Samaná, RD. Tras una audiencia celebrada en el Tribunal de Instrucción del Distrito Judicial del municipio de Santa Bárbara de Samaná, la magistrada a cargo del caso dictó visita periódica como medida de coerción para Faustino Morel y su hermano Santiago Morel Polanco, desestimando la solicitud de prisión preventiva presentada por el Ministerio Público.
Al salir del estrado judicial, los abogados Fabián Mercedes, Juan Pedro Guillandeaux y Vinicio de Peña, valoraron la decisión del tribunal como una actuación sumamente objetiva.
Según explicó, la jueza determinó que los argumentos de la supuesta víctima y del órgano acusador no guardaban coherencia con la gravedad de una imputación formal, por lo que optó por descartar la privación de libertad.
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En la misma línea, el abogado Bunel Ramírez calificó la decisión como positiva e independiente, señalando que mantener a los imputados bajo prisión preventiva habría resultado injusto y desproporcionado frente a los elementos presentados en el proceso.
En el marco de estos acontecimientos, el jurista Faustino Morel, y Santiago Morer Polanco, que permanecieron, privado de libertad durante 20 días anunciaron formalmente su liberación, proclamando de manera categórica que “se ha hecho justicia”.
«Lo único que tengo que decir es que se hizo justicia. A mí me estuvieron acusando de hechos que yo soy incapaz de realizar por mi naturaleza como hombre social, como hombre cristiano y como hombre de bien», expresó el Lic. Faustino Morel, subrayando su compromiso permanente con la legalidad y la paz social.
Por su parte, el segundo ciudadano liberado ofreció declaraciones a la prensa sobre el impacto de haber permanecido encarcelado por espacio de tres semanas sin una justificación legal sólida, recalcando que su núcleo familiar se sustenta en el trabajo honesto y el esfuerzo diario.
Paralelamente al proceso judicial, decenas de manifestantes, compuestos por familiares, herederos de la familia Calcaño y representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se congregaron frente al Palacio de Justicia de Samaná para exigir el cese de lo que califican como abusos judiciales.
Los voceros del movimiento manifestaron su inconformidad con el manejo del Ministerio Público local en relación con un litigio territorial que data de varias décadas.
Los herederos exigen el respeto a una sentencia dictada mediante fallo judicial en el año 1955, la cual adjudica los terrenos de la parcela número 5 del distrito catastral número 6 a la familia Calcaño.
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Los manifestantes denunciaron públicamente que la fiscal Erika actúa en perjuicio de los intereses de los herederos y en contra de las decisiones emitidas por la Suprema Corte de Justicia.
José García Díaz, vicepresidente provincial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en Hato Mayor, estuvo presente para exigir imparcialidad y apego a la ley por parte de las autoridades judiciales locales.
Los manifestantes advirtieron que continuarán en pie de lucha hasta que se garanticen los derechos adquiridos de la familia Calcaño y se esclarezcan de manera definitiva los procesos legales en curso.
Por Federico Rutan
