Santo Domingo RD.- Dirigentes de la sociedad civil y juristas afirman que se hace necesario que en el país se establezca un fiscal especial anticorrupción o un acusador adjunto, ya que la población no confía en las autoridades del Ministerio Público.
Para la directora de Participación Ciudadana, Rosalía Sosa, el Código Procesal Penal dominicano en su artículo 373 si concibe la figura de un «acusador adjunto», quien consideró es necesario para que lleve el caso de sobornos de la empresa Odebrecht.
Este artículo indica que: «En los casos complejos, el procurador general de la República puede contratar los servicios de uno o dos abogados particulares que cumplan con las condiciones de ley para ejercer las funciones del Ministerio Público, para que actúen como acusadores adjuntos con iguales facultades y obligaciones del funcionario al cual acompañan».
Mientras que para el coordinador de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción, Julio César de la Rosa y el jurista César Amadeo Peralta, para permitirse el nombramiento de un fiscal independiente se debe modificar la Constitución Dominicana.
Ponderaron que como es una solicitud de la población y no de intereses partidarios, tal reforma debería cumplirse.
Los funcionarios del Gobierno también han respondido a los llamados de la población.
Recordar, además, que ya en el 2015 la Constitución Dominicana fue modificada en su artículo 124 para permitir que el presidente de la República optara por un segundo y único período consecutivo.
