Legisladores piden vetar Ley de Residuos Sólidos

Santo Domingo, R.D.-Aunque ya fue promulgada como ley, la nueva normativa sobre la gestión de Residuos Sólidos sigue generando amplias críticas. Estas provienen de distintos sectores productivos del país, incluyendo a legisladores que sugieren al Poder Ejecutivo observar la pieza debido a su impacto negativo.

Uno de los puntos más cuestionados son los aumentos en las tasas por el manejo de desechos. Esta medida ha recibido un rechazo contundente por parte del sector empresarial en relación con residuos sólidos. Especialmente, las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipimes) aseguran que serán las más golpeadas económicamente.

La falta de consenso con que salió la normativa del Congreso Nacional es evidente. Esto ocurre incluso entre legisladores. El diputado del PRD, Ramón Raposo, pidió al Ejecutivo devolver la ley al Congreso.

El legislador argumenta que favorece a los grandes empresarios, excluyendo a las Mipymes en la gestión de residuos sólidos. “Se le aumentan los impuestos en cerca de un 300, 400%, y además se promueve el monopolio en algunos sectores”, advirtió.

Debates legislativos

En esa misma línea, el vocero de la Fuerza del Pueblo, Rafael Castillo, recordó que su bancada presentó un informe disidente. Este informe se presentó durante los debates legislativos, señalando las debilidades estructurales del proyecto de residuos sólidos.

No obstante, el presidente de la comisión especial que estudió la pieza, el diputado Juan Medina, defendió la ley. Aseguró que fue ampliamente discutida y consensuada.

Por su parte, la Asociación Dominicana de Productores de Cemento Portland expresó su oposición al artículo 20 de la ley de residuos sólidos. Este artículo obliga a las cementeras a utilizar combustibles derivados de residuos nacionales. La organización calificó esta disposición como una violación al derecho a la libertad de empresa, consagrado en la Constitución dominicana.

A pesar de su entrada en vigor, el futuro de la Ley de Residuos Sólidos sigue en debate. Mientras tanto, aumenta la presión para que el Gobierno revise su contenido y escuche las voces. Estas voces reclaman equidad y sostenibilidad en su aplicación.