Santo Domingo.- El Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico, conocido como Pacto Eléctrico, es un acuerdo suscrito por distintos sectores de la sociedad dominicana, incluyendo el Gobierno, empresas privadas, usuarios del servicio y organizaciones sociales. Su propósito central es definir una estrategia común para mejorar la calidad y eficiencia del sistema eléctrico, reducir sus costos, fomentar la transparencia y garantizar la sostenibilidad ambiental a largo plazo.
Este acuerdo busca establecer una visión compartida sobre el futuro del sistema eléctrico nacional, con el objetivo de que la República Dominicana pueda contar con un servicio energético eficiente, competitivo y sostenible.
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Según lo estipulado en los documentos oficiales, el pacto tendrá plena vigencia hasta el año 2030, independientemente de cualquier cambio político que ocurra durante ese período.
Uno de los aspectos clave del acuerdo es la implementación de mecanismos eficaces y transparentes que aseguren el cumplimiento de los compromisos establecidos. Así como su monitoreo, evaluación continua y retroalimentación.
En cuanto al componente ambiental, el pacto reafirma la obligación de acatar la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales (64-00). Así como los tratados internacionales relacionados con la protección del entorno.
Además, el documento contempla un plan específico para reducir las pérdidas energéticas del sistema, con el objetivo de alcanzar su sostenibilidad económica y financiera. Esta meta incluye bajar el índice de pérdidas a un máximo del 15 % en un plazo de seis años, tomando como referencia las cifras registradas al finalizar el año 2016.
Detención del Pacto Eléctrico
El 19 de julio del 2022, el presidente Luis Abinader, detuvo el Pacto Eléctrico ante las quejas por los aumentos debido a la situación económica que atravesaba el país. Al mismo tiempo, dijo que convocaría al CES para adaptar el referido pacto.
En ese entonces, el Gobierno dominicano subsidiaba en más de US$1,000 millones al sector eléctrico y US$30,000 millones para los combustibles.
