Santo Domingo, R.D. – El colapso del techo de la emblemática discoteca Jet Set, ocurrido el pasado 8 de abril, ha provocado una avalancha de demandas judiciales que podrían marcar un hito en la historia legal dominicana. El trágico suceso dejó un saldo devastador: 233 personas muertas, 189 heridas y 136 niños huérfanos.
Familiares de las víctimas y sobrevivientes han presentado múltiples querellas contra los propietarios del establecimiento, encabezados por Antonio Espaillat. Así como contra la razón social Jet Set, la empresa Inversiones LyS, y las administradoras Ana Grecia López y Maribel Espaillat. También han sido incluidos como responsables civiles el Estado dominicano y la Alcaldía del Distrito Nacional.
El abogado penalista Félix Porte calificó la tragedia como producto de una “negligencia abismal”. Entiende que hubo inobservancia de normas básicas de seguridad estructural. “Se violaron principios esenciales que debieron evitar este tipo de catástrofe”, sostuvo.
Entre las demandas figuran casos como el de María (nombre ficticio), una madre que perdió a su hija y que, entre lágrimas, asegura que su demanda busca justicia y no venganza. “Lo hago por la memoria de mi hija, para que nadie más tenga que pasar por este dolor”, expresó.
Otro caso emblemático es el de Juanita Murray, familiar de tres víctimas fallecidas. La dama narró a Reporte Especial con Julissa Céspedes que ha demandado no solo a los propietarios del Jet Set, sino también a la empresa Inversiones E y L. Las fallecidas dejaron tres menores huérfanos y una familia devastada económica y emocionalmente.
También figura la querella presentada por Cynthia Mercedes Nadal Porro por la muerte de su madre. Esta implica además una solicitud para investigar las operaciones tributarias de la empresa responsable del local.
Los abogados involucrados, como José Luis Taveras, destacan que el artículo 319 del Código Penal, sobre homicidio involuntario, podría ser la base de sanciones tanto penales como económicas. “No estamos solo ante un juicio civil, sino ante un proceso que puede derivar en prisión, multas o ambas”, explicó.
Procuraduría trabaja con comisión técnica
La Procuraduría ha abierto una investigación ante sospechas de que Espaillat estaría intentando transferir bienes para evadir su responsabilidad económica. También se ha conformado una comisión técnica nacional e internacional para determinar la causa exacta del derrumbe, aunque informes preliminares de CODIA y los bomberos descartan fenómenos naturales, apuntando a fallas estructurales graves.
Familias de víctimas extranjeras también han iniciado demandas en Estados Unidos, contratando firmas internacionales para representar sus intereses.
Finalmente, el gobierno dominicano anunció un plan de apoyo integral para los 136 menores huérfanos, que incluye asistencia psicológica y económica.
Este proceso judicial, que involucra a cientos de víctimas, podría ser declarado caso complejo, dada la magnitud de los actores civiles involucrados y las implicaciones legales. Todo apunta a que la búsqueda de justicia será larga, pero necesaria.