Santo Domingo. En la última década, varios casos de homicidio y asesinato han sacudido a la República Dominicana, no solo por la gravedad de los hechos, sino también por el impacto que tuvieron en el sistema judicial y en la opinión pública. Procesos como los de Emely Peguero, Orlando Jorge Mera, David de los Santos, Víctor Erarte y la pareja de La Guáyiga marcaron precedentes en la forma en que los tribunales abordaron estos crímenes y reforzaron el debate sobre la aplicación de la justicia.
Cada uno de estos expedientes generó una amplia cobertura mediática, movilizaciones ciudadanas y llamados a fortalecer las políticas de prevención de la violencia, además de evidenciar la importancia de una correcta calificación jurídica de los hechos para determinar las sanciones correspondientes.
Emely Peguero, un caso que impulsó el reclamo de justicia
El asesinato de Emely Peguero, una adolescente de 16 años con cinco meses de embarazo, se convirtió en uno de los casos más emblemáticos del país. La joven desapareció el 27 de agosto de 2017 en San Francisco de Macorís y, nueve días después, su cuerpo fue encontrado con evidencias de un aborto forzado y un severo traumatismo craneal.
Tras el proceso judicial, Marlon Martínez fue condenado a 30 años de prisión como responsable del crimen. La sentencia fue considerada un referente en la lucha contra la violencia de género y fortaleció el reclamo social por una mayor protección de mujeres y adolescentes.
El asesinato de Orlando Jorge Mera
Otro de los procesos que marcó la historia judicial reciente fue el asesinato del entonces ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, ocurrido el 6 de junio de 2022 dentro de su despacho.
Las investigaciones del Ministerio Público establecieron que Fausto Miguel Cruz de la Mota, conocido como «Carandai», planificó el crimen luego de que el funcionario rechazara otorgarle permisos relacionados con la exportación de baterías usadas mediante la empresa Aurum Gavia, S. A.
El tribunal lo condenó a 30 años de prisión y al pago de una indemnización a favor de los familiares de la víctima. El caso abrió un amplio debate sobre la violencia en los espacios institucionales y la necesidad de reforzar la seguridad de los funcionarios públicos.
David de los Santos y las denuncias de abuso policial
La muerte de David de los Santos Correa generó una fuerte reacción social al poner en evidencia denuncias sobre abusos dentro de los destacamentos policiales.
El joven lo detuvieron el 27 de abril de 2022 tras un incidente en Ágora Mall y falleció días después como consecuencia de las agresiones sufridas durante su permanencia bajo custodia.
El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a 30 años de prisión a Santiago Mateo Victoriano, Michael Pérez Ramos y Jean Carlos Martínez Peña por tortura y barbarie. Además, el segundo teniente Germán García de la Cruz y el cabo Alfonso Decena Hernández recibieron condenas de 15 años por omisión.
La decisión judicial impulsó nuevas discusiones sobre la reforma policial y la protección de los derechos humanos en los centros de detención.
El crimen del folclorista Víctor Erarte
La muerte del reconocido folclorista Víctor Daniel Erarte, conocido como «Vitico», también tuvo un profundo impacto en la sociedad dominicana.
El artista lo encontraron sin vida el 30 de octubre de 2022 en su residencia de Santiago, con evidentes signos de violencia.
Durante el juicio, el Tercer Tribunal Colegiado de Santiago declaró culpable de homicidio voluntario al ciudadano haitiano Yakime Michel, alias «Yunior», tras comprobar que estranguló. Además golpeó al gestor cultural dentro de su vivienda.
La pareja de La Guáyiga
El asesinato de Luis Miguel Jáquez Rodríguez y Elizabeth Almarante Pacheco, residentes en La Guáyiga, conmocionó al país en enero de 2023.
Luego de varios días desaparecidos, ambos los hallaron sin vida en un caso que generó una intensa investigación por parte de las autoridades.
El Tercer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste condenó a Leonardo Alejandro Méndez Mójica y Dylan Alberto Ortiz a 30 años de prisión, mientras que José Alfredo Ventura Túpete recibió una pena de 15 años. Los condenados cumplen sus sentencias en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo.
El proceso volvió a colocar en el centro del debate la lucha contra la criminalidad organizada, la seguridad ciudadana y la necesidad de fortalecer los mecanismos de investigación criminal.
