La justicia dio este lunes uno de los golpes más contundentes en un caso de presunta corrupción que habría afectado recursos destinados a pacientes con cáncer en el país, y envió a presión dos de los tres involucrados en la operación Onco14.
La jueza Sthephanie Reyes, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, impuso 18 meses de prisión preventiva contra Héctor Antonio Lora Cruceta y Luisa Yasiris Guzmán de Lora, además de declarar complejo el proceso correspondiente a la Operación Onco14, que investiga un supuesto entramado de corrupción en el Instituto Oncológico Regional del Cibao.
En la misma decisión, la magistrada dictó arresto domiciliario contra Dilcia Isabel Vargas Sánchez. Esto, luego de que el Ministerio Público variara su pedimento tras valorar su disposición de colaborar con las investigaciones.
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La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Mirna Ortiz, aseguró que el tribunal acogió en su totalidad los argumentos del Ministerio Público y reconoció la fortaleza de las pruebas presentadas.
Operación Onco14
En representación del Estado dominicano y del Seguro Nacional de Salud, Manuel Conde, del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público, afirmaron que la decisión envía un mensaje contundente contra quienes utilicen recursos públicos destinados a la salud
Por su parte, el abogado Ricardo Reina, representante de Dilcia Isabel Vargas Sánchez, confirmó que su clienta continuará colaborando con el Ministerio Público. Indicó que aportará información sobre las operaciones financieras del centro médico.
Mientras tanto, la defensa de Luisa Yasiris Guzmán de Lora, encabezada por el abogado Pantaleón Mieses, anunció que apelará la prisión preventiva. Considera que su clienta no participó directamente en la administración del Instituto Oncológico Regional del Cibao.
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En la misma línea, Juan Francisco Rodríguez Consoró, abogado de Héctor Antonio Lora Cruceta, calificó la medida como desproporcionad. Adelantó que recurrirá la decisión tan pronto reciba la resolución íntegra del tribunal.
De acuerdo con la Pepca, la presunta estructura habría operado entre los años 2018 y 2025. La misma desvió recursos destinados a pacientes con cáncer mediante diversas maniobras fraudulentas.
El Ministerio Público sostiene que las investigaciones continúan abiertas y no descarta nuevos sometimientos en uno de los expedientes de corrupción más relevantes que actualmente se conocen en la jurisdicción de Santiago.
Por José Adriano Rodríguez