Santo Domingo, RD.- Recientes casos de abuso laboral o trabajo forzoso, ponen en tela de juicio el buen clima laboral para desarrollo empresarial y las actividades productivas de República Dominicana.
A tal punto que, en diversas ocasiones, empresas desarrollan sus actividades productivas en el país, se han visto en la obligación de cerrar sus actividades y enfrentar e incluso demandas.
En noviembre pasado, la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo, notificó que, el personal de Aduanas y Protección Fronteriza de los EE. UU., detendrá en todos los puertos de entrada a EE. UU. el azúcar sin refinar y los productos a base de azúcar producida en la República Dominicana por Central Romana Corporation Limited (Central Romana).
Destacó que la orden se emitió en respuesta a informes sobre el uso de trabajo forzoso en sus operaciones.
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Organismos internacionales
Según dijo, identificó 5 de los 11 indicadores de trabajo forzoso de la Organización Internacional del Trabajo durante su investigación: abuso de vulnerabilidad, aislamiento, retención de salarios, condiciones de trabajo y de vida abusivas y horas extra excesivas.
“Esta Orden de Liberación de Retención demuestra el compromiso de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los EE. UU. (CBP) de proteger los derechos humanos y los estándares laborales internacionales y promover un mercado global justo y competitivo”, dijo el comisionado interino de la CBP, Troy Miller. “La agencia continuará estableciendo un alto estándar global investigando agresivamente las denuncias de trabajo forzoso en las cadenas de suministro de los EE. UU. y manteniendo la mercancía contaminada fuera de los Estados Unidos”.
Recordó que, en su informe de septiembre de 2022 titulado “Estimaciones globales de la esclavitud moderna: trabajo forzoso y matrimonio forzado”, la Organización Internacional del Trabajo estima que casi 28 millones de trabajadores sufren condiciones de trabajo forzosoa en todo el mundo. Las empresas extranjeras explotan el trabajo forzoso para vender bienes por debajo del valor de mercado.
En otras ocasiones, el Departamento de Trabajo de los EE.UU. dio a conocer sus preocupaciones sobre las “condiciones de trabajo atroces” y los desafíos de aplicación de la ley laboral en la industria azucarera de la República Dominicana.
Ministerio sanciona y cierra
Este jueves, el Ministerio de Trabajo dispuso el cierre de la empresa Kington Aluminium, por encontrar indicios de prácticas abusivas que ponen en peligro la vida de sus trabajadores.
Durante la inspección de supervisores de la institución se constataron distintas violaciones. Entre ellas, a salarios mínimos, horas extras, falta de comité de seguridad y salud en el trabajo. Además, violaciones relativas al descanso semanal, falta de pago salario vacaciones, no disfrute de vacaciones y jornadas excesivas de trabajo.
El Ministerio indicó que todas esas violaciones están consignadas en 56 actas levantadas en las últimas cuatro visitas a sus instalaciones.
La industria sancionada por Estados Unidos forma parte de once instalaciones industriales, ferreteras, comerciales y de importación propiedad la mayoría de empresarios chinos, cuyas actividades paralizó el Ministerio de Trabajo ante el peligro inminente que representan para la seguridad y la salud de sus trabajadores.
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Los establecimientos sancionados por autoridades laborales dominicanas, ubicados en la provincia Santo Domingo, Villa Consuelo y avenida Nicolás de Ovando, en el Distrito Nacional, los acusaron de violar el artículo 62 de la Constitución, el 436 del Código de Trabajo y el Convenio 81 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Otros informes destacan que, el Ministerio de Trabajo y las empresas azucareras han logrado avances importantes, sin embargo, persisten en las preocupaciones sobre las condiciones de trabajo peligrosas.
Entre estas, la verificación de salarios y horarios, las condiciones de vida inadecuadas, el estatus legal precario de los trabajadores y otros posibles abusos de los derechos laborales de estos empleados.
Se destaca que ese tipo de denuncias ponen en riesgo la reputación de República Dominicana en materia de garantía de derechos laborales.
