Azua.– Una madre y su hija denunciaron el presunto intento de despojo de siete tareas de tierra ubicadas en el distrito municipal Proyecto 2-C, en la provincia de Azua, las cuales aseguran forman parte de una herencia familiar dejada por su padre.
Las denunciantes, Manuela Torres y Cleidy Torres, solicitaron la intervención de las autoridades competentes para investigar el caso y garantizar la protección de sus derechos sobre la propiedad.
Según explicó Manuela Torres, un hombre identificado como Amaury, quien es abogado, habría intentado apropiarse del terreno, actualmente sembrado de guineos. La mujer sostiene que la parcela pertenece legítimamente a su familia y que el conflicto surgió tras las acciones emprendidas por el señalado.
Por su parte, Cleidy Torres afirmó que el acusado habría desarrollado un presunto plan con el objetivo de convertirse en el único propietario del inmueble, situación que, según indicó, mantiene en incertidumbre a la familia.
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Preocupación
Las denunciantes también expresaron su preocupación al asegurar que el abogado actuaría con aparente confianza debido a presuntas influencias políticas, lo que, a su juicio, dificultaría que el caso lo atendian con la rapidez necesaria.
Ante esta situación, ambas hicieron un llamado a las autoridades judiciales. También a los organismos competentes para que investiguen la denuncia, esclarezcan los hechos y adopten las medidas correspondientes conforme a la ley.
De acuerdo con las denunciantes, no es la primera vez que el nombre de Amaury lo vinculan a controversias relacionadas con terrenos. Recordaron que hace más de un año, cuando se desempeñaba como jurídico de la oficina de titulación de Azua, agricultores del asentamiento agrícola El Lavador lo señalaron públicamente por una presunta invasión de tierras.
Hasta el momento, el abogado señalado no ha ofrecido una versión pública sobre las acusaciones realizadas por Manuela y Cleidy Torres. Mientras tanto, las denunciantes reiteraron su petición para que las autoridades investiguen el caso. También para que determinen las responsabilidades correspondientes, respetando el debido proceso y los derechos de todas las partes involucradas.
