El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servio Tulio Castaños Guzmán, remitió al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, un extenso análisis técnico sobre el Proyecto de Código Procesal Penal aprobado en el Senado y actualmente en estudio en la Cámara Baja.
El documento, elaborado por una comisión coordinada por el jurista Francisco Álvarez Martínez, examina la coherencia normativa, la calidad legislativa y la adecuación constitucional de las reformas propuestas.
Aunque el informe reconoce avances en la reorganización de algunos artículos, FINJUS advierte que varias modificaciones introducidas por el Senado suponen riesgos sustanciales para el debido proceso, el control jurisdiccional y las garantías del imputado y la víctima.
Entre los puntos más sensibles menciona los artículos relativos a rebeldía, plazos razonables, prisión preventiva, interceptaciones telefónicas y admisibilidad de la querella.
Puntos críticos señalados por FINJUS
Uno de los señalamientos más relevantes recae sobre el artículo 146, relativo al «plazo razonable». FINJUS sostiene que la nueva redacción sustituye reglas objetivas por criterios amplios y subjetivos, lo que podría generar discrecionalidad excesiva y choques con la jurisprudencia constitucional reciente.
Una preocupación similar surge en el artículo 151, donde la introducción de valoraciones sobre la «razonabilidad» de cada acto procesal podría debilitar el límite máximo de duración del proceso.
Otro eje crítico es la expansión del régimen de prisión preventiva en el artículo 238, que pasa de tres a ocho causales habilitantes. FINJUS advierte que esta ampliación podría erosionar la excepcionalidad de la medida y contradecir estándares constitucionales e interamericanos sobre la libertad personal.
Asimismo, cuestiona que el artículo 196 extienda el plazo de las interceptaciones de 60 a 90 días y permita renovaciones indefinidas sin motivación reforzada, lo que supone un retroceso en la protección de la intimidad.
Advertencias sobre garantías procesales
El informe también critica cambios al régimen de querellas (art. 273), donde se elimina el derecho a subsanar errores formales y la posibilidad de que el juez revise una inadmisión dictada por el Ministerio Público. Esto, según FINJUS, concentra un poder excesivo en el órgano acusador y afecta la tutela judicial efectiva.
Asimismo, el artículo 285 sobre archivo del caso mantiene las nueve causales vigentes, pero introduce flexibilizaciones que, en opinión del organismo, pueden afectar la seguridad jurídica: un archivo provisional ampliado a cuatro años, ausencia de control judicial efectivo y reducción de criterios para reabrir investigaciones.
Otros artículos cuestionados son los relativos a la rebeldía del imputado (101 y 102), la audiencia preliminar (303), el auto de apertura a juicio (308), la abstención del testigo (200) y los plazos procesales y prisión preventiva (377). En todos los casos, la organización sostiene que algunas reformas introducen regresiones, ambigüedades o riesgos de discrecionalidad judicial.
FINJUS destaca que el Tribunal Constitucional ha emitido criterios con efectos cuasinormativos sobre el proceso penal, por lo que el Congreso debe anticipar posibles tensiones y ajustar el texto a la doctrina vigente. Por ello pidió un espacio formal ante la Comisión que estudia el proyecto, con miras a presentar sus recomendaciones de manera institucional.
