La Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme) la cual está compuesta por más de 60 federaciones, asociaciones, cámaras de comercio y cooperativas. Rechaza de forma categórica la aprobación del Proyecto de Ley de Residuos Sólidos. Considera que esta normativa impone cargas desproporcionadas, inflexibles e injustas a las micro, pequeñas y medianas empresas. Además, no toma en cuenta su realidad económica ni capacidad de cumplimiento.
La ley establece un nuevo esquema de costos que multiplica entre 160% y 500% las tasas actuales (Ley 225-20), como evidencian los cuadros comparativos aprobados por el Senado y la Cámara de Diputados. Por ejemplo, los costos por manejo de residuos para negocios pequeños han pasado de RD$500 a RD$3,000. También, en escalas superiores se elevan hasta RD$675,000 sin justificación técnica ni gradualidad.
Resulta inaceptable que una ley con impactos económicos y operativos tan significativos haya sido aprobada sin un proceso real de consulta con el sector Mipymes. Este sector representa el 98% del aparato productivo nacional y genera millones de empleos formales e informales en todo el territorio.
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Obligaciones y sanciones
Esta legislación introduce obligaciones y sanciones que muchas Mipymes no podrán cumplir. No cuentan con los recursos técnicos ni financieros para adaptar sus procesos a los requerimientos establecidos. Por lo tanto, esto conllevará mayores niveles de informalidad, cierre de empresas y desempleo.
Las obligaciones, tasas y responsabilidades establecidas en el nuevo marco normativo imponen cargas adicionales desproporcionadas a las Mipymes. Muchas ya enfrentan serias limitaciones para cumplir con regulaciones previas, como las relacionadas con el régimen fiscal, laboral y medioambiental.
Esta legislación impone tarifas mínimas obligatorias por kilo de residuos. Esto representa un aumento desproporcionado de los costos logísticos para sectores como manufactura, comercio y alimentos, altamente generadores de residuos.
Más grave aún, esta ley viola abiertamente la Ley 488-08 en lo relativo a la clasificación empresarial. Aplica las mismas tarifas y obligaciones a las Mipymes que a grandes empresas. Así, desconoce la proporcionalidad y capacidad contributiva que deben regir en todo sistema normativo justo.
Codopyme considera inaceptable que una legislación de este alcance haya sido aprobada sin garantizar previamente un régimen de transición y mecanismos de asistencia técnica. Además, sin programas de financiamiento verde o incentivos que permitan una adaptación progresiva del sector Mipymes.
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Informalidad
Advertimos que la entrada en vigencia de esta ley, sin ajustes ni acompañamiento adecuado, puede traducirse en mayor informalidad y cierres de negocios. Esto provocaría pérdida de empleos y mayor desigualdad, en contraposición a los principios de sostenibilidad y desarrollo que supuestamente promueve.
Denunciamos además que las Mipymes, a pesar de ser el 98% del tejido empresarial y de los aportantes al sistema de gestión de residuos, no tienen ninguna representación en el Consejo de Manejo de Residuos. Esto constituye una exclusión institucional inadmisible y antidemocrática.
Codopyme considera que esta ley vulnera los principios de equidad regulatoria y desarrollo inclusivo. Establece un mismo marco para grandes empresas y para pequeños negocios, sin mecanismos diferenciados de transición ni políticas públicas de acompañamiento.
Frente a esta situación alarmante, Codopymes iniciará de inmediato los procesos legales correspondientes para declarar la inconstitucionalidad de esta ley. Así, promoverá un recurso de amparo a favor de las Mipymes dominicanas.
Asimismo, convocaremos una serie de consultas regionales con nuestros miembros, federaciones y asociaciones. Nuestro objetivo es construir una respuesta colectiva firme y estructurada, que nos permita accionar con todos los recursos institucionales y legales disponibles a nivel nacional e internacional.
Codopyme ratifica su compromiso de defender los derechos y la sostenibilidad del sector Mipymes. No permitirá que se sigan aprobando leyes sin consulta, sin representación y sin justicia.
