Santiago, RD.- La jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, Iris Borge, impuso 18 meses de prisión preventiva contra ocho de 16 imputados en la Operación Colibrí, acusados de falsificación de documentos públicos.
La magistrada acogió el pedimento del Ministerio Público y declaro el caso complejo contra los imputados Luis Manuel Rodríguez Taveras, William Ramón Rodríguez Rodríguez, Samuel Elías Ceballos Ramos, Ana Delia Isidra Tavarez Soto.
Además, contra Tomás Emmanuel Rojas Guzmán, Julio César Almonte Espinal, Arsenio Rafael Reyes, y José Carlos Montero Troncoso, este último empleado de la Junta Central Electoral.
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Mientras que le impusieron garantía económica de 500 mil pesos, a través de una compañía aseguradora, a José Acevedo, José Rosario Marte, Yanuel Morales, José Miguel Cruz Hiraldo, Noel de Jesús Padilla Minaya, Rubén Amauris Ramírez, Rubén Darío Núñez Ortega y José Alfonso Acevedo García.
En tanto que para Fausto Merán, se le conocerá la medida cautelar el próximo martes debido a que su abogado abandonó la audiencia.
Los implicados falsificaron actas de nacimiento, cédulas de identidad, títulos universitarios y de propiedad, licencias de conducir, licencias para el porte de armas, entre otros documentos públicos.
La Fiscalía de Santiago trabaja junto a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Policía Nacional, en la investigación, con el apoyo de la Junta Central Electoral, uno de los organismos cuyo sistema se vio vulnerado por los imputados.
Imputación del Ministerio Público
La irrefutable imputación del Ministerio Público, representado durante la audiencia por las fiscales Sourelly Jáquez Vialet, Yeny Liranzo, Esther González y Elvin Ventura, llevó a tres de los imputados a admitir los delitos, poniéndose a disposición del órgano investigador y a comprometerse con colaborar con la investigación.
La jueza destacó la exposición del delito de falsificación de un documento público y como está «simple posesión», como entiende puede verse, de una certificación irregular puede dar lugar a numerosos actos contrarios a la ley.
El Ministerio Público, haciendo uso de numerosas diligencias de investigación, incluyendo la figura del agente encubierto o investigador bajo reserva, que bien valoró el tribunal, se extendió durante más de un año en la identificación de los miembros de la estructura, el rol que desempeñaba cada uno, la recolección de datos y el alcance de sus ejecuciones.
El tribunal valoró la calidad y la contundencia de las pruebas aportadas en esta etapa inicial y otorgó un plazo de ocho meses para que se deposite acusación formal contra los implicados.
Entre las pruebas materiales, el Ministerio Público aportó plásticos para la impresión de cédulas, carnet, licencias de conducir y para el porte de armas de fuego; también títulos de propiedad falsificados, entre otros elementos que constituyen una irrefutable demostración de la implicación de los detenidos con los hechos.
Cargos penales de los imputados
Los imputados se enfrentan a cargos penales descritos en los artículos 265, 266, 145, 147, 148, 150 y 151 del Código Penal Dominicano; también los artículos 13 y 14 numeral 4 de la Ley 8-92 sobre Cédulas de Identidad y Electoral; artículos 86 y 88 de la Ley 172-13 sobre Protección Integral de los Datos Personales; artículo 6 párrafos 17, 18 y 19 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
En adición, contra Acevedo García, se presentan cargos por la violación a los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas de Fuego y Materiales Relacionados.
