El inesperado triunfo del «No» en el plebiscito del 2 de octubre confrontó al gobierno de Juan Manuel Santos con una realidad molesta. Para llegar a una paz duradera no alcanza con haber negociado durante cuatro años con las FARC en La Habana. También tiene que negociar con la oposición, que representa a los sectores de la sociedad colombiana que más rechazo sienten por la guerrilla, y que son mayoría.
El flamante Nobel de la Paz hizo entonces lo que tendría que haber hecho antes. Se reunió con los promotores del «No», encabezados por el ex presidente Álvaro Uribe. Escuchó sus reproches y los cambios que le harían a lo acordado. Y se comprometió a tenerlos en cuenta para la reformulación del pacto.
Poco más de un mes después, parece repetir el mismo error. El sábado 12 de noviembre anunció la firma de un nuevo entendimiento con las FARC, que según la versión oficial «recoge un 80% de las inquietudes de los que votaron por el ‘No'». Sin embargo, Humberto de la Calle, jefe negociador del gobierno, advirtió el martes que ése era «el acuerdo final definitivo», sin haberle dado la posibilidad a la oposición de hacer ninguna devolución o sugerencia.
Uribe manifestó su malestar con los manejos del gobierno. Y dijo que necesitaría una semana para analizar en detalle el texto y fijar la posición de su espacio, el Centro Democrático. Este miércoles 23 habrá una sesión especial del Senado para resolver cómo sigue el proceso de paz, que contará con la presencia de De la Calle y del alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo. Se espera que el uribismo se expida oficialmente el lunes o el martes.
No obstante, Rafael Guarín, miembro de la Comisión de Voceros del «No» y ex viceministro de Defensa, anticipó a Infobae que no van a aceptar el acuerdo así como está. «Se hicieron algunos ajustes al texto inicialmente rechazado, pero los pilares fundamentales en materia de justicia y de impunidad se mantienen. En ese sentido, el acuerdo es exactamente el mismo», dijo. Aunque agregó que de todas maneras tienen que terminar de revisarlo para hacer un balance definitivo.
¿Cambios de fondo o maquillaje?
Santos afirmó que el nuevo documento incluye «precisiones, ajustes y cambios en 56 de los 57 temas abordados». La cuestión es si esas modificaciones son sustantivas, o sólo de estilo. Un repaso de los cambios más importantes revela que hay un poco de todo.
Un punto importante es que se estableció un límite de diez años para el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que deberá juzgar los crímenes cometidos por la guerrilla. Podrían prorrogarse hasta dos veces por cinco años. El plazo para recibir denuncias se acotó a dos años, aunque prorrogable por uno y, en algunos casos excepcionales, por más también. La JEP no podrá tener jueces extranjeros, como se había planteado originalmente. Los 38 serán colombianos. Sí se incluirán diez juristas de otros países como asesores.
Los fallos de la JEP podrán ser apelados ante la Corte Constitucional.El problema es que será muy difícil llegar, porque para que un recurso sea admitido por el máximo tribunal lo debe aprobar un comité compuesto por dos jueces de la Corte y dos de la JEP. Los cuatro tienen que votar a favor.
Uno de los temas más ásperos es el de los castigos que se aplicarán a quienes sean encontrados culpables. «Se mantienen las obras, trabajos y actividades comunitarias como sanción principal para los responsables de crímenes atroces. Para su cumplimiento se establecen restricciones a la libertad de movilidad y de residencia. Pero no existe reclusión bajo alguna modalidad que incluya un régimen penitenciario.Es un elemento que más del 70% de los colombianos rechaza, según las encuestas», señaló Guarín.
El texto reformulado es más restrictivo en lo que implica la pena de «restricción efectiva de la libertad». Deberán cumplirla en un lugar específico determinado por el juez, cuya superficie no puede ser mayor a la de una vereda, que es la subdivisión territorial más pequeña de la legislación colombiana. Son zonas rurales, con una población que oscila entre los 50 y los mil habitantes.
Para Luis Alfredo Castro, profesor de ciencia política en la Universidad de Antioquia, sería imposible aplicar castigos más duros que esos. «Ningún grupo armado en el mundo ha negociado para terminar en la cárcel. No hay antecedentes para eso. Pedir que el acuerdo contemple prisión es torpedearlo. Las FARC nunca iban a aceptar negociar estando presente esa posibilidad», explicó a Infobae.
Otro aspecto muy discutido, en el que las modificaciones son sutiles, es el de la participación política. Los jefes guerrilleros podrán ser elegidos para ocupar cargos públicos, y seguirán teniendo cinco escaños garantizados en la Cámara de Representantes y en el Senado por dos períodos legislativos consecutivos. Es cierto que el documento ahora deja en claro que esas bancas no se sumarían a las que obtengan por la vía electoral, sino que las complementarían (si consiguieran tres en las urnas, el Estado les daría sólo dos, no otras cinco).
«Se mantiene la elegibilidad de quienes han cometido crímenes, en contra de la Constitución y de la jurisprudencia, que indican que sólo pueden ser elegidos una vez que cumplan las condenas. Desconocen eso sin importar la gravedad del crimen», acusó Guarín.
Castro replicó que «quienes tengan vínculos con casos específicos de homicidios, aunque confiesen, van a estar inhabilitados para ser candidatos». Los que sí van a poder participar son los que no estén directamente implicados en los crímenes. Esto significa que los jefes de la organización estarán autorizados, a menos que se les pueda imputar directamente un delito en concreto. Eso incluiría al jefe máximo, Rodrigo Londoño Echeverri, Timochenko.
Algo que también se corrigió parcialmente es que antes el pacto tenía rango constitucional. Esto ya no sería formalmente así, pero el texto habla de incluir a la Constitución un artículo transitorio que dice que «las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final». «Eso mantiene los efectos del bloque constitucional del primer acuerdo», apuntó Guarín.
La voz de las víctimas
Muchos de los activistas y organizaciones que nuclean a las víctimas de las FARC y a sus familiares tampoco están satisfechos. Es el caso de Blanca Flores, una de las figuras más reconocidas. Su hijo fue secuestrado por un comando de la guerrilla en Bogotá en febrero de 1997. Ella misma fue prisionera durante 58 días, en una de las tantas incursiones que hizo en la selva para dar con su hijo, al que nunca encontró.
Flores también se queja de que las víctimas no fueron consultadas. Ni antes ni después. «Todo el proceso de paz fue hecho a nuestras espaldas —dijo a Infobae—. Llamamos al ‘No’ porque tenemos a nuestros seres queridos secuestrados. Los guerrilleros dijeron en La Habana que no tenían a nadie, y Santos dijo que había que creerles. No quieren que los que cometieron crímenes de lesa humanidad vayan a la cárcel. Queremos la paz, pero con verdad, justicia, reparación y no repetición de los hechos. Ésta es una falsa paz, maquillada».
Según los datos que maneja Flores, las FARC tienen secuestrados a 196 policías y soldados, y a más de mil civiles por los que se habrían pagado rescates sin que aparecieran. Es probable que muchos estén muertos, pero sus familiares los siguen buscando porque no saben nada de ellos.
Un acuerdo con legitimidad incierta
«No hay una decisión definitiva, pero todo indica que van a acudir al Congreso y no a un plebiscito para refrendar el acuerdo. Si el Gobierno desconoce el derecho a decidir de los colombiano, y rechaza un acuerdo nacional, la polarización que vive el país se va a extender y podría agravarse en el futuro. Además será una amenaza constante para el cumplimiento de un pacto que será ilegítimo, por desconocer la voluntad popular expresada en el plebiscito del 2 de octubre», afirmó el vocero del «No».
Sabiendo que habría muchas probabilidades de volver a perder en una consulta popular, el Gobierno se inclina por la alternativa de validar el pacto en el Congreso, donde tiene mayoría. Esto le permitiría pasar rápidamente a la implementación, pero al precio de que todo quede muy deslegitimado. Esto puede hacer peligrar su viabilidad, porque es perfectamente posible que en dos años la oposición llegue al gobierno, y quiera modificar los términos del entendimiento.
«Es cierto que no quedaría del todo legitimado, porque no se usaría para darle validez el mismo mecanismo que se usó antes para rechazarlo. Pero al mismo tiempo diría que la legitimación está en el hecho de que se atendió la posición de muchos representantes del ‘No’, que pudieron incorporar sugerencias que fueron incorporadas. Y el Congreso es otra instancia para dar participación a los representantes del ‘No’, aunque sean minoría. Así que hay elementos para decir que se legitima, y también para decir que la legitimidad va a ser objeto de controversias», opinó Castro.
Para el politólogo no se puede perder de vista el enorme riesgo que tiene extender en el tiempo la incertidumbre. «Puede hacer caer todo el proceso con las FARC, y llevarnos otra vez a un infierno. Lo que está pasando es gravísimo y nosotros en las ciudades no alcanzamos a dimensionarlo. Ya empezaron los homicidios y las acciones violentas, que son esos puntos de fuga generados por la incertidumbre en la que estamos. La gente teme que las mismas FARC se estén dividiendo», concluyó.
Desde: INFOBAE
