El canciller de la República, Roberto Álvarez, aclaró ciertas dudas en torno al acuerdo de entendimiento entre Estados Unidos y República Dominicana. Sin embargo, aún persisten dudas y oposiciones en distintos sectores sociales.
Un acuerdo con vigencia de un año, hasta 30 extranjeros deportados por mes y que la carga económica recae sobre los hombros de los Estados Unidos. Estas son algunas de las dudas que se han despejado en torno al acuerdo de entendimiento entre el gobierno y ese país norteamericano. Sin embargo, los desacuerdos y las dudas persisten.
En el caso del vocero del bloque de senadores del Partido Revolucionario Moderno, Moisés Ayala se mostró en desacuerdo con la medida. Mientras que el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, abogó por mayores explicaciones sobre el alcance del memorándum. Por otro lado, aseguró de antemano que el mismo no violentará las leyes dominicanas.
«Nunca vamos a estar de acuerdo con que nosotros seamos receptores de todo lo que no quieran en otro país, independientemente del acuerdo que se haya hecho, pero son decisiones del poder ejecutivo y de Cancillería«, manifestó Moisés Ayala, vocero de senadores del PRM.
«Tendrán que dar más detalles; la sociedad espera más detalles, pero sí quiero que se entienda que no se le quiera sacar capital político. «Bajo ninguna circunstancia nuestras normas establecidas en la Constitución y mucho menos la soberanía de la República Dominicana estarán en juego», afirmó Ricardo de los Santos, presidente del Senado.
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Opiniones divididas en el ámbito político y social
Para el dirigente político Rafael Paz y el presidente del Consejo de Unidad Evangélica (Codue), Feliciano Lacen, consideran que el gobierno no está siendo claro. También sostienen que no es viable que se reciban personas que de alguna forma otros países han rechazado.
«A nadie lo deportan porque sea un angelito. «Si otro país está rechazando a una persona en su territorio, tiene razones que también nos llevarían a nosotros como Estado a rechazarlos», opinó Rafael Paz, dirigente político.
«Yo pienso que cada país tiene un país y un compromiso con su población, de manera que nosotros creemos que somos un país soberano y que debemos respetar nuestra soberanía y no recibir imposiciones internacionales. Cada ciudadano que tiene un problema, un conflicto de deportación porque está irregular o cometió algo, debe ser destinado y dirigido a su país natal. «No veo por qué la República Dominicana tiene que ser un país utilizado como tránsito, como si nosotros fuéramos centros de acopio», rechazó Feliciano Lacen, presidente del Codue.
De su lado, el vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Pelegrín Castillo, calificó como un error el memorando. Consideró que esta medida responde a un intento del Gobierno de enfriarse con los norteamericanos tras la controversia.
«A mí me hubiera gustado que el gobierno le hubiera dicho al país: «Miren, conseguimos que el escudo de las Américas se despliegue para defender al país frente a la crisis de Haití», añadió Pelegrin Castillo, vicepresidente del FNP.
Sin embargo, Castillo consideró acertadas otras dos medidas que contempla el acuerdo, como la extensión del permiso para el uso del AILA. También la declaración de la Guardia Revolucionaria iraní y Hezbolá como organizaciones terroristas.