TSA se reserva fallo de recurso contra aumento de tarifa eléctrica

TSA se reserva fallo de recurso contra aumento de tarifa eléctrica

ante elSanto Domingo, RD.- El Tribunal Superior Administrativo (TSA) se reservó el falló de solicitud de medida cautelar interpuesta por la Fundación Justicia y Trasparencias que busca anular las resoluciones de la Superintendencia de Electricidad que ordenan el desmonte gradual que hace el Gobierno a la tarifa eléctrica.

La fundación, que preside el abogado Trajano Vidal Potenttini, entiende que las resoluciones fueron emitidas en franca violación a la Constitución de la República. Pero también un desacato a la Ley de Electricidad.

La institución accionante considera que un aumento paulatino de la energía eléctrica más la administración de la planta a carbón Punta Catalina en manos del sector privado, a través de un fideicomiso, pondría en peligro el acceso equitativo al servicio eléctrico que debe garantizar el Gobierno.

El recurso ante el TSA

El 27 de noviembre de 2021 la Fundación Justicia y Transparencia (FJT) presentó un recurso contencioso administrativo ante el TSA. El mismo busca que se anule el incremento de la tarifa eléctrica. La entidad califica de ilegal el aumento de estas tarifas.

El recurso se interpuspuso ante el Tribunal Superior Admirativo (TSA), donde también la FJT interpuso una medida cautelar. La misma busca que la disposición se suspenda hasta tanto se decida el contencioso administrativo.

Henry Adames, abogado de la fundación, calificó como demoledor el desmonte del subsidio del sector eléctrico (que provoca el alza de la tarifa).

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“Nosotros buscamos restaurar la institucionalidad en el sector eléctrico. Los más desposeídos, que es la población más carenciada, es la más altamente afectada por este incremento, que es ilícito e ilegal”, dijo.

Adames explicó que el recurso contencioso administrativo lo motivan basándose en que las tres resoluciones que emitió la Superintendencia de Electricidad para el aumento del costo del servicio eléctrico que brindan las empresas distribuidoras (EDE), se realizaron de manera ilícita en franca violación a la ley. Esto, a consideración de la Fundación Justicia y Transparencia.

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