La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Procompetencia) tiene en curso un proceso de identificación de las brechas o vacíos legales contenidos en la Ley General de Defensa de la Competencia Núm. 42-08, para presentar al país un proyecto de ley que permita a las empresas y usuarios finales adentrarse al mercado digital en condiciones justas frente a las grandes tecnológicas internacionales.
Así lo afirmó la directora general de Procompetencia, María Elena Vásquez Taveras, al participar en la entrevista central del programa Despierta con CDN, en donde, además, agregó que actualmente desarrollan un proceso de identificación de buenas prácticas, con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), para elaborar un proyecto de ley de defensa de la competencia acorde con los nuevos tiempos.
Al responder la pregunta de cómo la economía digital y el comercio electrónico de las grandes empresas tecnológicas afectan la competitividad de las entidades nacionales, Vásquez Taveras respondió señalando que esta es una de las grandes preocupaciones de todas las agencias de competencia y organismos internacionales que tienen que ver con el tema.
Sostuvo que esta preocupación se debe a que la mayoría de las legislaciones en los países de la Región no están adaptadas para abordar el tema de los mercados digitales. Sin embargo, precisó que la experiencia europea ha asumido las leyes clásicas de competencia y con ellas han podido sancionar a empresas como Google, Amazon, Microsoft, entre otras.
Normas europeas serán modelo
“Pero no es suficiente. Hemos podido ver la experiencia de Europa para tomarlo como parámetro, pero, definitivamente, hay que modificar nuestras normativas de cara a poder abordar el mercado digital, el cual es una realidad y tiende a la concentración”, añadió.
No obstante, consideró que también el negocio clásico o tradicional debe ir innovando y adentrándose en el proceso natural del mercado digital.
Por otra parte, la funcionaria se refirió a las situaciones que afectan la competitividad de las empresas por malas prácticas de algunos actores del sistema. Sin embargo, señaló que con el apoyo de USAID han estado formando a los investigadores tanto de Procompetencia como los de Compras y Contrataciones Públicas, de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental y a los fiscales.
“Recientemente se hizo un taller con agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por su sigla en inglés), del Departamento de Justicia, auspiciado por la USAID, para formarlos en temas de colusión en las compras y contrataciones públicas, qué buscar, cuándo se da, porque de todas las prácticas anticompetitivas la colusión para mí es la más grave, porque son los más vulnerables los que terminan más vulnerados”, detalló.
El problema de la colusión
La presidenta de Procompetencia advirtió que la colusión es la práctica anticompetitiva más abominable, porque afecta al Estado y a la sociedad, especialmente a los más vulnerables. La definió como el acuerdo oculto de dos o más agentes económicos para distorsionar y manipular los procesos de compras y contrataciones públicas.
“La colusión es un acuerdo secreto e ilegal entre dos o más operadores del mercado para limitar la libre y leal competencia”, añadió. Por tanto, llamó a la unidad para combatirla porque con ello se lucha por la transparencia pública, la ética gubernamental, las buenas prácticas en materia de compras y contrataciones pública.
“Por ejemplo, cuando deciden repartirse el mercado o fijar un precio para venderle al Estado, en donde tú vendes a determinada institución, yo vendo a la otra o cuando, por ejemplo, deciden que se presente un grupo de empresas y al final se retiran sorpresivamente para que quede una sola empresa. Todos esos son indicadores de prácticas colusorias”, explicó.
Llama a denunciar casos de prácticas anticompetitivas
La directora ejecutiva de Procompetencia afirmó que se mantiene vigilante para que situaciones como estas no afecten el mercado, y llamó a todo el que tenga conocimiento de malas prácticas anticompetitivas que las denuncie ante la institución que dirige.
Indicó que las denuncias de prácticas anticompetitivas se pueden hacer dirigiéndose personalmente a la institución o a través de la página web www.procompetencia.gob.do. Adicionalmente, dijo que tienen un buzón que permite hacer las denuncias de forma anónima, por lo que reiteró el llamado a la población en general, para que denuncie cualquier situación anti competitiva de la que tenga conocimiento.
Sobre Procompetencia
Vásquez Taveras explicó que Procompetencia es la entidad creada por la Ley 42-08 en defensa de la competencia, con la finalidad de promover y garantizar la competencia efectiva en los mercados de bienes y servicios, para crear beneficios y valor en favor de los consumidores y los usuarios en general.
Destacó el rol fundamental que juega en la economía y desarrollo del país en general, ya que vela porque los consumidores reciban bienes y servicios de mejor precio y calidad, a los fines de que se de en el mercado el libre juego de la oferta y la demanda. Además, busca que todos los agentes económicos compitan en el mercado en igualdad de condiciones entre los agentes económicos.
Al ser preguntada de la diferencia que tienen con Pro Consumidor, respondió que: “Nosotros observamos, vigilamos y procuramos que haya igualdad de condiciones entre los agentes económicos. Nuestra función va de cara al mercado. Y, obviamente, que haya eficiencia en el mercado eso impacta directamente en los consumidores y bienestar económico del país.
Dijo que la Dirección Ejecutiva de Procompetencia cuenta con un observatorio que se utiliza para monitorear y analizar el comportamiento del mercado. Además, indicó que se usa- hasta de oficio, si es necesario-, para a identificar situaciones de fallas en el mercado y encaminar los procesos que sean necesarios para corregirlas.
Sus órganos de dirección
La funcionaria explicó que en Procompetencia existen dos órganos de dirección: “Está el Consejo Directivo, que es el que tengo el honor de presidir y que es una especie de tribunal de la competencia, es la máxima autoridad a lo interno de la institución facultado para establecer sanciones, emitir los informes de abogacía de la competencia, reglamentar y diseñar políticas públicas, y, la Dirección Ejecutiva, que es una especie de fiscal de Procompetencia, es quien realiza las investigaciones y si tienen suficientes méritos, instruye los procesos y los somete ante el consejo directivo de la entidad”, detalla.
Por otra parte, al ser preguntada de los casos anteriores de cervezas y otros productos sobre la competencia insana, mercado único y el monopolio, declaró que esos casos terminaron con sanciones por abuso de posesión dominante y que hay otros procesos en donde han establecido sanciones por prácticas procesadas. Dijo que la sanción más reciente fue por entrega de información falsa a la dirección ejecutiva, órgano que ha sido apoderado de ciertas denuncias.
“Pero como existe doble grado de funciones no tenemos conocimiento de todos los procesos que tiene en sus manos la dirección ejecutiva. Lo que sí puedo decir es que la mayoría de los casos que tiene la dirección ejecutiva en este momento son de colusión (complicidad)», añadió.
Facultad sancionadora
En relación a la facultad que tiene Procompetencia para establecer sanciones, indicó que Procompetencia tiene facultad administrativa sancionadora y las multas van desde 30 salarios mínimo hasta 3 mil salarios mínimos.
Consideró que Procompetencia funciona como si fuese un tribunal, en donde la dirección ejecutiva es la encargada de someter los expedientes, el consejo directivo admite a trámite o no según los méritos y, si se admite a trámite, se inicia el proceso administrativo sancionador, se conocen audiencias, se presentan pruebas, incluyendo los peritajes y se establecen sanciones según la conducta o infracción de que se trate.
Sostuvo, además, que Procompetencia está facultada para conocer acciones anticompetitivas, prácticas concertadas o también llamado cartelización del mercado, la colusión (confabulación para afectar a un tercero) en las compras y contrataciones públicas, el abuso de posición dominante y la competencia desleal.
En este último caso, dijo que pueden hacer un llamado al cese de la conducta, ya que en la competencia desleal no pueden aplicar multas. Además, señaló que la colusión es la que tiene el rango de sanción más alto, desde 200 salarios mínimos a 3 mil salarios mínimos.
Detalló que Procompetencia suscribió un acuerdo con la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, por el cual se creó una mesa y un protocolo de trabajo para que fluya la información entre ambas instituciones.
Al preguntársele de si en sentido general se podría decir que en el país existe buena práctica de competitividad, respondió que en la medida que se va dando el proceso de globalización y las empresas van incursionando en el mercado global, necesariamente las empresas deben cumplir con los estándares de libre competencia.
Incluso, afirmó que desde que asumió el cargo ha trabajado arduamente en la creación de una cultura de libre y leal competencia, para lo cual han hecho acercamiento de academias, líderes empresariales y las Mipymes, sobre todo para precisar el la importancia del rol que juega Procompetencia, para que se produzca el libre juego en el mercado y los beneficios que obtienen los consumidores.
Señaló que, en este sentido, están trabajando para que se inserte el Derecho de la Competencia como una asignatura obligatoria en todas las universidades de la República Dominicana. Indicó, además, que a la fecha solo una universidad la tiene como asignatura obligatoria y dos de forma optativa. Asimismo, dijo que están creando conciencia en el empresariado dominicano, debido a que muchas prácticas se dan porque los infractores desconocen que determinadas conductas afectan la libre competencia.
Manifestó que, en su condición de maestra, cree en la educación es un paso que debe darse y que la sanción cuando se desacatan los procesos son aspectos importantes para resolver el problema. Sin embargo, aclaró que Perocompetencia no persigue ni sanciona a agentes económicos, sino que “sancionamos prácticas anti competitivas.
En ese sentido, manifestó que Procompetencia es un aliado del que actúa con buena fe comercial y respeta las reglas de juego, porque su rol es que se pueda ejercer el derecho a la libre empresa establecido en la Constitución de la República.
El monopolio
En relación al problema del monopolio que mantienen algunas empresas, aclaró que la Ley 42-08 sanciona el abuso de posesión dominante, no la posesión dominante propiamente dicha.
“Incluso, esta puede darse de manera natural, porque los agentes económicos invierten en innovar y producir. Por tanto, lo que se sanciona es el abuso que hacen los agentes con la posesión dominante que tienen, cuando, por ejemplo, imponen a otros distribuidores que no pueden vender otros productos que no sean los suyos o cuando atan la venta de sus productos para que les compren otros productos que producen y que no son conocidos en el mercado. Lo que se sanciona desde Procompetencia es justamente esas malas prácticas”, expuso.
Destacó la función que desempeña el departamento de abogacía de la institución, ya que se encarga de preparar los informes sobre las normas, resoluciones y reglamentos que se encuentran en curso, ya sea en el Congreso Nacional, en el Poder Ejecutivo o en los sectores regulados.
Mientras que la función de Promoción tiene el deber de educar a los agentes económicos y la población en general sobre el rol de la institución, de las prácticas anti competitivas y la forma en que estas se pueden denunciar.
