Santo Domingo, R.D.-El caos del tránsito en la República Dominicana ya no se limita a simples tapones: es una crisis estructural. Con más de seis millones de vehículos en circulación, la falta de un transporte público eficiente y la creciente informalidad vial, iniciativas como “RD se Mueve” pretenden contener una parálisis urbana que exige respuestas integrales, sostenidas y estratégicas.
El programa Reporte Especial con Julissa Céspedes presenta como la movilidad urbana en la República Dominicana se encuentra en un punto de inflexión. Por un lado, contamos con la Ley 63-17, una legislación moderna que establece un andamiaje legal ambicioso para transformar el tránsito, el transporte y la seguridad vial; por el otro, tenemos iniciativas como “RD se Mueve”, que intentan aplicar —de forma parcial, emergente y en muchos casos reactiva— algunos de los principios contenidos en dicha ley.
Sin embargo, persiste una brecha crítica entre la norma escrita y la realidad de nuestras calles.
El problema no es únicamente de normativa, sino de ejecución institucional, voluntad política sostenida, inversión estructural y cultura ciudadana.
Mientras las leyes trazan rutas claras, los planes como “RD se Mueve” intentan atajar síntomas sin resolver las causas profundas: la ausencia de un transporte público eficiente, el crecimiento desbordado del parque vehicular, la informalidad estructural, la debilidad en los sistemas de fiscalización y el uso patrimonialista del espacio público.
Se necesitan más que grúas
La República Dominicana necesita algo más que operativos de grúas, restricciones puntuales y campañas temporales. Necesita un modelo integral de movilidad humana, centrado en las personas, con planificación urbana, inclusión social y sostenibilidad ambiental. Un modelo donde la educación vial no sea una nota al pie, sino el principio rector; donde los motociclistas dejen de ser víctimas y victimarios por falta de formación, y donde la ciudad recupere su espacio para caminar, convivir y vivir.
“RD se Mueve” representa un inicio, sí. Pero para que ese movimiento no sea circular ni efímero, hace falta unidad estratégica entre alcaldías, INTRANT, DIGESETT, OPRET, MAP, sector privado y ciudadanía.
Las entidades destacaron que esta intervención forma parte de un esfuerzo interinstitucional, con la colaboración de organismos internacionales y técnicos expertos, en respuesta al crecimiento acelerado del parque vehicular en el país.
Hace falta que el Estado cumpla su rol sin improvisación, y que cada medida —sea un giro prohibido o un nuevo horario laboral— esté acompañada de infraestructura, pedagogía y fiscalización justa.
De lo contrario, seguiremos atrapados en un sistema que se mueve… pero no avanza.
El colapso se evidencia
La situación del tránsito en la República Dominicana, especialmente en el Gran Santo Domingo, ha alcanzado un punto crítico.
Lo que antes eran simples taponamientos, hoy se han convertido en una verdadera parálisis urbana.
Causas multifactoriales
El desorden no es casual. Se alimenta del crecimiento desbordado del parque vehicular —más de seis millones de unidades—… De la debilidad institucional. Y de una informalidad que ha secuestrado aceras, calles y hasta la autoridad misma.
Otra de las razones por la cual ha empeorado esta situación es por causa de los parqueadores informales, quien se han tomado atribuciones que las autoridades municipales no les han otorgado, situación que al parecer pasaba desapercibida ante la vista de las autoridades.
Reacciones institucionales
El plan “RD se Mueve” es el intento más reciente por contener el caos:… Grúas, más de 700 nuevos agentes, cámaras del 911, cambios de horarios institucionales, y prohibición de giros a la izquierda.
El INTRANT prevé que el fruto de estas medidas se empiecen a observar al menos tres meses después de su implementación, por lo que llama a la ciudadanía tener paciencia y romper con los hábitos creados.
A su vez, refiere que estas medidas serán revisables y modificadas en caso de ser necesario.
Pero la pregunta persiste: ¿es esto suficiente?
La resistencia ciudadana
Las medidas han encontrado rechazo en algunos sectores.
Las autoridades trabajan en un plan a gran escala para difundir estas medidas y dar conocer a la población la información sobre los cambios que se realizan en el polígono central.
Mientras tanto, la inseguridad vial sigue cobrando vidas, y el espacio público continúa en disputa entre ciudadanos, parqueadores informales, y autoridades municipales.
La pregunta de fondo
Es un problema de orden público, de respeto a la ley, de sostenibilidad y de liderazgo estatal.
Si no se regula el caos, si no se aplica la ley con equidad y firmeza, seguiremos atrapados… en todos los sentidos.
Por: Miguel Ángel Encarnación