Santo Domingo. – Una comisión que representa a más de mil contratistas del sector construcción reclamó este miércoles al Ministerio de Educación (Minerd) el pago de una deuda que supera los RD$4,000 millones, correspondiente a trabajos de remozamiento correctivo realizados en centros educativos a nivel nacional.
Los contratistas explicaron que los contrataron en el año 2020, durante la gestión del entonces ministro de Educación, Roberto Fulcar, para ejecutar intervenciones de emergencia en escuelas como parte de las acciones implementadas tras la pandemia del COVID-19.
Según denunciaron, los trabajos los completaron utilizando recursos propios, pero gran parte de los pagos aún permanece pendiente.
Jorge Abinader Tolentino, vocero de los contratistas, indicó que la deuda acumulada afecta a más de mil suplidores. También constructores que participaron en el programa de remozamientos escolares.
Contratistas denuncian quiebras y procesos judiciales
Los representantes del sector aseguraron que muchos de los afectados han enfrentado la quiebra de sus negocios debido a la falta de pago por parte del Minerd. Además, señalaron que varios contratistas han sido demandados por acreedores, ya que asumieron los costos de materiales, mano de obra y ejecución de las obras sin recibir la compensación correspondiente.
Durante un encuentro con la prensa, los contratistas afirmaron que la incertidumbre financiera también ha generado problemas de salud. Además de estrés entre los afectados, quienes llevan varios años esperando una solución definitiva.
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De acuerdo con sus declaraciones, algunos han recibido pagos parciales, pero estos apenas representan alrededor del 40 % del monto adeudado en cada contrato.
Otorgan plazo de diez días al Ministerio de Educación
Tras sostener acercamientos con autoridades del Ministerio de Educación, la comisión informó que otorgó un plazo de diez días a la institución para iniciar el pago del saldo pendiente.
Los contratistas advirtieron que esperan una respuesta concreta dentro de ese período, debido a que la deuda afecta proyectos ejecutados en distintas provincias y municipios del país.
Las acreencias individuales oscilan entre RD$1 millón y más de RD$10 millones por contratista. Entre las localidades representadas figuran Villa Tapia, Bonao, Tamayo, Villa Altagracia, Maimón, Neiba, Jimaní y otras comunidades.
Los reclamantes reiteraron su disposición al diálogo, pero insistieron en que necesitan una solución inmediata para evitar que continúen agravándose las consecuencias económicas.
