El presidente Luis Abinader promulgó este lunes la Ley 47-25 sobre Compras y Contrataciones Públicas, una normativa que redefine el manejo de los recursos estatales con criterios de transparencia, eficiencia e inclusión socia
Durante un acto celebrado en la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), el mandatario afirmó que la nueva legislación representa un paso decisivo para garantizar que cada peso del presupuesto público se administre con responsabilidad y se invierta en beneficio de la ciudadanía.
La normativa establece principios como la trazabilidad, integridad, participación y sostenibilidad en todos los procesos de adquisición del Estado. Además, fortalece el rol rector de la DGCP y crea el Sistema Nacional de Contrataciones Públicas, que permitirá monitorear en tiempo real todas las compras gubernamentales.
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Aspectos más destacados
Uno de los aspectos más destacados es la inclusión de nuevas modalidades de contratación, como convenios, marco y licitaciones abreviadas. También se establece la obligatoriedad de planificar las adquisiciones de forma coherente con el presupuesto y las metas de desarrollo del país.
La ley contempla además un régimen de sanciones más riguroso y prohíbe que personas inhabilitadas por corrupción participen nuevamente en procesos de compras estatales. Igualmente, destina un 30 % del presupuesto de contrataciones a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), con énfasis en aquellas lideradas por mujeres.
En ese contexto, fue presentada la plataforma digital EficomprasRD, que permitirá realizar compras menores con mayor agilidad y transparencia. Abinader subrayó que la promulgación de esta ley responde al compromiso de su gobierno con una gestión pública más moderna, abierta y equitativa.
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A través del nuevo marco legal, el Estado dominicano busca reducir los riesgos de discrecionalidad y corrupción en las contrataciones, al tiempo que impulsa la eficiencia en el uso de los recursos públicos. Con herramientas tecnológicas y mecanismos de control automatizados, se espera una mejora sustancial en la calidad del gasto.
Principales transformaciones en la nueva Ley de Contrataciones Públicas
- La renovada legislación sobre contrataciones públicas introduce una serie de reformas estructurales orientadas a modernizar, transparentar y hacer más inclusivo el sistema. Según lo señalado por el titular de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), estos son los principales cambios:
- Fortalecimiento institucional y claridad en las funciones: Se redefine la arquitectura del sistema, robusteciendo al órgano rector y estableciendo de forma precisa las atribuciones de cada entidad involucrada en los procesos de compra pública.
- Planificación como pilar fundamental: Ahora, la planificación adquiere un rol protagónico y obligatorio, articulando los presupuestos públicos con las oportunidades de contratación, todo ello en línea con los objetivos de desarrollo nacional.
- Creación del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas: Este nuevo sistema tendrá como base la interoperabilidad entre plataformas, un enfoque completamente digital y herramientas que permitan el seguimiento y la trazabilidad en tiempo real de los procesos.
- Nuevas modalidades para contratar: Se introducen procedimientos más ágiles y adaptativos, como las contrataciones por innovación, los convenios marco, licitaciones abreviadas y mecanismos dinámicos de adquisición, que buscan aumentar la eficiencia y reducir la burocracia.
- Endurecimiento del régimen de sanciones: Se refuerza el marco de inhabilitaciones, de modo que personas o empresas vinculadas a actos de corrupción o incumplimientos no puedan volver a contratar con el Estado.
- Impulso a la inclusión y la sostenibilidad: La normativa incorpora disposiciones para incentivar la participación de micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), proveedoras lideradas por mujeres, actores locales y aquellos que ofrezcan productos sostenibles.
- Uso estratégico de la tecnología y los datos: Se incorpora el análisis de datos como herramienta clave, incluyendo sistemas de alerta temprana y tecnologías orientadas a la supervisión preventiva y a la gestión de riesgos.
- Mayor participación ciudadana: La nueva ley institucionaliza mecanismos de control social y abre canales para que la ciudadanía ejerza su rol de veeduría, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas.
- Profesionalización obligatoria del personal público: Se establece un régimen de formación continua y obligatoria para los actores del sistema, asegurando competencias técnicas y el respeto a los principios de legalidad, ética y eficiencia en cada etapa del proceso.
