El resonante estruendo de la explosión en San Cristóbal no solo dejó una estela de dolor y destrucción sino que también abrió una antigua y dolorosa herida en la memoria colectiva dominicana. Al evocar la desgarradora explosión como la de PolyPlas en 2018 en Santo Domingo y el trágico episodio del Polvorín en el año 2000 en la misma provincia de San Cristóbal, estas tragedias van más allá de la desolación inmediata, desvelando una preocupación latente: la seguridad industrial en la República Dominicana.
El programa de investigación Reporte Especial con Julissa Céspedes hurgó en estos trágicos eventos y la imperante necesidad de abordar de manera urgente la seguridad industrial adoptando prácticas preventivas que ayuden a evitar futuras tragedias similares.
El acontecimiento reciente en San Cristóbal encapsula todas las tragedias pasadas, que rasguñan la superficie al intentar retratar la escena de devastación que emergió tras la explosión en pleno corazón del municipio, transformando el área en un verdadero campo de batalla.
La trágica cuenta de víctimas a raíz de la explosión del pasado lunes en esta provincia asciende a un total de 27 fallecidos, según ha informado el COE, y se ha confirmado que no hay personas desaparecidas. El balance de heridos se sitúa en 59, con varios individuos en estado crítico que han sido ingresados en unidades de cuidados intensivos debido a la gravedad de sus lesiones, un sombrío testimonio de la envergadura de la tragedia.
El panorama es desolador: cuatro edificaciones han quedado reducidas a escombros, mientras que otras nueve han sufrido daños significativos. Las imágenes impactantes revelan vehículos calcinados en medio de densas columnas de humo negro que se elevan desde el epicentro de la ciudad, envolviendo varias manzanas en un oscuro manto. Los rumores sobre el origen de la tragedia se dispersan en la comunidad, como es común en entornos pequeños, aun sin explicación.
El presidente de la República, Luis Abinader, ha tomado medidas en respuesta a la trágica explosión en San Cristóbal. A través del decreto 367-23 emitido el 15 de agosto, se ha designó el jueves 17 de agosto como día de duelo nacional en memoria de las víctimas.
Además, anunció la utilización del fondo destinado a calamidades, del presupuesto general del Estado, para hacer frente a los daños materiales causados por la explosión, un fondo que asciende a 594 millones.
La comunidad ha demostrado una unión notable, buscando reducir al mínimo el sufrimiento de los afectados. Las autoridades de salud han brindado asistencia psicológica a las familias de las víctimas, y el presidente Abinader y su equipo han estado presentes, visitando la zona y participando en actos de conmemoración.
Relacionadas
Además, diversas personalidades han entregado donaciones en la zona cero, demostrando la solidaridad y empatía que se ha generado en torno a esta tragedia.
Sin embargo, esta tragedia no se encuentra en un vacío, ya que las explosiones en establecimientos comerciales y otras áreas, motivadas por negligencia, fallas en la seguridad, o con la intención de obtener compensaciones de seguros, son lamentablemente recurrentes en la República Dominicana. Tan solo en este año, se han documentado tres explosiones, entre las cuales se cuenta la reciente tragedia en San Cristóbal. Cada una de estas explosiones ha dejado fatalidades y devastación en su camino.
En San Pedro de Macorís, el 16 de julio del 2023 una explosión ocurrida en el laboratorio de química de la Universidad Central del Este dejó un saldo de 16 estudiantes y un profesor heridos. El incidente ocurrió durante un experimento en el que se vieron involucrados productos químicos, resultando en una combinación desafortunada que culminó en la explosión.
Según las declaraciones de las autoridades, de las personas afectadas, 12 sufrieron consecuencias a raíz de la exposición causada por los productos químicos y otras cinco resultaron heridas debido a los vidrios de las ventanas que estallaron por la fuerza de la explosión, quienes presentaron laceraciones leves.
Otra explosión reciente tuvo lugar el 15 de abril de 2023 en el almacén número 2 del Departamento de Intendencia de Armas de la Policía Nacional, resultando afectados dos agentes, un sargento mayor y un asimilado de la institución.
De acuerdo con los informes médicos proporcionados por la Policía Nacional, el asimilado Miguel Mota Pierre sufrió un politraumatismo y amputación traumática de la pierna derecha como consecuencia de la explosión. Por su parte, el sargento mayor Edward Gómez sufrió una herida anfractuosa en la cara interna del brazo derecho.
Ambas lesiones fueron causadas por proyectiles de armas de fuego, provocados por el calor generado por el estallido que se produjo en el almacén. Ambos recibieron asistencia psicológica y se llevaron a cabo gestiones para brindar una prótesis al asimilado Mota Pierre.
El 3 de octubre del 2020, la tragedia toco la puerta de Santiago, en donde un devastador estallido sacudió el municipio de Licey al Medio, dejando un saldo trágico de 11 personas fallecidas y múltiples heridos. La explosión tuvo lugar en una estación de gas licuado de petróleo perteneciente a la empresa Coopegas.
La catástrofe tuvo consecuencias inmediatas, cobrando la vida del vigilante Francisco Trinidad, de 66 años, así como del bebé Braylin Ulloa Santos, apenas con seis meses de vida. Además, nueve individuos resultaron gravemente heridos, enfrentando quemaduras de segundo y tercer grado. Tristemente, en los días posteriores, se confirmó el deceso de estas personas debido a la gravedad de sus lesiones.
El fiscal titular de Santiago, Francisco Núñez, señalo en ese momento que la explosión fue resultado de una combinación de factores, incluyendo negligencia, falla humana y mecánica. Se descubrió que las válvulas de seguridad no funcionaron como debían, lo que contribuyó a la magnitud de la explosión.
El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes también entró en acción tras la tragedia, cerrando tres estaciones de gas adicionales pertenecientes a Coopegas ubicadas en Valverde, Montecristi y La Victoria debido a irregularidades en su operación. Según el MICM, la empresa habría estado operando bajo el pretexto del cooperativismo para evadir impuestos.
Días después, le fueron dictadas medidas de coerción a cuatro ejecutivos de la Cooperativa de Servicios Múltiples La Económica consistente en garantías económicas de 10 millones de pesos para el presidente Audilio Concepción, Héctor Ramón Vásquez Sandoval, gerente general y Roberto Antonio Polanco, encargado de operaciones; y 1 millón de pesos para Emilio Yan, el encargado del local de la planta. Además, se les impuso la presentación periódica y el impedimento de salida del país.
El Reglamento 522-06 de seguridad y salud en el trabajo que tiene como objetivo, “prevenir accidentes, lesiones y daños a la salud que se deriven de consecuencia del trabajo, guarden relación con la actividad laboral o sobrevengan durante el trayecto al trabajo, reduciendo al mínimo las causas de los riesgos inherentes al medio laboral”.
El Reglamento establece pautas fundamentales en caso de explosión y fuego, el cual estipula que, se requiere que fabricantes, importadores y proveedores de productos y sustancias químicas utilizadas en el trabajo, empaquen y etiqueten estos elementos de manera segura y claramente identificable.
Además, deben proporcionar información detallada sobre su contenido, riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, y medidas de intervención en caso de emergencia. Es crucial que los fabricantes garanticen la efectividad de los equipos de protección proporcionados, y estos deben estar certificados por organismos internacionales reconocidos.
Asimismo, los fabricantes, importadores y proveedores deben colaborar con los empleadores para asegurar que el uso y manipulación de maquinaria, equipos y productos se realice sin poner en peligro la seguridad y la salud de los trabajadores, proporcionando información en español acompañada de símbolos de prevención. Estas disposiciones son cruciales para prevenir y mitigar los riesgos de explosiones y fuegos, reduciendo la posibilidad de tragedias.
La explosión deja un trágico resultado: edificios arrasados, viviendas devastadas, automóviles inutilizados, fragmentos humanos esparcidos en el suelo, bloques de concreto desprendidos y hierros retorcidos por las llamas, todo ello acompañado del dolor por los fallecidos.
Hace 5 años de la trágica explosión de la fábrica de plástico PolyPlas, ubicada en Villas Agrícolas, Distrito Nacional que dejó un saldo de al menos 8 muertos, 103 heridos entre empleados de la fábrica y vecinos del lugar y, al menos, 22 vehículos fueron aplastados por los escombros y por los efectos de la poderosa onda expansiva que generó la explosión.
La explosión y posterior incendio de Polyplas, que se sintió en varios sectores aledaños, causó daños a unas 25 viviendas ubicadas en los alrededores de la fábrica, algunas de las cuales quedaron destruidas, al igual que varios vehículos. El siniestro afectó a varias escuelas y a dos hospitales. Aquel 5 de diciembre de 2018 cambió la vida de decenas de familias, muchas de las cuales viven todavía con los traumas psicológicos que les dejó esa experiencia.
Leer Más
En ese momento, el informe del Cuerpo de Bomberos atribuyo a fallas en el sistema de seguridad el origen del siniestro.
Las tragedias causadas por explosiones no son simples accidentes; son el resultado de una serie de factores alarmantes que ponen en riesgo nuestras vidas. Desde la carencia de una cultura de prevención hasta el desmedido afán de lucro de empresarios, pasando por la falta de supervisión de las autoridades y el irrespeto por la vida humana, estas desgracias se desatan y luego se olvidan.
La irresponsabilidad estatal, privada y colectiva ha tejido un ciclo vicioso que parece no tener fin. La obsesión por el lucro inmediato prevalece sobre la seguridad y el bienestar de todos. La tragedia en San Cristóbal debe trascender las lágrimas y la solidaridad. No podemos seguir reaccionando después del desastre; es hora de prevenirlo.
La historia se repite.
Desde la antigua fortaleza militar Antonio Duvergé hasta la estación de gas licuado de petróleo Sol Gas en Los Ríos, pasando por la fábrica de plástico PolyPlas en el corazón de Villas Agrícola, cada explosión lleva consigo una carga de tragedia y destrucción. Personas heridas, vidas perdidas, hogares y negocios destrozados.
El año 2016 quedó inscrito en la memoria colectiva por una serie de sucesos lamentables de este tipo. A lo largo de ese año, se registraron no menos de cuatro explosiones trágicas en envasadoras de gas en diversas provincias del país.
El 16 de febrero de 2016 se convierto en un fatídico amanecer en el sector Los Ríos, marcado por una explosión que dejó su huella de devastación: 3 muertos y más de 40 heridos, algunos de gravedad. Una envasadora de Gas Licuado de Petróleo, conocida como Sol Gas, se convirtió en el epicentro de la tragedia.
Vidas se extinguieron en un abrir y cerrar de ojos, mientras la envasadora se consumía en llamas. La incertidumbre reinaba en los alrededores, con preguntas sin respuesta sobre la causa de la explosión y la magnitud de los daños. Las autoridades y los equipos de socorro acudieron al llamado desesperado de los vecinos. Bomberos lucharon incansablemente contra las llamas y el caos, enfriando tanques de combustible que amenazaban con explotar.
Nueves días después del siniestro de Los Ríos, es decir el 24 de febrero del 2016, hubo un incendio en una envasadora ubicada en la salida de San José de las Matas hacia el distrito municipal El Rubio, dejó como saldo dos personas con quemaduras graves y considerables daños materiales.
El siniestro que consumió por completo el establecimiento, conocido como el Verdun Gas, ocasiones que los residentes de la zona evacuaran sus hogares.
Luego, el 3 marzo de 2016 se registró un incendio en la envasadora de gas Mariot Gas en Alma Rosa II en Santo Domingo Este, que cobró la vida de por lo menos tres personas. Mientras que diez vehículos fueron reducidos a escombros carbonizados.
El incidente tuvo origen en un fallo inesperado en la manguera de un camión abastecedor, desencadenando un escape de gas que rápidamente se convirtió en un incendio devastador. El fuego, alimentado por el gas liberado, se propagó rápidamente, desafiando los esfuerzos por contenerlo. A lo largo de más de tres horas, los bomberos trabajaron arduamente para controlar las llamas que consumieron las instalaciones.
La sucesión periódica de tragedias que pareciera estar sincronizada con la fatalidad, aproximadamente cada dos años, subraya la urgente necesidad de aplicar y hacer cumplir la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos. Esta legislación, en su artículo 47, establece de manera categórica que las actividades industriales deben ubicarse a una distancia segura que no comprometa cuerpos de agua, edificaciones educativas, de salud o viviendas.
En este contexto de dolor y luto, la Ley 368-22 surge como un faro de esperanza y solución.
Diseñada para regular de manera rigurosa y preventiva el uso de suelo, esta ley establece directrices claras para evitar la ubicación inadecuada de actividades industriales y envasadoras en áreas densamente pobladas. Su objetivo es claro: preservar la seguridad y el bienestar de nuestras comunidades, y evitar que nuevas tragedias se sumen a la ya dolorosa lista.
Otro día que queda marcado en la memoria de San Cristóbal, es el 5 de septiembre de 2016, cuando una explosión sacudió los cimientos de la fábrica Productos del Trópico, conocida también como Coco López. Una vez más, el lamento se hizo eco, y la tragedia añadió su cruel sello a la ya extensa lista de siniestros que ha sacudido esta provincia.
Dos vidas fueron segadas en un instante, llevándose consigo los sueños y esperanzas de José Luis Troncoso Santana, operador de la caldera, y Pablo Morales Valdez, empleado en la misma área, y 7 personas resultaron heridas.
En el 2010, la República Dominicana fue testigo de otro trágico episodio que se unía a una lista lamentable de sucesos similares. En este caso, el 11 de agosto de ese año, un estremecedor fuego iluminó el cielo y dejó una estampa desoladora en el sector El Jobo de Guazumal, Tamboril, Santiago.
Una explosión en una envasadora de gas propano, conocida como Ana Gas, desencadenó un devastador incendio que ocasionó graves pérdidas.
Las investigaciones realizadas las autoridades arrojaron cifras impactantes. Las pérdidas económicas se estimaron en más de 40 millones de pesos, mientras que al menos 14 personas resultaron lesionadas, entre heridos y quemados. La comunidad se enfrentó a la devastación de ocho vehículos consumidos por las llamas, así como la destrucción parcial de una fábrica de salami y tres casas cercanas a la envasadora.
Las circunstancias que rodearon el siniestro se desplegaron gradualmente, los empleados de la estación habían alertado sobre un escape de gas, lo que desencadenó la respuesta de los bomberos. Trágicamente, poco después de su llegada, se produjo una explosión impactante que generó dos estallidos.
En otro fatídico episodio que ha dejado una profunda marca en la memoria nacional, el 24 de noviembre de 2010, un edificio en construcción vinculado a Promese, el Programa de Medicamentos Esenciales, se convirtió en escenario de una tragedia desgarradora. En la Ciudad de la Salud, ubicada en la avenida Charles de Gaulle, en Villa Mella, se desató un incendio que cobró la vida de nueve personas, incluyendo a dos ingenieros, dejando un legado de dolor y desolación.
La detonación inicial, aparentemente provocada por un cortocircuito, según informaron en esa época las autoridades mientras familias enteras lloraban a sus seres queridos. El incendio, que arrasó durante dos horas encendía sospechas sobre la causa subyacente, atribuyendo la explosión a un tanque de acetileno empleado en tareas de soldadura.
Una tragedia más que se suma a la dolorosa lista de sucesos que han impactado el país el 14 de diciembre de 2006, un estallido violento sacudió la avenida Rómulo Betancourt en Santo Domingo, dejando a su paso un rastro de destrucción y heridas profundas.
Decenas de personas se encontraban en el epicentro de la explosión, que tuvo lugar en un negocio dedicado a la venta de comida. La detonación de un tanque de gas propano desató un fuego avasallador que arrasó con este local y otros establecimientos colindantes.
El desenlace de esta tragedia dejó un saldo doloroso: quince personas sufrieron quemaduras graves, enfrentando la lucha por sus vidas, y según reseñan algunos medios 3 personas perdieron la vida. El incendio que siguió a la explosión consumió parte de la Plaza Bolívar, causando daños irreparables en el proceso.
Otra tragedia enluta tuvo lugar el 21 de junio de 2006, una fuerte explosión sacudió la Plaza Diamond Mall, dejando a su paso un panorama devastador y doloroso.
El estallido, desencadenado por un escape de gas propano, cobró un precio alto en vidas y bienes materiales. Una persona perdió la vida y 4 resultaron heridas. Entre un 30 y un 40% de la edificación quedó reducida a ruinas, afectando gravemente sus tiendas.
Hace casi 23 años, específicamente el próximo 3 de octubre, República Dominicana recordará una de las tragedias que dejó una profunda huella en San Cristóbal y en todo el país: la explosión que sacudió el almacén de municiones de a fortaleza militar Antonio Duvergé, comúnmente conocida como el Polvorín.
Este incidente, que conmovió a la nación, ocurrió en la fortaleza que albergaba a aproximadamente 1,000 personas en ese momento. El impacto de la explosión se sintió de manera devastadora, cobrando la vida de una persona. aunque las consecuencias pudieron haber sido aún más catastróficas debido a la peligrosidad de lo que se guardaba en ese lugar: bombas y otros elementos explosivos.
La fortaleza, en aquel entonces, cumplía una función penitenciaria al albergar a alrededor de mil reclusos. Por lo que cientos de prisioneros fueron evacuados.
Cada tragedia es evitable, y cada vida perdida es una advertencia que no podemos ignorar. La lección es clara: prevenir es la única respuesta.
Por Ángela Ramirez
