Tegucigalpa. La discriminación y estigma social a las personas de la comunidad LGTBI persisten en Honduras, donde también son víctimas de la violencia.
La población LGTBI en Honduras “es víctima de discriminación generalizada en los centros de atención médica del sistema de salud público». Por lo tanto, estas personas enfrentan desafíos relacionados con su salud mental, sobre todo las más jóvenes“, subraya un informe, presentado por la Asociación para una Ciudadanía Participativa.
El documento «La comunidad LGBTIQ+ en Honduras: Una historia de estigma y discriminación» señala la falta de una normativa o políticas públicas para proteger a esa comunidad. Y reconocer sus derechos, a pesar de su “evidente y grave vulnerabilidad».
En el país centroamericano “no existe ninguna normativa especial que garantice los derechos particulares que reclaman», lo que evidencia «el nulo interés y hasta desprecio» de la sociedad, políticos y gobernantes hacia esta comunidad, añade el estudio.
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Más del 96 % de los crímenes en la comunidad LGTBI continúan impunes
Los colectivos LGTBI continúan siendo «víctimas de grave violación de sus derechos humanos» en Honduras, donde los crímenes de odio, que en 2023, sumaron 52. Según el documento, esto ocurren «con mucha frecuencia.
La directora de ACI Participa, Hedme Castro, dijo que las personas LGTBI sufren «altos niveles de discriminación» en Honduras.
Destacó la necesidad de mejorar la inclusión en el mercado laboral de esta comunidad «sin discriminación» en el país. Donde la violencia ha dejado 17 personas asesinadas en lo que va de 2024 por su orientación sexual o identidad de género.
Castro indicó que más del 96 % de los asesinatos de personas LGTBI en Honduras continúan impunes y lamentó la falta de respuesta de las autoridades para proteger a esta población.
La activista pidió al Gobierno «menos palabras y más acción» para garantizar a la población LGTBI el cumplimiento de sus derechos como ciudadanos.
Poco avance en cumplimiento de sentencia de la CorteIDH
El informe enfatiza que estos colectivos enfrentan «obstáculos sustantivos» para el cumplimiento de sus derechos humanos en Honduras.
También siguen siendo «víctimas de homofobia, transfobia y otras expresiones de odio como práctica gubernamental e institucional que restringe el acceso a los diferentes servicios».
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El estudio hace referencia además a un fallo emitido en 2021 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condena al Estado de Honduras por la muerte de Vicky Hernández, una mujer transgénero, trabajadora sexual y reconocida activista, en junio de 2009.
La activista trans de la organización Centro para el Desarrollo y la Cooperación LGTBI Grecia Ohara dijo que no hay «avance» en el cumplimiento de la sentencia.
Lamentó además que hasta ahora no se haya aprobado una ley para que las personas trans puedan cambiar su nombre conforme su identidad y género. Protocolo que, según organizaciones LGTBIQ+, beneficiará a 1.500 personas.
Sobre el informe de ACI Participa, Ohara indicó que refleja «la situación de vulnerabilidad» en la que están las personas de esta colectividad en Honduras.
