El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, afirmó que la República Dominicana inicia una transformación profunda en la forma en que el Estado compra bienes y servicios, tras la entrada en vigencia de la nueva Ley de Contrataciones Públicas y su reglamento de aplicación.
Según explicó, el país deja atrás una normativa “vieja y obsoleta” que estuvo vigente por casi 20 años y da paso a un régimen moderno, alineado con estándares internacionales, orientado a fortalecer la transparencia, los controles y la eficiencia del gasto público.
Pimentel sostuvo que el nuevo marco legal no se limita a cambios de artículos, sino que crea un sistema completo que busca que las contrataciones públicas generen valor social, económico y productivo, contribuyendo al bienestar de la población y a la creación de empleos.
Estas declaraciones fueron ofrecidas durante una entrevista en el programa 55 Minutos con Julissa Céspedes, que se transmite de lunes a viernes por CDN, canal 37, a las 10:00 PM.
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El funcionario indicó que la implementación será gradual y acompañada de un amplio proceso de capacitación para servidores públicos y proveedores. De hecho, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) ya emitió una primera resolución con el cronograma de aplicación por fases.
Compras públicas con impacto económico, social y ambiental
Entre las novedades, destacó que las compras estatales dejarán de verse como un simple trámite administrativo para convertirse en una herramienta de desarrollo de “triple impacto”: económico, social y ambiental. La ley prioriza mayor participación de las mipymes, mipymes mujer, jóvenes emprendedores y pequeños productores agropecuarios.
Además, introduce el concepto de “valor por dinero”, de modo que las adjudicaciones no se basen solo en el precio más bajo, sino también en criterios de calidad, sostenibilidad e impacto social. Se incorporan modalidades modernas como acuerdos marco, compras por resultado y asociaciones para la innovación.
Pimentel subrayó que uno de los cambios más importantes es el fortalecimiento del sistema de consecuencias. A diferencia del régimen anterior, ahora existen sanciones administrativas y penales para funcionarios. Así como proveedores involucrados en corrupción, con penas que pueden alcanzar hasta 10 años de prisión, en coordinación con el nuevo Código Penal.
También se refuerzan los mecanismos preventivos. La DGCP podrá suspender procesos cuando detecte riesgos de irregularidades y deberá remitir al Ministerio Público cualquier indicio penal. Asimismo, se establece la profesionalización de las unidades de compras mediante una carrera especializada y mayores exigencias de debida diligencia para saber con quién contrata el Estado.
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Contrataciones directas y reglas claras en seguros
Sobre las contrataciones entre entidades públicas, explicó que están excluidas de licitación, por lo que pueden hacerse de forma directa entre instituciones del Estado. En el caso de los seguros, aclaró que los corredores no son contratados por la entidad pública, sino por las aseguradoras, por lo que no se genera conflicto de interés si esa intermediación la paga la compañía de seguros y no el ministerio contratante.
El director de Compras y Contrataciones reveló además que, a solicitud del Ministerio Público, han suspendido de forma preventiva más de 50 proveedores en los últimos meses. Incluyendo decenas vinculados al caso Senasa, para evitar que continúen contratando mientras enfrentan procesos judiciales.
Igualmente, informó que la institución detectó un posible “cartel” de empresas que actuaban coordinadamente en licitaciones. Principalmente en el sector alimentos, con indicios de colusión para fijar precios y desplazar competidores. Tras casi dos años de monitoreo, el caso se remitió al Ministerio Público por contener elementos de carácter penal.
Pimentel identificó como sectores de mayor riesgo las compras de alimentos, medicamentos, tecnología y construcción, donde se mantiene un monitoreo reforzado.
Finalmente, hizo un llamado a funcionarios y proveedores a estudiar la nueva ley. Informó que la DGCP ofrece cursos virtuales. También que universidades del país ya imparten diplomados y maestrías en contrataciones públicas, como parte del proceso de profesionalización del sistema.
A su juicio, no se logrará “cero corrupción”, pero sí se puede evitar la impunidad mediante instituciones fuertes, controles efectivos y sanciones ejemplares.