En San Francisco de Macorís, los padres de una niña que habría sido víctima de abuso sexual cuando tenía tres años han presentado una denuncia, alegando que están atrapados en una batalla incesante con el sistema judicial que ya tiene más de 3 años.
Elizabeth Espaillat y Armando ventura Medina, madre y padre de la menor habló con Reporte Especial explicando el viacrucis que viven en la búsqueda de justicia.
Su lucha se centra en la demanda de una condena contra la persona acusada de perpetrar el presunto abuso. Según ellos, la justicia parece haberlos confinado en un ciclo constante de exigencias y espera, mientras buscan que se haga justicia por el terrible acto que afectó a su hija.
De acuerdo con información proporcionada por el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, durante el período comprendido entre los años 2013 y 2022, se han registrado un total de 2,904 casos de abuso a niños, niñas y adolescentes en el país.
Esto implica que aproximadamente cada 30 horas se denuncia o se perpetra un abuso sexual en contra de un menor en República Dominicana.
Si examinamos el desglose de los datos, entre los años 2013 y 2016, se presentaron ante el CONANI al menos 1,210 casos de abuso sexual. Sin embargo, en el trienio siguiente, que abarca desde el 2017 hasta el 2020, esta cifra aumentó a 1,357 casos. Notablemente, en el periodo más reciente, entre los años 2021 y 2022, se ha reportado un total de 337 casos adicionales, un caso de San Francisco de Macorís podría formar parte de estas estadísticas.
Elizabeth Espaillat, madre de la menor, enfrentó una constante intrusión mediática y digital tras el caso. La presión de la prensa y la difusión en redes sociales de su imagen y la de su hija la obligaron a cerrar sus perfiles por tres años. Además, la situación afectó su empleo, daño su reputación y toda la familia tuvo que ir a terapia y medicarse para poder dormir.
“No podía salir con la niña aquí en San Francisco de Macorís, porque como mi foto y la de ella fue publicada, el director del colegio hizo reunión de padres al principio de la situación, porque sabes que fue una situación que hizo un escándalo muy grande y dicen por ahí pueblo grande como es el pueblo chico, infierno grande, Entonces todo el mundo estaba encima de nosotros. Tuve que nosotros queríamos dinero, que nosotros estábamos haciendo esto por dinero, que un sin número de cosas”, explicó Elizabeth Espaillat, madre de la menor.
El progenitor de la menor expone que, paradójicamente, a pesar de ser las víctimas, se sienten tratados como culpables. En sus propias palabras, afirma que la influencia financiera ejercida por Rafael Sanz, propietario de IADIS, ha prevalecido, creando una dinámica donde su voz y búsqueda de justicia parecen opacadas.
Hemos gestionado solicitudes de entrevista con el director del colegio, los abogados involucrados y la imputada Karina Antigua. Sin embargo, todos se han negado a hablar, argumentando que reservan sus declaraciones para el entorno que consideran más apropiado: los tribunales. Esto es a pesar de que en algún momento previo optaron por comunicarse a través de los medios de comunicación.
El 7 de febrero de 2020, Elizabeth Espaillat presento una denuncia formal contra Karina Antigua acusándola de agresión sexual a una niña de 3 años. Los hechos supuestamente habrían ocurrido, un día antes, 6 de febrero de 2020 en el interior del Centro Educativo IADIS, ubicado San Francisco de Macorís. Lo sorprendente es que, Antigua Jiménez, era la asistente de la maestría de la menor que cursaba en ese momento el grado Pre-Kinder.
La abuela de la pequeña, Damaris Ferreiras, asegura que el recoger a su nieta ese fatídico día, notó signos inquietantes en la menor, quien tenía dificultades al caminar. Lo que sigue es aún más desgarrador: la niña le dijo a su abuela: «que le dolía mucho y que Karina le entro los dedos muchas veces por su parte y olía los dedos y decía que la caca de ella olía rico, que le paso la lengua por los oídos, por la cara y la vulva«.
La acusación establece que, el 7 de febrero del 2020, la menor fue sometida a una evaluación por la Ginecóloga Forense, Hectania Calcaño Medina, informe que reveló hallazgos compatibles con actividad sexual reciente, incluyendo hiperemia vulvar, escoriaciones y laceraciones en introito vaginal y cara interna de ambos labios mayores, así como signos en el área anal.
Al día siguiente, es decir, 8 de febrero del 2020 se emite una orden de arresto contra Karina Antigua Jiménez acusada por agresión sexual, posteriormente el día 10 fue detenida.
Tres días después de la detención de Karina Antigua, es decir, el 11 de febrero del 2022 la menor fue evaluada por la psicóloga del Ministerio De La Mujer, Ana Cecilia María el que establece que la niña “presento una conducta ansiosa, inquieta, insegura, agresiva, que refleja conflictos emocionales internos.
Luego, el 17 de febrero del año 2020, le fue realizado el anticipo de prueba a la menor de edad por medio a la Cámara Gesell; en la misma, la referida, establece entre otras cosas que: «Karina toco su parte íntima y luego las lamió y que ella le dijo a Karina que le iba a dar un fuetazo. Que esto sucedió en el baño del Colegio«.
“Este es un caso que. ¿Claro, un caso donde están las pruebas? Si fuera un caso que no, que fuera que no hubieran pruebas concluyentes, que todo fuera circunstancial. Tal vez uno puede decir que le puedan tiempo a discutir esto, lo otro, pero este este caso es un caso claro donde la prueba mayor que tienen son las pruebas de la de. O sea, a la niña le con tres años le hicieron una, le hicieron una, o sea, a ella la interrogaron en la cámara de Gesell, la interrogaron con una psicóloga que que adecuada para esa edad y ella lo dijo automáticamente con palabras de ella. Entonces eso, eso es una prueba”, afirma Armando ventura Medina, padre de la menor .
Mientras la menor era entrevistada en una Camara Gesell, paralelamente le eran impuestos 3 meses de prisión preventiva como medida de coerción a Karina Antigua que serían cumplidos en el Centro de Corrección Juana Núñez de la ciudad de Salcedo.
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Los progenitores de la niña, quien ahora tiene 7 años, afirman que, a raíz de los informes psicológicos y la entrevista en la Cámara Gesell, se percataron de que su hija había adoptado un comportamiento inusual. Esto sugiere la posibilidad de que el abuso no se limitara únicamente a aquel día en particular.
De igual manera, tras el trágico suceso y que la niña mencionara el nombre de la maestra, la madre recordó que no era la primera vez que la menor mencionaba ese nombre.
El 9 de marzo de 2020, la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís revisó el recurso de apelación presentado por Antigua Jiménez, confirmando la prisión preventiva previamente decretada por la Oficina Judicial de Atención Permanente del Distrito Judicial de Duarte. Luego, el 4 de mayo, la parte acusada presentó una solicitud para la revisión de la medida de coerción, la cual fue recibida dos días después y programada para su consideración al día siguiente, el 7 de mayo de 2020.
Por motivos que se desconocen según el juez Víctor Alfonso Ynoa Gómez, Katherine Antigua no fue trasladada a la cárcel preventiva Juana Núñez en el Municipio de Salcedo, donde se le aplicaría la medida preventiva, por lo que permaneció recluida en el Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís.
En medio de la pandemia del Covid-19, específicamente el 7 de mayo de 2020, el juez Ynoa Gómez tomó la decisión de reemplazar la prisión preventiva por arresto domiciliario para Antigua Jiménez. Esta determinación se fundamentó en la imperante necesidad de que la acusada abandonara el establecimiento penitenciario en el que estaba recluida, en respuesta a la emergencia nacional desencadenada por la propagación del virus.
La modificación de la medida de coerción, según lo planteado por los denunciantes, representa solamente la superficie de esta trama, que desde sus inicios se ha visto enredada en acusaciones que abarcan desde persecución hasta la percepción de trato preferencial por parte de los jueces.
La joven pareja asegura que esta situación ha impactado profundamente en todos los aspectos de su vida, generando un desembolso económico significativo en el proceso.
A pesar de las dificultades y obstáculos enfrentados, los padres se aferran a la esperanza de que finalmente se logrará la justicia que tanto anhelan para su hija y para tantos otros niños en situaciones similares.
Por Ángela Ramirez
