San Francisco de Macorís, RD.- Los maestros del Centro Educativo Ricardo Molina, ubicado en la comunidad del Aguacate, en San Francisco de Macorís, han hecho un llamado urgente al Ministerio de Educación ante las precarias condiciones en las que deben impartir clases a los estudiantes. Según los docentes, las condiciones actuales dificultan el aprendizaje y ponen en riesgo el bienestar de los niños.
Aulas insuficientes y falta de infraestructura básica
El Centro Educativo Ricardo Molina, que pertenece al Distrito Educativo 07-06, cuenta con solo tres aulas, una de las cuales es utilizada para la dirección y el preescolar. Las otras dos aulas deben albergar a los estudiantes de seis grados de primaria, lo que genera hacinamiento y hace imposible ofrecer una enseñanza adecuada. Además, la escuela carece de un comedor, un salón de maestros. También una oficina para la dirección y un área adecuada para actividades recreativas y de educación física.
El profesor Francis Rodríguez, miembro del personal docente, expresó su preocupación por las condiciones que enfrentan tanto los estudiantes como los maestros. «Es difícil brindar un ambiente propicio para el aprendizaje cuando los niños tienen que recibir sus clases en estas condiciones. El recreo y las clases de educación física se realizan en plena calle, donde pasan vehículos constantemente«, afirmó Rodríguez.
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Urgente intervención del Ministerio de Educación
La falta de un espacio adecuado para las actividades escolares es una preocupación constante para los maestros, quienes piden una pronta solución a esta situación. Además de la inseguridad que implica tener clases en la calle, la falta de instalaciones básicas como un comedor y un área recreativa también afecta directamente el bienestar de los estudiantes.
Los maestros del Centro Educativo Ricardo Molina han instado al Ministerio de Educación a intervenir para mejorar la infraestructura de la escuela. Esto con el fin de ofrecer un ambiente escolar adecuado y seguro para los niños. Según los docentes, es fundamental que el Estado se haga cargo de estas problemáticas para garantizar el derecho de los estudiantes a recibir una educación de calidad en un entorno apropiado.
