Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), investiga un supuesto entramado corrupto que encabeza el ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero.
En la solicitud de información financiera número 0017-febrero-2022, la PEPCA pide a la jueza coordinadora de los Juzgados de Instrucción, Kenya Romero, que le autorice ver los movimientos económicos de Donald Guerrero. Así como de otros funcionarios públicos, empresarios, abogados y personas jurídica.
Según un documento, los investigados habrían utilizado las deudas públicas para desfalcar al Estado. Todo esto durante los meses en lo que el país estuvo cerrado por la pandemia del Covid 19. Es decir, enero a julio del 2020.
Modus operandi de la red corrupta
El modus operandi usado estaba compuesto por funcionarios públicos que manejaban la información de las deudas públicas que tenía el Gobierno. Con esa lista habrían contactado a empresarios y abogados para que se acercaran a los beneficiarios de esas deudas. Y que estos gestionaran el pago y consiguieran quedarse con la mayor parte del dinero.
“El imputado Donald Guerrero Ortiz creó una estructura gubernamental con la participación de los funcionarios Emilio Cesar Rivas Rodríguez, director de Bienes Nacionales; Claudio Silver Peña, director de Catastro Nacional; Luis Miguel Piccirrillo Mccabe, Domingo Enrique Martínez Reyes del Consejo Estatal del Azúcar”, detalla la PEPCA.
Asimismo, “Simón Lizardo Amezquita, administrador del Banco de Reservas; Luis Baldemiro Reyes Santos, director general de Presupuesto; Daniel Omar de Jesús Camacho Santana, contralor general de la República. Princesa Alexandra García y Aldo Antonio Gerbasi Fernández de la dirección de Reconocimiento de Deuda Pública. Entre otros funcionarios de instituciones públicas que se encuentran en subordinados al Ministerio de Hacienda”.
“El modus operandi consistía en que bajo las instrucciones del ministro de Hacienda, para ese entonces, Donald Guerrero Ortiz, realizando maniobras fraudulentas; con el objetivo de sustraer del erario público la cantidad de RD$19,653,871,513.80 por concepto de acuerdos transaccionales. De los cuales hemos identificado se lograron sustraer RD$17,300,642,051.07 por operaciones relacionadas con expropiación de terrenos áreas protegidas; así como la simulación de compra y venta de terreno bajo la modalidad de deuda administrativa”.
Los elementos en común que habría identificado la PEPCA es que “todas las transacciones o acuerdos firmados entre las partes, es el relacionados a contrato de cesiones de créditos por más de diez mil quinientos millones de pesos a personas de su entera confianza. Que en ocasiones utilizaban sociedades comerciales de carpeta, disolviéndolas inmediatamente obtuvieron su objetivos, constituyendo el tipo penal de desfalco”.
Así funcionaba
La PEPCA indica que un informe suministrado por la Contraloría General revela que en la mayoría de los casos se verificaban, además, incongruencias entre las personas reales a los que el Estado le adeudaba y los presentados como soportes para los pagos. Pese a esto, indican las autoridades, se realizaban los pagos.
“Se verificaron diversas incongruencias entre los nombres de las personas asentadas como los titulares de los derechos afectados por los decretos, y los nombres que figuraban en los documentos presentados por los reclamantes para soportar los pagos. Los cuales fueron asumidos como errores tipográficos por los técnicos evaluadores de los documentos, sin procurar que dichos errores fueran rectificados a través de los procedimientos establecidos en las leyes por las autoridades competentes”.
Los mismos errores fueron observados por los servidores públicos actuantes en las diferentes etapas administrativas para el proceso de pago, indica la PEPCA.
Asimismo, precisa que “en la totalidad de los casos pagados, los beneficiados constituían un conglomerado de las mismas personas físicas y jurídica. Esto, aun cuando los terrenos estaban ubicados en distintos puntos del país”.
Indica que los cesionarios beneficiados de manera habitual fueron:
Empresarios y abogados en red mafiosa
Un grupo de personas, empresas y abogados habría servido a la supuesta red corrupta, encabezada por Donald Guerrero; esto para gestionar y cobrar los pagos de las deudas públicas, según la PEPCA. Que incluyen a Ramón Emilio Jiménez alias Mimilo; José Andrés Familia, Fernando Crisóstomo Herrera, Álvaro Jiménez Crisóstomo. Además Efraín Santiago Báez, José Pablo Ortiz Giraldo.
También, José Arturo Ureña, Juan Alexander Tapia Holguín, Pedro María Altagracia Veras y Bernardo Rafael Ledesma, están vinculadas al entramado de las cesiones de crédito.
Todos ellos realizaban la maniobra en diferentes instituciones de manera particular en el Consejo Estatal del Azúcar, Dirección General de Bienes Nacionales, Oficina Supervisora de Obras del Estado (OISOE), Instituto Agrario Dominicano, entre otras.
Fuente: Documento de la PEPCA
“El investigado Donald Guerrero Ortiz creo una estructura no gubernamental compuesta por los investigados Ramón Emilio Jiménez, José Andrés Familia, Fernando Crisóstomo Herrera, Álvaro Jiménez Crisóstomo, Efraín Santiago Báez Fajardo, José Pablo Ortiz Giraldo, José Arturo Ureña, Juan Alexander Tapia Holguín. Pedro María de Altagracia Veras, Bernardo Rafael Ledesma Méndez, Ángel Lockward Mella, Ángel George Lockward Cruz, entre otros. Para a través de Hacienda hacer procesos irregulares e ilegales de deuda pública y con ello desfalcar el patrimonio del Estado”, explica el documento.
Testigo del PEPCA
La vinculación de Mimilo Jimenez en el caso la habria sido destapado por el testigo del Ministerio Público Bolivar Antonio Ventura. Este habria declarado que Mimilo le hizo una propuesta de que sí estaba dispuesto a entregar seiscientos millones de los mil trescientos que el Estado le adeudaba como contratista.
“Los imputados para dicho fin llevaron a Bolívar Antonio Ventura ante el imputado Donald Guerrero, ministro de Hacienda, y este le indicó que para lograr el pago que el Estado le adeudaba que hablara con Mimilo y José Arturo Ureña para el tema del dinero que ellos iban a requerir y que los pagos saldrían de Hacienda. El señor Bolívar Antonio Ventura accedió y entrego a los imputados José Fernando Crisóstomo y Mimilo la suma de quinientos veintisiete millones seiscientos noventa y cuatro mil ochocientos treinta y ocho pesos (527,694,838.00). Entregando dicha cantidad a través de los empleados del señor Bolívar Antonio Ventura, Luis Joaquín Felipe Peña y Jorge Cecilio Mena Jiménez”.
Donald Guerrero con pagos irregulares
El informe también revela que Donald Guerrero habría pagado, desde Hacienda, más de 6,000 millones de pesos, cumplir con los controles previos establecidos en el Contraloría General de la República.
Indica que se registran unos 30 libramientos en el periodo comprendido entre 24 enero al 27 julio. Verificar que esa última fecha ya el gobierno ya estaba en transición hacia una nueva administración para dar paso al presidente Luis Abinader.
“Desde el Ministerio de hacienda se pagaron treinta libramientos durante el periodo 22 de enero al 27 de julio del 2020 por un momento total aproximado de RD$10,993,120,387.60, en tanto que, la Tesorería Nacional, certifica libramientos por un momento de RD$5,636,093,821.14, para una diferencia de RD$6,431,438,750.41. En este punto se puede establecer que el Ministerio de Hacienda realizo pagos directos sin ser sometidos al proceso de control de la Contraloría General de la República”.
Asimismo, explica que era “recurrente que el Ministerio de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, mediante comunicación le instruyera al viceministro del tesoro, Rafael Gómez Medina registrar ordenes de pagos en el capítulo 999, obligaciones del Tesoro, (deuda administrativa) por concepto de acuerdos transaccionales a los fines de emitir los libramientos de pagos envueltos en esta investigación”.
