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Juez se reserva fallo en caso por millonaria estafa inmobiliaria

Santo Domingo, RD. – El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional se reservó el fallo tras conocer la solicitud de medidas de coerción contra los acusados por la estafa inmobiliaria por más de 700 millones de pesos develada mediante la operación Nido.

El magistrado Rigoberto Sena, ofrecerá el fallo contra los siete acusados este jueves a las siete de la noche.

El Ministerio Público ratificó la solicitud de prisión preventiva contra el principal acusado Enmanuel Rivera Ledesma y otros imputados.

Se recuerda que los tipos penales presentados por el órgano acusador son: estafa, asociación de malhechores y lavado de activos.

El Ministerio Público solicitó arresto domiciliario contra Reilyn Arizmendi Rosario García, quien colabora con la investigación.

Esta misma medida pidió contra una hija de Emmanuel Rivera Ledesma, que apenas cumplió la mayoría de edad.

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Detalles de implicados en millonaria estafa inmobiliaria

La investigación del órgano persecutor, en la que se imputan a Emmanuel Rivera Ledesma, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, María Gabriela Rivera Pichardo, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, Reilin Arismendy Rosario García. Como también, otros acusados en los que están Mirna Catalina Rivera Ledesma, Juan Omar Rosario López y las personas jurídicas Inmobiliaria & Diseños Arquitectónicos, Indisarq y CRD Equipos Pesados, SRL, RNC. Se indica que la mayoría de los afectados son personas trabajadoras que con sacrificios aportaron importantes cantidades de dinero para adquirir una vivienda que nunca recibieron.

El Ministerio Público indicó que, a raíz de la investigación, el imputado Emmanuel Rivera Ledesma inició una serie de maniobras. Estos acontecimientos fueron con el objetivo de que las víctimas no se querellaran en su contra o retiraran las querellas ya presentadas.

También buscó que las víctimas le firmaran nuevos contratos e hicieran otras acciones tendentes a obstruir el proceso de investigación. Este hecho evidencia que el imputado y otros miembros de la red deben cumplir una medida de coerción que les impida destruir evidencias. En ese sentido, citaron que son una amenaza clara para las personas que engañaron.

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