Olivo Rodríguez califica de “inconstitucional” reglamento de la JCE sobre encuestas

El abogado constitucionalista Olivo Rodríguez Huertas afirmó que el reglamento de la Junta Central Electoral que limita la publicación de encuestas internas y exige registro previo a las firmas encuestadoras presenta “serios vicios de inconstitucionalidad”.

El constitucionalista sostuvo que la Constitución dominicana protege la libre iniciativa privada y la libertad de empresa. Por ese motivo, ningún reglamento puede imponer restricciones no previstas por ley.

A su juicio, la única limitación legal vigente sobre encuestas electorales es la prohibición de divulgarlas durante los diez días previos a las elecciones, tal como dispone la legislación electoral.

El jurista ofreció dichas declaraciones durante una entrevista en el programa 55 Minutos con Julissa Céspedes el cual se transmite de lunes a viernes por CDN, canal 37, a las 10:00 PM.

“El reglamento tiene olor a violación constitucional”, expresó el jurista, al considerar que la JCE excede sus facultades regulatorias al establecer restricciones mediante una norma administrativa.

Rodríguez afirmó que el reglamento tendría altas probabilidades de ser anulado si alguien lo impugna ante el Tribunal Constitucional. Entre las razones, mencionó las limitaciones a derechos fundamentales y a actividades económicas deben imponerse mediante ley aprobada por el Congreso.

Rechazó las restricciones preventivas, pero planteó que deben fortalecerse los mecanismos de fiscalización y las sanciones contra encuestas sin rigor científico o manipuladas políticamente.

Críticas a ley sobre obras sin contratos formales

Durante la entrevista, Rodríguez arremetió con que la ley incluya listados de obras y acreedores sin establecer montos globales ni límites temporales claros. A su juicio, genera incertidumbre jurídica además de calificar la pieza como “el peor mamotreto jurídico de la historia dominicana”.

Según el jurista, la normativa genera incertidumbre jurídica. También podría comprometer recursos públicos sin una adecuada planificación ni criterios transparentes de igualdad para todos los posibles reclamantes.