El documento originario de la investigación fue presentado en el programa Reporte Especial con Julissa Céspedes
Santo Domingo, R.D.- Una investigación realizada por la Unidad Antifraude la Contraloría General habría motivado a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción (PEPCA) a indagar los supuestos actos de corrupción que involucran a Donald Guerrero, ex ministro de Hacienda.
El programa Reporte Especial con Julissa Céspedes tuvo acceso en exclusiva al informe de la Unidad Antifraude. En el mismo, presuntamente se comprobaron un conjunto de maniobras fraudulentas ejecutadas desde el Ministerio de Hacienda. Además de la Dirección General de Bienes Nacionales, el Consejo Estatal del Azúcar. Y la Dirección General de Catastro Nacional, con la participación de Tesorería Nacional, la Contraloría General y la Jurisdicción Inmobiliaria.
El informe indica que todas las transacciones fraudulentas se habrían gestado durante los meses de febrero a julio del año 2020. Este fraude con mucho más de 12 mil millones de pesos. La cifra que iría en aumento.
El informe detalla que los expedientes de pagos recaen sobre las expropiaciones de terrenos de Estado bajo un presunto entramado de funcionarios e instituciones con el único propósito de beneficiarse económicamente. Y dejando al Estado afectado económica y legalmente e indefenso ante futuras litis de las que no podrá salir.
Además, violentando derechos de propiedad de dueños primigenios y herederos o sucesores originales.
El informe firmador por Leónidas Rafael Pena Díaz, encargado de la Unidad Antifraude la Contraloría General de la Republica. En el mismo se detallan los casos millonarios que habría escogido para la estafa contra el Estado.
Higüey, caso Jorge Mota
Entre las expropiaciones realizadas en la zona este del país, está un caso que será emblemático en lo adelante, nos referimos al de los sucesores de Jorge Mota.
La unidad Antifraude establece en el documento que fue a través de tres libramientos realizados entre el abril y junio del 2020 que el Estado pagó la suma de 505 millones 81 mil 440 pesos. Dos de estos fueron realizados en una misma semana correspondiente a desembolsos por concepto de expropiación bajo la modalidad de Deuda Pública soportado en el Acuerdo Transaccional de fecha 06 de marzo de 2020. Firmado entre Rómulo Mota, Juan Tomas Polanco, Ángel Lockward & Asociados, Rediux Consulting, entre otros y la Dirección General de Bienes Nacionales en la persona del fallecido, Emilio Riva en representación del Estado Dominicano (informe antifraude, pág. 11, párrafo 2)
El acuerdo fue firmado por una parte de los sucesores del señor Jorge Mota, a pesar de que en el referido documento, Bienes Nacionales reconoce que no todos los copropietarios de la Parcela estaban en el acuerdo, y descarga la responsabilidad penal y civil que pudieran surgir sobre los cotitulares del inmueble, firmantes en el acto, lo que permitirá futuras demandas al Estado, que pudieran interponer las personas excluidas arbitrariamente. (Informe antifraude, pág. 20, párrafo 1 y 2)
Además, el informe establece que esto constituye una inobservancia al Principio IV de la Ley 108-05 que establece: “todo derecho registrado de conformidad con la presente ley es imprescriptible y goza de la protección y garantía absoluta del Estado”. (Informe antifraude, pág. 20, párrafo 2)
Cesiones de crédito de Jorge Mota
Estos pagos fueron relativos a una porción de terreno de 1 millón 655 mil 921 metros cuadrados, ubicada dentro de la Parcela No. 10, del distrito catastral 10/1 del municipio de Higüey. Correspondiente a una parte de los derechos expropiados a los sucesores de Jorge Mota mediante un decreto del 1975 (Informe antifraude, pág. 11, párrafo 2).
En el informe se detallan al menos 8 procesos que se ventilaron en el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de la provincia la Altagracia desvelando que al momento del pago, el inmueble figuraba siendo objeto de múltiples procesos jurisdiccionales que no permitían concretar la firma del suscitado Acuerdo Transaccional por parte de la Dirección General de Bienes Nacionales (Informe antifraude, pág. 19 y 20, párrafo último, y 1).
Los investigadores detallan que, llama poderosamente la atención, que los beneficiarios del pago, a sabiendas de que su deuda sería pagada en días subsiguientes, se dispusieron a firmar cesiones de crédito en beneficio de terceros, y que dichas cesiones de crédito, daten de la misma fecha en que se firma el acuerdo con la institución. (Informe antifraude, pág. 20 y 21, párrafo último, y 1).
La cesión de créditos consiste en la transferencia de cuentas pendientes por recuperar. Es decir, renunciar a los derechos de cobro en favor de un tercero.
Los sucesores de Jorge Mota firmaron 4 contratos de cesión de créditos entre el 9 y el 6 de marzo del 2020: una de ella fue a Rediux Consulting, representada por Álvaro Jiménez Crisóstomo por más de 320 millones de pesos. La segunda fue firmada en favor de Alejandro Constanzo por 69 millones de pesos. Una tercera cesión a la empresa Ángel Lockward & Asociados, representada por Ángel Lockward Mella por más de 19 millones de pesos. Y una última a nombre de Pedro María De La Altagracia Veras por 74 millones (Informe antifraude, pág. 21 y 22).
De acuerdo con el informe de la Unidad Antifraude de la Contraloría, en los referidos actos de cesiones de crédito de los sucesores de Jorge Mota a terceros, no quedó claro las causas que originan la obligación de los cedentes con los cedatarios. Esto porque solo se hace referencia a una supuesta deuda contraída con los cesionarios, de la cual no se especifica fecha ni monto (Informe antifraude, pág. 22, párrafo 2).
Beneficiarios estafados
El dinero pagado no llegó a los sucesores de Jorge Mota. Así lo cuenta uno de los beneficiados con el dinero pagado por la expropiación de los terrenos, Teófilo Mota, sucesor de Jorge Mota. Que a pesar de los millones recibidos solo le tocó 200 mil pesos.
“Mire mi pai, y eso no es de una persona que ha recibido esa cantidad de dinero, a mi lo que me dieron, lo que yo conseguí fueron 200 mil pesitos, dice, mire, que eso fue lo que me dieron para darle a cada uno”, contó al ser entrevistado por la periodista Julissa Céspedes.
Al preguntarle a Teófilo Mota si este conoce al abogado Ángel Lockward para demandar a los miembros de la Contraloría de la República Dominicana, respondió que “no señor, no lo conozco. Él no es abogado mío”.
Asimismo, dice que está seguro que fueron otros de los sucesores que lo buscaron para firmar el contrato.
“A mí me busco, Juan Polanco, Juan Thomas Polanco Céspedes, fue quien me busco a mí para hacer ese contrato, de ellos sacarnos a nosotros ese dinero de esa tierra, y se cogieron la tierra y el dinero, y el dinero que ellos me han enviado a mí no es lo que yo toco”,
Teofilo Mota, beneficiario de expropiación de terreno de su familia
Así se gestó el fraude desde Hacienda
El informe detalla, que el valor total del inmueble tiene su origen en el Oficio de un avalúo del 9 de marzo del año 2020, firmado por el Director General del Catastro Nacional, en ese momento, Claudio Silver Peña, mediante el cual se establece un precio de 390 pesos el metro cuadrado, es decir, más de 842 millones de pesos. Sin embargo, Catastro informó que no existen documentos técnicos que amparen esa tasación. (Informe antifraude, pág. 22, párrafo 2).
El informe establece que, al no observarse ningún informe técnico de avalúo el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, con su accionar incurrió en una acción contraria al régimen jurídico vigente y una falta grave en el ejercicio de sus funciones que incidió de manera directa en una afectación contra el patrimonio público. (Informe antifraude, pág. 22, párrafo 3).
Los investigadores aseguran que, resulta cuestionable que el Acuerdo de Compraventa sustente el precio del inmueble en un oficio de avalúo que no figura registrado en los libros del órgano, y que por demás, data de una fecha posterior al acuerdo, a saber: 9 de marzo de 2020, es decir, apenas 3 días después de la firma. (Informe antifraude, pág. 23, párrafo 2).
El informe resalta que con la misma celeridad observada durante el proceso un día después, 10 de marzo del año 2020, a las 8:54 de la mañana Crédito Público, generó un formulario de recepción del expediente definitivo para pago que fue preparado por el servidor público Willian Castillo, donde se establece que fueron recibidos algunos documentos. (Informe antifraude, pág. 23, párrafo 3).
El 12 de marzo, dos días después, el fallecido director de Bienes Nacionales, remite al exministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz el supuesto expediente que ya había sido recepcionado en fecha 10 de marzo del año 2020 por Crédito Público del Ministerio de Hacienda. Allí estableció la respuesta a una comunicación enviada por el entonces ministro de Hacienda, lo que evidencia que las gestiones para que se efectúe el pago fueron iniciadas por Donald Guerrero. (Informe antifraude, pág. 23 y 24, párrafo último y primero).
Una de las investigadas permanece en Hacienda
Además, el informe de la unidad antifraude señala que, durante el proceso de pago, se detectó una irregularidad en la firma de una de las beneficiarias, Benita Mota, lo que dio lugar a que el 19 de marzo del 2020 Bienes Nacionales remite el oficio al exministro Donald Guerrero Ortiz. En el mismo, se procura justificar que la firma difería de la plasmada en la cédula, se debía a su avanzada edad, y se solicita que dicho pago se ha realizada por medio de un cheque, emitido únicamente a su favor. (Informe antifraude, pág. 23, párrafo 5).
El 07 de abril del año 2020, Princesa García, quien en ese momento era directora de Reconocimiento de Deuda Administrativa del Ministerio de Hacienda y quien en la actualidad devenga un salario de 95 mil pesos ocupando la posición de Coordinadora Técnico Administrativo de esa misma cartera, remite a Wilma Rosario Santana, abogada de Deuda Administrativa, un correo institucional, en donde le instruye a imprimir el correo enviado el 6 de abril del mismo año, por Belkis Tejada Ramírez, quien fungía como directora legal administrativa de Bienes Nacionales, a los fines de que este permanezca como constancia en el expediente. (Informe antifraude, pág. 24, párrafo 2 y 3).
Tejada Ramírez no sólo usurpó funciones que le han sido conferidas por ley a la función calificadora del Registrador de Título territorialmente competente, quien es la autoridad llamada a certificar el estatus jurídico de un inmueble según su registro complementario, sino que además, obvia un sin número de cargas y gravámenes que pesan sobre el derecho real, que imposibilitan el pago realizado. (Informe antifraude, pág. 25, párrafo 1 y 2)
No obstante esas observaciones, el 21 de abril de 2020, el ministro de Hacienda de turno Donald Guerrero Ortiz instruye al entonces viceministro del Tesoro, Rafael Gómez Medina y a la exdirectora de Reconocimiento de Deuda Administrativa, Princesa García a registrar la orden de pago por 300 millones de pesos por concepto de abono al primer pago del acuerdo. (Informe antifraude, pág. 25, párrafo 3)
Conclusión de la Unidad Antifraude
Conforme el reporte técnico jurídico y la plantilla de recepción documental, se comprobó que toda la documentación técnico legal relativa al expediente, fue revisada y evaluada por los técnicos de Deuda Pública del Ministerio de Hacienda unos 5 días después de la autorización de pago firmada por el Ministro de Hacienda. Esto, con el agravante de que faltaban algunos documentos que eran considerados esenciales por la Dirección Legal, dentro de la que resalta la falta de una certificación de estatus jurídico emitida por el órgano competente y de los planos catastrales aprobados por la Dirección de Mensura con la correcta individualización del inmueble en cuestión. (Informe antifraude, pág. 27, párrafo 2)
El informe concluye que sobre este caso en particular, se comprobó el pago irregular de derechos sobre la parcela expropiada, en base a un acuerdo que excluyó a herederos. Y sobre la cual recaen diferentes procesos litigiosos según estableció el Tribunal de Tierras de Higüey, situación que era de absoluto conocimiento de las instituciones firmantes, y cuyo monto fue determinado con un avalúo carente de soportes. (Informe antifraude, pág. 28, párrafo 3)
Recurso incoado por Ángel Lockward
Por este caso, el 18 de julio del año en curso la Contraloría General de la República, presentó su escrito de defensa en ocasión a la demanda de Nulidad de Informe incoado por Ángel Lockward en contra de la referida institución, por el informe de investigación realizado por la Unidad Antifraude.
Según Ángel Lockward, el documento de mero trámite cuya nulidad se persigue, ha sido objeto de controversias que ha generado cuestionamientos en lo relativo a las acciones y decisiones relativas a procesos de justiprecio, que significa conocido como justo precio, lo que supone la cuantía de la indemnización que debe pagar el beneficiario de una expropiación al expropiado con relación al: caso Sucesión Jorge Mota y Sucesores de Bernardino Mercedes. (Pág. 13 párrafo 3 demanda de nulidad de información)
También invoca que se ha violado los derechos fundamentales al comercio, a la propiedad, a la buena administración, al debido proceso, al derecho a la defensa y a las audiencias previas; que todo esto le ha causado alegados impedimentos para el cobro de 800 millones de pesos por pago de deuda pública por expropiación del Estado y se amplía al afectar decisiones irrevocables por un valor aproximado de 6 mil 200 millones de pesos. Pág. 12 párrafo 2 demanda de nulidad de información
Informe de Antifraude debió ser confidencial
En su escrito de defensa, la Contraloría establece que, en primer término, es importante aclarar que el informe que ha generado la presente acción en justicia y las demás que se encuentran en otras salas de este Tribunal Superior Administrativo, no es más que un documento de mero trámite, es decir, que oficialmente el director de dicha fuerza de trabajo no lo remitió al Despacho del Contralor. Y por ende, Catalino Correa Hiciano no tramitó ni firmó el documento en consecuencia, no se puede encasillar como acto administrativo firme. (Pág. 8 párrafo 3 demanda de nulidad de información)
El recurso de la especie trata sobre un documento interno y privado que constituye una investigación realizada por peritos de la Unidad de Antifraude de la Contraloría que debía ser confidencial.
De manera arbitraria, el informe ha circulado y ha generado, según los recurrentes, situaciones jurídicas. Por lo que, buscan que se declare la nulidad del referido documento de trámite y, por vía de consecuencia en relación a pagos de expropiación. (Pág. 7 párrafo 3 demanda de nulidad de información).
Otros casos investigado por la Unidad Antifraude
Además del caso Jorge Mota, la Unidad Antifraude de la Contraloría analizó cada uno de los libramientos y pagos relativos a los siguientes casos:
- Caso sucesores Jorge Mota
- Caso sucesores Rafael María Gatón
- Caso sucesores Alessandro De Paola Sangiovanni
- Caso sucesores Juan A. Acevedo
- Caso sucesores del Señor Pedro Landestoy Garrido
- Caso familia Santana
- Caso Santana Marcial y Sandra P.
- Caso sucesores Palamara Margherite
- Caso suplantación de identidad Sociedad Inmobiliaria El Algodonal S.A.
- Caso Bernardino Mercedes
Más sobre caso Donald Guerrero
Por: Ángela Ramírez
