SANTO DOMINGO. La Dirección General de Migración (DGM) informa que el pasado martes 16 de diciembre se detuvo a la señora Belitza Quijada Castro, de nacionalidad venezolana, en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA), luego de que inspectores de migración detectaran su intento de entrar al país portando un carnet de permiso de trabajo temporal (TT-1) fraudulento.
Quijada Castro arribó en esa fecha al país, procedente de Venezuela vía Colombia, en el vuelo AV-250.
Una vez identificado el documento falso, se aplicó el protocolo migratorio correspondiente, que consiste en entrevistar al pasajero a través del personal de inteligencia migratoria. Posteriormente, se determinó su no admisión a territorio dominicano y se verificó que en su última entrada al país, el 25 de octubre de 2019, se excedió en el tiempo permitido para permanecer en la República Dominicana.
Al conocer sobre el caso, el director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, ARD., ordenó de inmediato la investigación correspondiente. La decisión se tomó en función de la denuncia presentada en las oficinas de la DGM por el señor Andrés Taveras, dominicano casado con la hija de Quijada Castro, también de nacionalidad venezolana. Según la denuncia, el documento falso es producto de una estafa de un individuo que se identificó como Gabriel Alejandro Rodríguez. El mencionado supuestamente se hizo pasar por colaborador de la institución para lucrarse ilícitamente.
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Luego de haber verificado la base de datos de la institución, la DGM afirma que Gabriel Alejandro Rodríguez ni es ni ha sido colaborador de la entidad. Asimismo, indicó que para la investigación se está colaborando con la Procuraduría Especializada en Trata y Tráfico. El objetivo es dar con su paradero, establecer responsabilidades y proceder con las sanciones legales correspondientes.
Ante los hechos, la Dirección General de Migración recuerda que los procesos migratorios son personales y que deben realizarse estrictamente por las vías oficiales. También exhorta a la ciudadanía a no utilizar intermediarios y a denunciar cualquier contacto sospechoso que pretenda gestionar documentos fuera del marco legal.