En el podcast Café Ejecutivo, Federico Castillo me preguntó por la tasa de analfabetismo en el país. Respondí con un número que me había acompañado por años: entre 11% y 12%. Esa cifra resonaba con lo que el Censo 2010 había arrojado y con un piso histórico que pocas veces parecía moverse de verdad. Salí de la entrevista con la duda metodológica encima y decidí indagar. La conclusión es incómoda: la República Dominicana tiene varias tasas oficiales de analfabetismo, todas vigentes, ninguna reconciliada con las demás.
El gobierno anunció 6.0% para 2024. La cifra proviene de ENHOGAR y se reproduce en estudios del IDEICE como evidencia de un esfuerzo sostenido de alfabetización. La Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo del Banco Central reporta 5.6% para el mismo año. UNESCO y Banco Mundial proyectan 4.5% mediante el modelo GALP de cohortes. El Censo 2022 —el instrumento más completo y caro que produce el Estado dominicano— deja entrever, según el Monitor de la Frontera del MEPyD, una tasa nacional cercana al 11% cuando se cruzan las preguntas sobre lectoescritura con el módulo de educación. Cuatro instrumentos oficiales del mismo Estado, en años casi idénticos, separados por hasta seis puntos porcentuales. La diferencia equivale a medio millón de personas.
El primer quiebre metodológico pasa inadvertido para el lector ocasional y resulta decisivo. ENHOGAR cambió de protocolo en 2019 y 2023 al incorporarse a las rondas MICS de UNICEF. La propia ONE reconoce en su informe interno que las series no son comparables. La prensa, sin embargo, las publica encadenadas como si fuera una caída tendencial. Hasta 2024 las tasas se calculaban con proyecciones poblacionales del Censo 2010, que sobreestimaban la población joven y subestimaban a los adultos. El denominador estaba inflado, lo que rebajaba artificialmente el porcentaje de adultos analfabetos. Esa corrección apenas comienza con los resultados del Censo 2022, y el próximo censo nacional no llegará hasta 2032. Tenemos por delante diez años de política pública sostenida sobre un dato cuya consolidación tomará al menos otros tres.
Hay un componente demográfico que la narrativa oficial omite con disciplina: la mortalidad. El analfabetismo se concentra en mayores de sesenta y cinco años, donde la probabilidad adicional de no saber leer ni escribir alcanza casi trece puntos porcentuales. La pandemia de COVID-19 acortó la vida de muchos adultos mayores con bajos niveles educativos, lo que produjo una reducción de la tasa nacional sin que nadie hubiera sido alfabetizado. A esto se suma una migración campo-ciudad que diluye el indicador rural en el promedio urbano. El campo dominicano sigue con tasas de analfabetismo entre 12.8% y 13.2% desde 2016. La frontera —Pedernales, Elías Piña, Independencia— ronda entre 13% y 16%. La mejora nacional se sostiene en un movimiento de personas y en una mortalidad selectiva, antes que en un programa de aprendizaje.
El gasto público tampoco acompaña la celebración. Quisqueya Aprende Contigo y su sucesor SEPA ejecutaron más de 5,300 millones de pesos entre 2021 y 2024. SEPA certificó 2,719 personas en 2024, un costo unitario aproximado de RD$1.48 millones por cabeza, según cifras del propio MINERD. Para mover la aguja en una población base de 7.65 millones de adultos hacen falta órdenes de magnitud distintos.
No todo el monto se asigna directamente a SEPA. El renglón «educación de adultos y alfabetización» incluye también los 610 centros educativos del subsistema de educación de adultos, en modalidad primaria con horarios flexibles. Ningún informe oficial publica la desagregación exacta del gasto SEPA del 2024. El Estado reporta resultados sin reportar el costo unitario que les corresponde.
Esta incoherencia importa más allá de la estadística educativa. La política tecnológica dominicana descansa sobre un supuesto frágil: que tenemos un capital humano alfabetizado en 94% que puede subir al siguiente escalón digital. Si la cifra real está más cerca del 89% y la calidad del aprendizaje promedio equivale a 5.48 años de escolaridad —según el indicador APEA del propio MINERD— entonces la pirámide de habilidades sobre la que se planean estrategias de inteligencia artificial, fábricas de chips y servicios globales tiene su base más estrecha de lo que admiten los discursos. Los braceros digitales que exportamos representan la capa visible de una distribución educativa muy desigual.
La ventana hasta 2032 obliga a tres tareas pendientes que no pueden esperar al próximo censo:
- La primera es exigir a la ONE una nota técnica que reconcilie las cifras de ENHOGAR, ENCFT, ENA-2019 y Censo 2022 con sus quiebres metodológicos explícitos, y que actualice los denominadores poblacionales para toda la serie histórica.
- La segunda es publicar la auditoría completa de los programas de alfabetización 2013-2024, con verificación de competencias reales y no de matrícula declarada.
- La tercera es descomponer la reducción reportada entre componente demográfico, componente migratorio y componente programático, para distinguir lo que el Estado hizo de lo que ocurrió por sí solo.
Aquel número que recordé en el podcast tenía base estadística. Era el último dato robusto antes de que la estadística comenzara a moverse al ritmo del ciclo político.
La República Dominicana puede tener una tasa real de analfabetismo cerca del 6% o cerca del 11%. Entre una cifra y otra hay media generación de personas que no pueden leer este texto.
La política pública digital de los próximos diez años se va a construir sobre el dato que decidamos creer, sin un nuevo censo que nos corrija el rumbo hasta 2032.
Fede, ahí está el dato.
