Santo Domingo. – El abogado Ángel Lockward, quien está involucrado en el caso por lavado de activos y desfalco al Estado por 19,000 millones de pesos en el entramado denominado operación Calamar, afirmó que, si pactó la entrega de bienes por 220 millones de pesos como parte de un acuerdo con las autoridades, fue para que sus clientes en este proceso puedan cobrar lo que el Estado les adeuda.
Al hablar en una entrevista exclusiva para el programa Reporte Especial con Julissa Céspedes, que se transmite todos los domingos por CDN Canal 37, Lockward aclaró que las implicaciones penales del acuerdo con el Ministerio Público todavía no se han determinado, porque el pacto no está suscrito, pero que su interés es resolver un problema humano y de justicia con sus clientes.
“Una conversación abierta que mis abogados llevaron con el Ministerio Público y a la que yo di aquiescencia. Dije que sí, que estaba bien, que yo estaba dispuesto a la devolución, porque te lo voy a poner en términos más simples. Si yo no hago eso, mis clientes no cobran, pero si mis clientes cobran, yo recupero una parte de lo que estoy teniendo que entregar”.
Ángel Lockward/ Abogado e involucrado en caso Calamar
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Explicó que el promedio de edad de sus clientes es de más de 75 años e incluso algunos han muerto durante esta investigación. Además, que ha ganado de esos clientes en este gobierno más de 3,000 millones de pesos en sentencias. Estas ordenan al Estado pagarles por propiedades que les quitó hace 50 y 60 años.
Manifestó que aun con la sentencia, el Estado no les paga y coloca a esos clientes con oposiciones a pago, proceso este que no tiene una fecha fija, que, aunque la ley dice que debe terminar en cuatro años, pero luego de eso continúan las apelaciones y revisiones jurisdiccionales que se hagan.
“Si yo no llegaba a ese acuerdo, esas gentes no iban a poder tener el levantamiento para iniciar el viacrucis en Hacienda del cobro para estas personas de unos dineros que el gobierno nunca quiere pagar, porque es un Estado delincuente, es un Estado que te quita tu propiedad, te la ocupa, no te la paga y al final cuando tú logras una sentencia, la desacatan”.
Ángel Lockward/ Abogado e involucrado en caso Calamar
Parte del expediente
Conforme al expediente en el caso Calamar, Lockward se encargaba de tramitar documentos y casos captados por otros miembros de la supuesta organización, prometiendo a los legítimos beneficiarios pagos prácticamente inmediatos, a cambio de sobornos.
Pero el experto en derecho administrativo se defendió de las acusaciones y señaló que actuó como abogado y por eso recibió pago de honorarios.
“Por eso el Ministerio Público ha establecido que mis clientes, que firmaban un acuerdo con los gestores para que yo no participara de la negociación, mis clientes pagaron a gestores, fondos que, según el Ministerio Público, fueron a manos de gentes de un partido político para la campaña. En esa parte yo no tengo absolutamente nada que ver”.
Ángel Lockward/ Abogado e involucrado en caso Calamar
Lockward, según el Ministerio Público orquestaban un elaborado esquema de lavado de activos, utilizando prestanombres como Antonio Luján Mercedes Rijo, Agustín Mejía Ávila, Alejandro Antonio Constanzo Sosa e incluso su propio hijo, Ángel George Lockward Cruz, y se asoció junto a Emilio Rivas, Belkis Tejada, Claudio Silver, Fernando Crisóstomo y Álvaro Crisóstomo.
Igualmente, negó haber usado el sistema bancario nacional para lavar dinero y que solo en el 2020 en la amnistía pagó 14 millones de pesos.
“Entonces yo algo tendré que admitirle, porque el Ministerio Público, aunque sepa que soy inocente, si devuelvo dinero, necesita una justificación penal. Es lo que mis abogados me han dicho. Mis abogados discutirán cómo se resuelve eso y a eso yo no me puedo referir porque eso no ha ocurrido”.
Ángel Lockward/ Abogado e involucrado en caso Calamar
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Nueva acusación
Asimismo, Lockward acusó al Ministerio Público de quedar prisionero de su narrativa o de la enorme cantidad de trabajo que tiene, y por eso cuando ensamblan los documentos de las acusaciones se les van yerros. Citó de ejemplo una información que daba cuenta de que él había realizado operaciones inmobiliarias en marzo del 2023 en Azua, pero que eso no es cierto.
Sostuvo que compró esa tierra en el 2000, pero que esa propiedad se empezó a deslindar en el 2005 y le entregó al Ministerio Público los títulos que estaban vigentes antes de la Ley 108-05 de Registro Inmobiliario. Dijo que, conforme a este reglamento, esos títulos se sustituyeron con matrículas nuevas en su formato.
“Yo le he entregado mi título original del formato viejo, que dice ahí que están deslindados desde el año 2006. No hay que ser experto en derecho inmobiliario para saber que si yo lo deslinde en el año 2006 era porque lo tenía antes o mucho antes de ese año”.
Ángel Lockward/ Abogado e involucrado en caso Calamar
Más sobre el acuerdo
Lockward precisó que está en discusión de ese acuerdo, el cual se mantiene en una etapa de carácter confidencial. Además, espera que tras ese depósito financiero se vayan liberando a sus clientes las oposiciones que tienen para poder cobrar.
Indicó que comprende la realidad del pacto con el Ministerio Público, el cual cree que debió concretarse en diciembre de 2023. Pero entiende que las autoridades por el momento tienen otras prioridades.
“Yo te diría, quisiera hablar con el Ministerio Público esta semana que viene. Sí, pero eso no depende de mí, depende de ellos. Ah, pero esta semana que viene ellos tienen la discusión de los acuerdos de sus testigos. ¿Y tú crees que tienen cabeza para sentarse a hablar conmigo, que yo soy una prioridad en este momento? No, tienen esa otra prioridad”.
Ángel Lockward/ Abogado e involucrado en caso Calamar
El acuerdo contiene dos documentos: el financiero, que fue firmado en diciembre pasado; y el de admisión de culpa, que aún no se ha firmado.
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El sistema judicial
Ante la situación, Lockwward dijo sentir una sensación permanente de la indefensión absoluta, porque en el sistema judicial “te destruyen antes de llegar al juez”.
Lamentó que en el citado caso descubrió que el sistema no funciona y que las garantías jurisdiccionales no existen.
“Nada se parece más a Jesucristo cargando la Cruz con todo el mundo bombeándole, porque él no se podía defender. Era latigazos llevando la Cruz, le tiraban piedras, le tiraban lo que fuera, le voceaban y quien lo oía. Aquí con las redes nadie tiene voz, porque lo primero cuando te acusan que se pierde es el sentido de la razón. Lo segundo que muere es la justicia. A partir de ahí ya tú estás condenado. Y si te exoneran de culpa dentro de cinco años, porque el juez estime que no había procedencia en la imputación, ya nadie te recupera, ya estás destruido”.
Ángel Lockward/ Abogado e involucrado en caso Calamar
Caso Calamar
En un expediente de más de 3,500 páginas, el Ministerio Público ha documentado lo que califica como la operación Calamar. Se trata de una maniobra de lavado de activos y desfalco al Estado, cuyo monto asciende a 19,000 millones de pesos.
En el oscuro entramado de corrupción, la presunta estructura criminal operaba dentro del Ministerio de Hacienda y era dirigida por exministro Donald Guerrero.
Esta presunta telaraña de engaños, según el Ministerio Público, se tejía mediante cesiones de créditos fraudulentas, documentos falsos firmados por personas fallecidas y una determinación imprecisa de herederos, para desviar fondos hacia la supuesta estructura criminal.
