La magistrada Rosalba Ramos explicó los alcances legales de las órdenes de arresto en República Dominicana y destacó que el poder del Estado para detener a una persona está limitado por garantías constitucionales y procesales que buscan proteger a los ciudadanos frente a posibles abusos.
Ramos señaló que existe una percepción equivocada de que la Policía puede detener a cualquier persona en cualquier momento, cuando en realidad el proceso penal establece límites claros y escenarios específicos en los que un arresto puede realizarse de manera legal.
La procuradora fiscal titular del Distrito Nacional explicó que una orden de arresto es una autorización emitida por un juez a partir de una solicitud presentada por el Ministerio Público, sustentada en indicios de que una persona pudo haber cometido un delito.
Indicó que este procedimiento implica la existencia previa de una investigación. Subrayó además que la orden de arresto no representa el inicio del proceso penal, sino una consecuencia de las pesquisas realizadas por las autoridades competentes.
Asimismo, enfatizó que toda orden debe estar debidamente motivada, es decir, contener las razones concretas que justifican la detención de una persona. “No basta con sospechas vagas. Deben existir fundamentos concretos”, expresó.
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Estas orientaciones se ofrecieron durante su cápsula informativa semanal para el programa 55 Minutos con Julissa Céspedes, que se transmite de lunes a viernes por CDN, canal 37, a las 10:00 PM.
Ramos también explicó que en República Dominicana solo existen dos escenarios en los que una persona puede ser arrestada legalmente. Uno es mediante una orden judicial y el otro en casos de flagrancia, cuando el delito está ocurriendo o acaba de ocurrir.
Solo dos escenarios permiten un arresto legal en RD
Advirtió que cualquier arresto realizado fuera de esos parámetros puede considerarse ilegal. También señaló que puede tener consecuencias importantes dentro del proceso penal, incluyendo la exclusión de pruebas o el debilitamiento del caso judicial.
La fiscal hizo un llamado a la ciudadanía a conocer sus derechos y exigir el respeto de las formalidades legales. También pidió comprender que el ejercicio del poder estatal está condicionado por normas y garantías establecidas en la ley.