Santo Domingo.-Más de 1,000 personas han firmado una Carta Abierta dirigida al presidente Luis Abinader que alerta sobre los graves retrocesos en derechos humanos que implicaría la aprobación del nuevo Código Penal en la República Dominicana, en la versión actualmente aprobada por el Congreso Nacional.
El documento —firmado por activistas, profesionales, organizaciones sociales, académicos, periodistas, juristas y ciudadanos comprometidos— exige un marco legal que proteja efectivamente la vida, la dignidad y la justicia para todas las personas. Señalan especial atención para mujeres y niñas en situación de vulnerabilidad.
La carta señala con firmeza que este no es simplemente un cambio legislativo, sino una decisión de país que marcará el rumbo ético y social de la República Dominicana. En su contenido, identifica con claridad los aspectos más preocupantes del proyecto legislativo:
- Una tipificación limitada del feminicidio, que restringe su definición a solo tres circunstancias y deja sin reconocimiento cientos de casos de violencia letal contra mujeres.
- Barreras probatorias para la violencia intrafamiliar, que invisibilizan agresiones únicas, pero graves y contradicen los estándares internacionales de protección.
- Prescripción de delitos sexuales, incluso en casos de incesto o violación contra niñas, priorizando el silencio y la impunidad sobre la justicia.
- La criminalización absoluta del aborto, al excluir las tres causales mínimas (riesgo para la vida, inviabilidad fetal y violación/incesto). Esto expone a miles de mujeres y niñas a la muerte, la cárcel o el sufrimiento innecesario.
“Negar estas protecciones no es neutralidad: es legislar desde el privilegio y el desconocimiento de la realidad que viven muchas dominicanas”, advierte el documento.
Aborto inseguro es causas de muerte
La carta también recuerda que el aborto inseguro es la tercera causa de muerte materna en el país. Y que mantener un marco legal punitivo perpetúa un sistema que castiga a las víctimas y protege a los agresores.
El mensaje central es claro: sí a una reforma del Código Penal, pero no a costa de los derechos humanos.
La ciudadanía firmante hace un llamado al Presidente de la República a no promulgar una ley que ignora las voces de miles de personas, y a ejercer su facultad para devolver el proyecto al Congreso, con observaciones que corrijan los graves errores que atentan contra los derechos y la dignidad de las mujeres y niñas del país.
