Santo Domingo, RD. – El consultor privado en temas de antilavado y financiamiento del terrorismo, Emerson Díaz Cabral, advirtió que las operaciones de blanqueo de capitales en la República Dominicana y la región se han vuelto más sofisticadas, utilizando negocios aparentemente lícitos, triangulación financiera y hasta criptomonedas para legitimar fondos ilícitos.
El especialista explicó que la Ley 155-17 es el marco normativo que regula estas operaciones en el país, elevando los umbrales para depósitos en efectivo de 10 mil a 15 mil dólares y estableciendo restricciones claras sobre el uso de dinero físico en transacciones como compra de vehículos, inmuebles, joyas o prendas. Díaz Cabral subrayó que estos límites buscan evitar que el efectivo se convierta en el principal vehículo de actividades criminales.
Durante una entrevista en el programa 55 Minutos con Julissa Céspedes, que se transmite de lunes a viernes por CDN, Canal 37, a las 10:00 de la noche, el experto detalló las prácticas más comunes en el lavado de activos, como la simulación de ingresos en negocios de alto flujo de efectivo, tales como estaciones de combustibles, bares, juegos de azar o car wash.
Señaló que en estos establecimientos se inflan las facturas o se sobredeclaran ventas con el fin de justificar depósitos bancarios aparentemente legítimos.
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Díaz Cabral explicó que la llamada “triangulación” es un mecanismo esencial en la detección del lavado. Este método permite rastrear de manera inversa los fondos: desde un banco de origen hasta su destinatario final, analizando transferencias, contratos y facturas. “Como dicen los americanos: follow the money.
El dinero siempre deja un rastro, aunque se intente ocultar”, afirmó.
El consultor también se refirió al papel de los testaferros o prestanombres, figuras utilizadas por organizaciones criminales y casos de corrupción administrativa para ocultar la verdadera propiedad de bienes. Destacó que con la reciente aprobación del Código Penal dominicano, el testaferrato ya está tipificado como delito, lo que permitirá perseguir con mayor rigor a quienes se presten a encubrir patrimonios ilícitos.
Otro aspecto clave de su intervención fue el rol de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), entidad adscrita al Ministerio de Hacienda, que recibe y procesa reportes de operaciones sospechosas enviados por bancos, dealers, inmobiliarias, casas de empeño y joyerías, todos considerados “sujetos obligados” por la ley. Según Díaz Cabral, la UAF recibe entre cinco mil y seis mil reportes anuales, que luego se convierten en inteligencia financiera compartida con el Ministerio Público para iniciar investigaciones formales.
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El especialista insistió en que, aunque muchos casos de lavado salen a la luz tras escándalos mediáticos, lo cierto es que la mayoría se detecta a través de alertas internas en las instituciones financieras. “Existen manuales de cumplimiento y señales de alerta propias de cada sector. Un dealer, una joyería o un banco tienen protocolos específicos para identificar operaciones sospechosas”, puntualizó.
En cuanto a los nuevos retos, Díaz Cabral mencionó el auge de las criptomonedas. Dijo que aunque no están reconocidas oficialmente en República Dominicana, ya circulan mediante cajeros automáticos y plataformas digitales. “Las criptos no son ni buenas ni malas, pero representan una realidad que debe ser regulada. La ley tiene más de ocho años y requiere adecuarse a los nuevos tiempos, donde proliferan negocios electrónicos, traders informales y estafas piramidales”, dijo.
Plantea adecuar la legislación dominicana a nuevas modalidades de blanqueo
Advirtió que el lavado de activos es un delito complejo. Que es difícil de probar y que muchas veces se cae en los tribunales por falta de pruebas técnicas. O por la poca especialización de algunos jueces en materia financiera. Por ello, sugirió la creación de tribunales especializados en delitos de lavado y extinción de dominio. Para que con esto puedan manejar el lenguaje técnico y valorar de manera adecuada las evidencias presentadas.
“Mientras exista delito, existirá lavado. El criminal siempre buscará la forma de disfrutar su dinero ilícito, y nuestro deber como sociedad es fortalecer los mecanismos de detección y prevención. No se trata de eliminar el fenómeno, sino de reducir su impacto y cerrar los espacios de impunidad”, concluyó Díaz Cabral.
