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El Ministerio Público cuenta con testimonios de reconocidos empresarios para probar que los vinculados a la operación Calamar sustrajeron más de 17 mil millones de pesos de las arcas públicas.
Son esos testimonios los que vinculan directamente a los exministros de Obras Públicas, Hacienda y administrativo de la Presidencia al entramado de corrupción.
Entre las pruebas con las que cuenta el Ministerio Público para demostrar que el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, lideró, por instrucciones del expresidente Danilo Medina, un entramado de corrupción en el que participó el exministro administrativo, José Ramón Peralta y otros 18 exfuncionarios y empleados gubernamentales, con el fin de financiar la campaña política de Gonzalo Castillo, se encuentran los testimonios del empresarios Ramón Emilio Jiménez y el ingeniero Bolívar Antonio Ventura.
Este último es quien aseguró que el entramado era liderado por Donald Guerrero y José Ramón Peralta, indicando que estos lo extorsionaron junto al condenado por corrupción Francisco Pagán, quien lo llevó donde Peralta y que este le promedio el pago de las deudas que tenía el Estado con sus empresas a cambio de un aporte a la campaña que, por insistencia de Donald Guerrero, ascendió a 527 millones 694 mil 838 pesos.
Mimilo Jiménez entregó dinero en bolsas y maletas
Por su lado, el empresario Ramón Emilio Jiménez, conocido como Mimilo, le aseguró a los investigadores que personalmente le entregó en bolsas y maletas 3 mil 812 millones de pesos al excandidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo.
Además de estos testimonios, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa cuenta con interrogatorios a Francisco Pagán, que certifica su participación, José Arturo Ureña, quien confesó haber servido de intermediario para operaciones ilícitas; Frixo Medina, quien entregó el proyecto de cobro ilegal mensual a las bancas de loterías, deportivas y colmados con tragamonedas; José González, quien confiesa haber pagado soborno por 43 millones a la estructura criminal; y José Pablo Ortiz, quien confesó ser supervisor del referido programa que una primera etapa les generó ganancias de entre 25 y 30 millones de pesos mensuales.
