La muerte de un chofer municipal en Santiago, atacado por una turba de motoconchistas tras un incidente de tránsito, no solo estremeció a la opinión pública: volvió a poner en primer plano una crisis que millones de dominicanos viven todos los días en calles, avenidas y esquinas tomadas por el desorden. Ocho personas fueron arrestadas por el caso.
La reacción de FINJUS fue inmediata y contundente. Su vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños Guzmán, sostuvo que el país debe asumir el problema de las motocicletas fuera de control como una emergencia de seguridad nacional, con operativos permanentes, sanciones y coordinación entre Policía, Procuraduría, INTRANT, DIGESETT y ayuntamientos.
Lea también
Cuando el tránsito se convierte en crisis
Los números ayudan a explicar la magnitud del fenómeno. La DGII registró 3,846,694 motocicletas al cierre de 2025, equivalentes al 57.9% del parque vehicular nacional. Es decir, la conversación ya no gira sobre un sector marginal del tránsito, sino sobre el principal actor de la movilidad motorizada del país.
La otra cara del problema es la mortalidad. Autoridades de Salud e INTRANT han advertido que más del 60% de las muertes por siniestros viales corresponde a usuarios de motocicletas, mientras la OPS ha señalado que cerca de dos tercios de las víctimas son motociclistas y que el impacto económico de esta crisis ronda 2.21% del PIB.
Ese contexto vuelve más incómodo el contraste político: aunque existe un decreto que declara la seguridad vial como asunto de alto interés nacional, la percepción ciudadana sigue siendo que las normas se incumplen con escaso castigo.
Texto completo de FINJUS
Motocicletas sin control: una emergencia nacional que requiere acción inmediata
La reciente muerte del conductor de camión recolector en Santiago, tras ser brutalmente agredido por una turba de motoristas, constituye un hecho que no puede ser tratado como un episodio aislado, sino como una manifestación de un problema estructural que desde hace años viene deteriorando la seguridad ciudadana.
Lo ocurrido revela con claridad una realidad cada vez más evidente. En amplios sectores del país, grupos de motoristas operan bajo una lógica de fuerza colectiva, intimidación y control territorial que desborda el marco de la simple informalidad del transporte y se aproxima peligrosamente a formas de actuación propias de estructuras mafiosas que desafían el orden público y la autoridad del Estado.
La permisividad institucional, la debilidad en la aplicación de la ley y la ausencia de voluntad política han permitido la consolidación de un sistema paralelo donde miles de motocicletas circulan sin regulación efectiva, sin fiscalización real y, en muchos casos, vinculadas a hechos delictivos, violencia callejera, ocupación arbitraria de espacios públicos y agresiones colectivas contra ciudadanos y autoridades.
El caso ocurrido en Santiago no solo expone un acto de barbarie, sino también la sensación de impunidad con la que estos grupos actúan, convencidos de que pueden desafiar la ley sin consecuencias. Resulta alarmante la frecuencia con que conductores de motocicletas infringen las normas de tránsito (violar la luz roja, circular por las aceras o en vía contraria, hacer maniobras, entre otras) generando un clima de incertidumbre y una creciente demanda social por la racionalización y el control efectivo de las vías públicas.
No se puede normalizar que el desorden y la violencia colectiva sustituyan el imperio de la ley. El transporte en motocicletas no puede seguir funcionando como un espacio de excepción permanente, inmune a controles, sanciones y responsabilidades.
El país exige una respuesta firme, extraordinaria y sostenida. Esta problemática no se puede seguir postergando. El gobierno debe asumir esta situación como un problema de seguridad nacional y declarar una intervención especial en materia de tránsito, seguridad vial y control territorial, articulando a la Policía Nacional, la Procuraduría General, el INTRANT, la DIGESETT, los ayuntamientos y demás órganos competentes.
Es necesario implementar operativos permanentes de sanción de motocicletas y conductores, retiro inmediato de unidades irregulares, persecución penal de agresiones colectivas y desmantelamiento de estructuras organizadas de violencia.
Asimismo, debe evaluarse la adopción de medidas excepcionales, incluyendo intervenciones especiales de control territorial y restricciones operativas que permitan restablecer el orden público donde la autoridad estatal ha sido desplazada por el miedo y la informalidad.
No se trata de criminalizar a conductores que trabajan honestamente, sino de enfrentar con voluntad a quienes han convertido ese sector en una plataforma de desorden, violencia e impunidad. La autoridad no puede seguir retrocediendo.
Cuando el Estado cede espacio frente a la violencia organizada, la seguridad y confianza institucional se ven vulneradas. Ha llegado el momento de poner límites claros y reafirmar que en una sociedad democrática nadie puede estar por encima de la ley.
Servio Tulio Castaños Guzmán
Vicepresidente Ejecutivo FINJUS
