A pocas horas de conocerse el dispositivo de la decisión de las tres juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) destacó que la decisión judicial, que dispuso descargos para varias personas, incluyendo dirigentes del PLD demuestra que nunca existió la alegada “estructura criminal”. La misma que por más de cinco años fue presentada por el Ministerio Público como vinculada al partido.
La organización política explicó en su documento enviado a este medio que: “Este fallo ratifica que la acusación en contra de nuestros compañeros carecía de sustento probatorio real y que se intentó vincular, de manera infundada, a una organización política con actos ajenos a su naturaleza y a su práctica institucional”, ha señalado la declaración.
El partido opositor recordó que, durante todo el proceso, el órgano acusador desconoció garantías fundamentales y afectó reputaciones. Además, utilizó filtraciones y declaraciones sin sustento para construir una narrativa política, amplificada por algunos medios de comunicación.
“La justicia no se construye con titulares, sino con pruebas; este caso ha evidenciado que las imputaciones carecían de la base legal y probatoria necesaria”, afirma el documento.
PLD entiende caso de corrupción se armó para perseguir a figuras políticas
Asimismo, la organización política criticó que el Ministerio Público incluyera en el expediente a personas que, por las pruebas disponibles, debieron resultar excluidas desde el inicio.
“No bastaba con investigar a uno o dos acusados puntuales; aquí se armó un caso para perseguir a figuras políticas y dar apariencia de una red criminal inexistente”.
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Para el PLD, la sentencia es también una clara demostración de cómo, durante cinco años, se intentó sustituir el debido proceso. Esto por campañas de descrédito orquestadas desde el poder político.
“No se trató de un proceso judicial serio, sino de un esfuerzo deliberado por utilizar al Ministerio Público como herramienta de persecución política, con características propias del lawfare (Judicialización de la Política), que durante mucho tiempo denunciamos”, sostiene la nota.
El Partido de la Liberación Dominicana resaltó que esta práctica erosiona la confianza ciudadana en las instituciones y debilita la democracia. Además, distorsiona la lucha legítima contra la corrupción, convirtiéndola en un instrumento de venganza y manipulación política.
“El PLD reiteró su compromiso con la verdad, la legalidad y la defensa de las libertades públicas, y permanecerá vigilante ante cualquier intento de socavar la independencia judicial o criminalizar, la acción política legítima en la República Dominicana”, concluye la declaración.