Con reporte de María Saldaña.– La Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social elevó el tono del conflicto entre clínicas privadas y ARS. La institución pidió al Tribunal Superior Administrativo imponer una astreinte de RD$5 millones diarios si las partes accionadas incumplen una eventual orden judicial que disponga mantener o restablecer los servicios de salud a los afiliados de Primera ARS y ARS Futuro.
La solicitud fue presentada dentro de una acción de amparo colectivo con medida precautoria, luego del anuncio de la Asociación Nacional de Clínicas Privadas de suspender, desde el martes 14 de julio, consultas, procedimientos programados y otros servicios a los usuarios de esas dos administradoras. El gremio atribuye la medida a diferencias por las tarifas pagadas por las ARS a las clínicas privadas.
En claves
- La DIDA quiere que cada día de desacato cueste RD$5 millones.
- El dinero no sería para la institución, sino para una cuenta destinada a financiar servicios de salud.
- La medida busca evitar que afiliados de Primera ARS y ARS Futuro queden sin atención en clínicas privadas.
- ANDECLIP anunció la suspensión desde el 14 de julio por un conflicto de tarifas.
- La DIDA advierte que aplazar diálisis, tratamientos oncológicos o seguimientos crónicos puede causar daños irreparables.
El destino de las posibles multas
La DIDA pidió que la astreinte se fije en beneficio de la Cuenta Cuidado de la Salud de las Personas del Seguro Familiar de Salud, administrada por la Tesorería de la Seguridad Social.
En términos prácticos, la institución plantea que si alguien incumple una orden judicial orientada a proteger a los afiliados, el costo económico de ese desacato debe volver al sistema de salud. La DIDA sostiene que esa cuenta tiene un destino legal vinculado al financiamiento de prestaciones médicas para los afiliados.
Pacientes que no pueden esperar
Para la DIDA, el conflicto no puede trasladarse a los usuarios. La institución afirma que alrededor de 1.4 millones de afiliados podrían verse afectados por una disputa en la que no participaron y de la que no deberían asumir consecuencias. Por eso acudió al TSA mediante un amparo colectivo, una vía prevista para proteger derechos fundamentales ante una amenaza inminente.
La entidad también cuestionó que la continuidad de emergencias y cuidados intensivos sea suficiente para evitar daños. Según explicó, muchos servicios clasificados como programados no son opcionales ni postergables: tratamientos oncológicos, diálisis, controles de enfermedades crónicas y procedimientos de alto costo pueden agravarse si se retrasan.
La DIDA fundamentó su acción en el derecho constitucional a la salud y a la seguridad social. La institución recordó que la Constitución protege la atención oportuna, no solamente la respuesta ante una emergencia extrema. También citó la Ley 87-01, que le reconoce facultades para asistir, representar y dar seguimiento a casos de afiliados del sistema.
Aunque reconoció que el reclamo tarifario de las clínicas privadas debe ser atendido, la DIDA insistió en que la discusión debe resolverse en los espacios institucionales del sistema, especialmente el Consejo Nacional de Seguridad Social y la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, sin suspender servicios a pacientes.
La institución llamó a los afiliados que reciban una negativa de atención a reportar el caso de inmediato. Para esos fines, mantiene disponible su Call Center 24 horas, todos los días, en el 809-472-1900.
