifra la exdirectora Marmolejos cuestiona frente a pensiones exiguas y cobertura limitada.
Marmolejos advirtió que más del 70% de notificaciones podrían no haber sido aceptadas como riesgo laboral en ciertos períodos. Ella atribuye rechazos a falta de tipificación, evidencia insuficiente o prácticas administrativas.
La denuncia también refiere presuntos atropellos y un clima laboral tenso dentro del propio Idoppril. Según los testimonios, hay empleados sometidos a presión y elevados niveles de estrés. Esto afecta su bienestar emocional y desempeño.
Burgos defendió la profesionalidad de la dirección médica y admitió que el nivel de exigencia puede percibirse como presión laboral. Además, ofreció revisar casos específicos que se reporten.
La documentación incluida en la denuncia y las resoluciones citadas muestran recursos de inconformidad presentados ante la Sisalril. En varios casos, se ordenó al Idoppril otorgar prestaciones médicas y económicas dentro de plazos establecidos.
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La investigación recibió correos, resoluciones y evidencia clínica que describen demoras, rechazos y cambios de proveedores como prácticas recurrentes. Dichas prácticas afectan la atención oportuna de trabajadores afiliados.
Los testimonios y expedientes citados plantean preguntas sobre la gestión de autorizar materiales y servicios. También hacen preguntas sobre la vigilancia de la calidad de insumos y la efectividad del gasto disponible para cubrir prestaciones del Seguro de Riesgos Laborales.