Santo Domingo.- Continúan las reacciones de rechazo ante la designación de Carlos Pimentel como director ejecutivo de la Alianza Público-Privada. En adicción a su posición como director general de Compras y Contrataciones Públicas.
A este rechazo se suma el Consejo Nacional de Participación Ciudadana, que expresó su oposición a la reciente designación de Pimentel, argumentando que esta decisión enfrenta serias dudas sobre su legitimidad jurídica. Así como la conveniencia de que una sola persona asuma múltiples funciones que demandan alta dedicación y compromiso en áreas críticas como la transparencia y la institucionalidad.
La organización aclara que no cuestiona las intenciones del presidente al asignar este nuevo rol a Pimentel, ni las de él al aceptarlo. Sin embargo, advierte que la interpretación parcial de diversas disposiciones legales no sustenta adecuadamente la acumulación de cargos públicos.
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También la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), considera que la designación viola la ley y afecta sensiblemente la institucionalidad de la Administración Pública.
El literal 6 del artículo 19 de la Ley núm. 47-20 de Alianzas Público-Privadas no da margen de interpretación al establecer que uno de los requisitos que debe cumplir el director ejecutivo de Alianzas Público-Privadas. Que consiste en «no desempeñar ningún cargo o empleo de cualquier naturaleza con excepción de la actividad docente».
