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La Procuraduría Anticorrupción presentó este miércoles formal acusación contra 46 personas y 12 empresas vinculadas a un desfalco contra el Estado de más de 21 mil millones pesos, develado mediante la operación Calamar.
La lista la encabezan los exministros del gobierno de Danilo Medina, Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo.
También están acusados de supuesta corrupción el exsenador y aspirante a la misma posición por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en Azua, Rafael Calderón y el abogado Ángel Lockward.
Acusados en el entramado de corrupción desvelado por la operación calamar
Además de los exministros Donald Guerrero, de Hacienda; José Ramón Peralta, Administrativo de la Presidencia, y Gonzalo Castillo, de Obras Públicas, los fiscales también incluyeron a Julián Omar Fernández, Princesa García Medina y a Oscar Arturo Chalas. También, a Rafael Parmenio Rodríguez, Omar Manuel Miqui, Rosa Arias, Agustín Mejía Ávila y Marino Enrique Cabrera.
Según el expediente depositado por la PEPCA, los cabecillas del alegado holding criminal obligaron al empresario MustafaA.Abu Naba´A para firmar un contrato de sociedad. Esto para tomar partida por venta de AC-30 al Ministerio de Obras Públicas.
En su narrativa de los hechos de corrupción, el órgano persecutor le atribuye un papel específico. Cada uno de los mencionados son tanto personas como empresas.
Más sobre el Caso Calamar
En los allanamientos, al encartado en la Operación Calamar, Julián Omar Fernández Figueroa, exdirector de Casinos y Juegos de Azar, se incautaron de múltiples contratos para las instalaciones de máquinas tragamonedas. Realizado con los principales consorcios de bancas deportivas, en fecha posterior a cuando cesó en el cargo, en el 2020.
Además, le fue retenida una exquisita colección de relojes lujosos, de las más afamadas marcas a nivel internacional.
Durante el allanamiento realizado por el Ministerio Público a la residencia del imputado Óscar Arturo Chalas Guerrero, se le ocupó diversos elementos. Entre los que se destacan un organigrama de “cuotas sociales” de bancas de lotería y de sus propietarios de bancas, así como otras pruebas importantes.
En la acusación, solicitan a la jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, enviar a juicio de fondo a los acusados.
Por Rafael Lara
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