Santo Domingo. – Un nuevo análisis presentado este martes advierte que el Proyecto de Presupuesto General del Estado 2026 mantiene el ciclo fiscal de improvisación, endeudamiento y desigualdad, al priorizar estabilidad macroeconómica sin impulsar reformas estructurales ni justicia tributaria.
La investigación, titulada “Un presupuesto sin pacto”, señala que República Dominicana continúa atrapada en un “bucle fiscal” caracterizado por ingresos estancados, gasto rígido y déficit constante. Según el estudio, esta dinámica limita la capacidad del Estado para garantizar derechos sociales y reducir brechas económicas.
La economista y autora del estudio, Rosa Cañete Alonso, afirmó que hablar de política fiscal es hablar de derechos, no solo de números. Sin embargo, indicó que el presupuesto vuelve a presentarse con una lógica técnica que no responde a interrogantes básicas: qué país se prioriza, quién paga más y quién recibe los beneficios.
“Un presupuesto sin un pacto fiscal poco puede hacer para fortalecer la legitimidad del Estado y convertirse en una herramienta de desarrollo”, afirmó.
El informe destaca que, desde 2020, los ingresos corrientes no alcanzan para cubrir los gastos corrientes. Con ello, el Estado ya no se endeuda para invertir, sino para sostener la operación diaria, una señal de deterioro fiscal sin precedentes recientes.
Gasto público fragmentado y nómina en crecimiento
El documento también cuestiona la estructura del gasto. También señalando que la calidad del uso de los recursos continúa afectada por rigideces administrativas, clientelismo y baja eficiencia.
Entre los puntos críticos se encuentra el crecimiento sostenido de la nómina estatal. Entre 2005 y 2025, el empleo público se triplicó y en 2026 representará el 5.53 % del PIB, equivalente al 34 % del presupuesto nacional.
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Cañete aclaró que el problema no es el tamaño del Estado, sino cómo crece y para qué:
“Un aparato estatal más grande no es negativo si mejora los servicios públicos. El problema surge cuando se expande por criterios políticos y no por necesidades institucionales.”
Concentración presupuestaria y falta de reforma institucional
El estudio revela que solo la Presidencia manejará RD$130,000 millones en 2026, superando el presupuesto combinado de 12 ministerios y la Procuraduría General de la República. Pese a que existe un decreto para reorganizar el sector social desde 2021, la reforma no se ha ejecutado.
Otro aspecto crítico señalado es el alto peso del servicio de la deuda: uno de cada cinco pesos del presupuesto 2026 será destinado al pago de compromisos financieros.
“Quienes sostienen el país con impuestos deben tener voz”
Durante la presentación, Ricardo González, del Movimiento por una Justicia Fiscal, criticó la falta de participación ciudadana en el proceso legislativo del presupuesto.
“No se han abierto vistas públicas. Un presupuesto sin pacto fiscal y sin participación social será más de lo mismo”, expresó.
El estudio enfatiza que la estructura tributaria dominicana recae principalmente en el consumo de los hogares, mientras que altos patrimonios y rentas aportan proporcionalmente menos. Según el análisis, las 100 mil personas más ricas concentran más ingresos que los ocho millones restantes, situando al país entre los de mayor desigualdad en América Latina.
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Llamado a un pacto fiscal justo y participativo
Las organizaciones que respaldan el documento reiteraron que cualquier reforma fiscal debe construirse con transparencia, participación social y enfoque redistributivo.
Para acceder al estudio completo, los interesados pueden consultar el documento disponible en el siguiente enlace: https://bit.ly/presupuestosinpacto